USA puso precio a Nicolás: $15 millones

El secretario de Justicia, William Barr, anunciando los cargos el 26 de marzo de 2020.

– POR DIOSDADO CABELLO,TAREK EL AISSAMI, HUGO CARVAJAL, Y CLIVER ALCALÁ OFRECEN US$ 10 MILLONES,

JUSTICIA DE EEUU PRESENTA CARGOS CONTRA MADURO Y CABELLO POR NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO

 

RAFAEL SALIDO / Voz de América .- Además de los cargos presentados por el departamento de Justicia, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que Washington ofrecerá una recompensa de 15 millones de dólares por información que posibilite la captura de Nicolás Maduro Moros

«El departamento de Justicia hace públicos los cargos presentados en la corte del distrito sur de Nueva York contra cuatro acusados, incluido Nicolás Maduro», anunció el secretario de Justicia, William Barr, durante una rueda de prensa virtual.

Los cargos contra la cúpula del gobierno en disputa de Venezuela denuncian, señaló Barr, que los acusados colaboraron con el grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para «inundar» a EE.UU. de cocaína, entre otros delitos.

«El régimen, además, permite a estos narcotraficantes el uso de rutas marítimas y les da refugio», acusó el secretario de Justicia.

Asimismo, Washington acusó a Maduro de dirigir el llamado cártel de los Flores y anunció que ofrecerá una recompensa de 15 millones de dólares por información que pueda llevar a su captura, algo que fue confirmado por el secretario del departamento de Estado, Mike Pompeo, en un mensaje de Twitter.

Secretary Pompeo

✔@SecPompeo

 

Today, the U.S. announced rewards to bring former Maduro regime officials responsible for international narcotics trafficking to justice. The people of #Venezuela deserve a transparent, responsible, representative government that serves the needs of the people.

Además de contra Maduro, los cargos judiciales, dados a conocer por el Fiscal General William Barr en una video conferencia, también incluyen a otros 13 altos funcionarios y del régimen

 

“Estimamos que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína fueron sacadas de Venezuela por estas rutas. Esas 250 toneladas métricas equivalen a 30 millones de dosis letales”, declaró el departamento.

Los otros acusados en Nueva York son: Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente; el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones y Hugo Carvajal, ex director de los servicios de contrainteligencia del Ejército venezolano, quien se encuentra en paradero desconocido desde que se dio a la fuga en España en noviembre del año pasado.

«Creo que los cargos hablan por sí solos; algunos son por narcotráfico, otros por lavado de dinero, todos por algún tipo de corruptela», sostuvo Barr.

Por estos cuatro asesores, la recompensa ofrecida por el gobierno estadounidense es de 10 millones de dólares, alegando que «mientras ostentaban cargos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaban la confianza del pueblo facilitando cargamentos de narcóticos desde Venezuela», detalló el departamento de Estado en un comunicado.

Por otro lado, el departamento de Justicia acusó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de facilitar el tránsito de narcotraficantes a través de Venezuela en dirección a Centroamérica. Lo hacía, apuntó un funcionario, a cambio de sobornos y en caso de que los narcotraficantes no pagaran, recurría a las Fuerzas Armadas para tomar represalias tales como «derribar aviones de los criminales».

Por último, la Fiscalía del estado de Florida presentó cargos contra el presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Maikel Moreno, por lavado de dinero. Además, acusó a Moreno de actuar en contra de los intereses estadounidenses a cambio de dinero con el que «mantener el tren de vida» que mantiene en este estado del sur del país, al «que viaja con frecuencia», aseguró una funcionaria del departamento de Justicia.

«Esto tiene que acabar», agregó dicha funcionaria.

Las autoridades estadounidenses, explicaron que los cargos se presentan tras más de diez años de investigaciones, y acusaron a Maduro de «beneficiarse económicamente» de su relación con las FARC.

El secretario de Justicia, William Barr, fue el encargado de anunciar los cargos durante una rueda de prensa telemática, celebrada el 26 de marzo de 2020.

 

Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados de:

(1) participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. Prisión.

(2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua.

(3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión.

(4) conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por el juez.

El jefe de la cartera de Justicia, dijo que los cargos no responden a motivaciones políticas y aseguró que su departamento no consultó en ningún momento con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y que tan solo notificó a la Casa Blanca su decisión.

Preguntado sobre si estas medidas son adecuadas en un momento en que el país petrolero atraviesa una doble crisis, tanto económica como sanitaria, debido a la pandemia del coronavirus, Barr sostuvo que Washington considera que «la mejor manera de ayudar al pueblo venezolano es ayudarle a librarse de estos corruptos».​

«Maduro y los otros cuatro acusados han traicionado al pueblo de Venezuela», apostilló Barr.

 

¿Qué significan los cargos contra Maduro?

El gobierno de Estados Unidos presentó el jueves cargos contra el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y contra varios de sus principales asesores por supuestos vínculos con el narcotráfico.

ALEJANDRA ARREDONDO / Voz de America ¿De qué se acusa a Maduro?

