UE:“No hay condiciones” …

– MADURO HABLÓ CON BACHELET DE DD.HH. LUEGO DEL INFORME

LOS CRIMINALES QUE NOS GOBIERNAN…”

– SON 5 LOS INFORMES SOBRE MÁS VIOLACIONES A DD.HH.

CONSTITUCIÓN REBELDE; SOBERANO GOLPISTA – Mons. Ovidio Pérez Morales

 

Josep Borrell, el 21 de septiembre de 2020 en Bruselas

 

AFP.- La Unión Europea (UE) y parte de la oposición venezolana aumentaron las presiones sobre el gobierno de Venezuela para acordar un aplazamiento de varios meses en las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre, como forma de crear mejores condiciones políticas.

El alto representante de la UE para las Relaciones Exteriores, Josep Borrell, envió a dos diplomáticos a Caracas para mantener conversaciones con todos los actores del espectro político venezolano y sondear la posibilidad de un aplazamiento de unos seis meses.

La posición de la UE es que el envío de una misión de observación electoral, como había sido solicitada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sólo sería posible con más tiempo de preparación, y ello requiere que las elecciones sean postergadas al próximo año.

Los dos diplomáticos, informó la UE, conversaron con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y varios otros representantes de la oposición política, así como funcionarios del gobierno y dirigentes de la Conferencia Episcopal, la sociedad civil y el sector privado.

Esos contactos con figuras de la oposición venezolana incluyeron a Henrique Capriles, quien a diferencia de Guaidó considera que es necesario participar de las elecciones.

La misión enviada por Borrell retornó a Bruselas sin un compromiso explícito del gobierno de Venezuela sobre la posibilidad de postergar las elecciones por un plazo de seis meses.

Sin embargo, un funcionario diplomático de la UE dijo a periodistas en Bruselas que aguardarán un plazo de dos semanas por una respuesta del gobierno de Caracas.

De acuerdo con esa fuente, «si en un plazo de dos semanas no recibimos una respuesta, entenderemos que esa respuesta equivale a un ‘no'».

En una nota emitida en la noche del miércoles, el servicio diplomático de la UE insistió en que aún no están presentes las condiciones para el envío de una misión de observación electoral.

Sin la postergación de las elecciones y una mejora de las condiciones democráticas y electorales, la Unión Europea no puede considerar el envío de una misión de observación electoral» en Venezuela, indicó el servicio diplomático de la UE.

– Otro escenario –

Esta posición encontró un inesperado aliado en Capriles, quien se distanció de los sectores de la oposición venezolana que defienden el boicot a las elecciones, y sostiene que no se debe dejar ahora a los ciudadanos «sin opciones».

En declaraciones transmitidas en redes sociales, Capriles se sumó al pedido de que la elección sea aplazada.

Exigimos que sea postergada, por la pandemia, por la situación del país y para que la elección le sirva a Venezuela», expresó Capriles, para agregar que «no hay las condiciones en este momento, como bien lo dice la Unión Europea».

El diplomático europeo que habló con periodistas en Bruselas reveló que los integrantes de la misión que viajó a Caracas retornaron sin tener precisamente clara la postura de Guaidó, en encabeza la posición de boicot a las elecciones.

Estos comicios dejan a todas las partes ante una posición particularmente delicada.

La UE no reconoce el resultado de las elecciones que marcaron la reeleción de Maduro, en 2018, y solamente reconocen la autoridad de la Asamblea Nacional, conducida por Guaidó.

Pero en un escenario en que la conducción de la Asamblea cambie de manos por fuerza de estas elecciones, el liderazgo de Guaidó quedaría completamente diluido.

Para la fuente europea, si el gobierno venezolano organiza las elecciones el 6 de diciembre, la UE «no reconocerá ninguna institución, ni la Asamblea Nacional, ni la Suprema Corte».

 

ACNUDH, OEA, CDH-Ucab y AI: 5 informes

KAORU YONEKURA / El Estímulo .- No solo el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas reflejó la persistencia y la impunidad de violaciones de los derechos humanos a los venezolanos.

Un informe