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a Maduro de:

  • Narcoterrorismo (pena mínima de 20 años y máxima cadena perpetua)
  • Importar cocaína a EE.UU. (pena mínima de 20 años y máxima de cadena perpetua)
  • Uso y posesión de armas y aparatos destructivos para facilitar el tráfico drogas (pena mínima de 30 años y máxima cadena perpetua)
  • Conspirar para usar y portar armas y aparatos destructivos para facilitar el narcotráfico (pena máxima cadena perpetua).

Los cargos nombran al presidente en disputa como “líder” del llamado Cártel de los Flores y lo señalan a él, junto con Cabello, Carvajal y Clíver Alcalá —exjefe militar— de llevar a cabo una red que corrupción gubernamental que “facilitó la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Según la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, donde se presentaron los cargos, Maduro negoció el envío de “toneladas” de cocaína producidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que proporcionó armas militares. También se le acusa de coordinar “asuntos exteriores” con Honduras y “otros países” para facilitar el tráfico de drogas en “gran escala”.

El fiscal lista a Cabello, Carvajal y Alcalá, los otros imputados, como “líderes” del Cártel de los Soles.

¿Qué precedentes existen?

La última vez que EE.UU. presentó cargos contra un jefe de Estado fue en 1988, contra el líder de facto panameño, Manuel Noriega por tráfico de drogas, lavado de dinero y sus relaciones con el cartel de Medellín. La acusación llevó eventualmente a su captura y encarcelamiento en EE.UU.

Sin embargo, EE.UU. no reconoce Maduro como presidente de Venezuela, en palabras del fiscal general William Barr, durante la conferencia de prensa anunciando los cargos: «No reconocemos a Maduro como presiente (…) pero esto ya pasó con Noriega, a quien tampoco reconocíamos».

Otros “altos” acusados:

– Vladimir Padrino López

En la nota del Departamento de Estado se asegura que esta acusación revelada hoy en el Distrito de Columbia acusa a Vladimir Padrino López, de 56 años, Ministro de Defensa de Venezuela.

La acusación formal alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.

Padrino López, quien tiene el rango de General en las fuerzas armadas venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aviones, muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos, sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central.

En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al ejército venezolano a obligar a la sospecha de tráfico de aviones a aterrizar o derribar el avión. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaran sobornos le permitieran transitar con seguridad el espacio aéreo venezolano.

El 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU incluyó a Padrino López en su lista de nacionales “especialmente designados”. De conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y generalmente se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones financieras con él.

La Oficina del Distrito de la DEA en Orlando dirigió la investigación, que contó con el apoyo del programa de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y la Oficina de Operaciones de Cumplimiento de la División Criminal. El subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando el caso.

– Presidente del tribunal Supremo chavista

Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela (chavista), fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

La queja alega, por ejemplo, que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de $ 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. De manera similar, la demanda alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el desestimación de cargos o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.

Según la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visa que ganaba el equivalente a aproximadamente $ 12,000 por año de su trabajo en Venezuela. De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los EE. UU. Muestran aproximadamente $ 3 millones en entradas a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Co-Conspirador 1, quien fue un ex abogado de defensa penal en Venezuela que actualmente controla una compañía de medios en Venezuela.

Como se establece en la demanda penal, los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que de 2012 a 2016, el acusado gastó aproximadamente $ 3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó aproximadamente $ 1 millón en un avión privado y un piloto privado, más de $ 600,000 en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbour , como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de $ 50,000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente $ 40,000 en pagos a un director de concurso de belleza venezolano.

La Oficina de Campo de Miami de HSI realizó la investigación. El fiscal federal adjunto Michael N. Berger, del Distrito Sur de Florida, está a cargo de la acusación.

– Tareck Zaidan El Aissami Maddah

Una acusación sustituta separada revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Tareck Zaidan El Aissami Maddah , de 45 años, vicepresidente de economía de Venezuela, Joselit Ramirez Camacho, de 33 años, superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip), y Samark Lopez Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con los esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.

La acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los Estados Unidos para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro después de organizarse elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige Cabello Rondón.

La Oficina de Campo de Nueva York de HSI realizó la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal Federal para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.

Otros individuos acusados en acusaciones separadas incluyen:

Luis Motta Domínguez , de 67 años, exministro de Energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado del producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con su presunto recibo de sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec. a empresas con sede en los Estados Unidos;

Néstor Reverol Torres , 55, exDirector General de La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela y Edylberto Jose Molina Molina , 57, ex Subdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela a Alemania, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York con la participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos;

Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, alias «Mauro» y «Ángel», 47, excapitán de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en una tercera acusación en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero. , 2004 y 1 de diciembre de 2009;

Rafael Antonio Villasana Fernández , de 48 años, exoficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009. Según el tribunal documentos, Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su importación final a los Estados Unidos;

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas , de 52 años, ex viceministro de Energía de Venezuela, fue acusado en una acusación de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes; y

Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, ex oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado en el Distrito de Arizona de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas. Supuestamente conspiró con otros, incluidos individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para pasar de contrabando de los Estados Unidos a los motores de aviones militares T-76 de Venezuela utilizados en los aviones OV-10 Bronco a personas en Venezuela y supuestamente hizo declaraciones falsas y engañosas sobre el envío y documentos de control de exportaciones para ocultar las actividades y transacciones prohibidas de la detección del gobierno de los Estados Unidos.

Una acusación formal es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

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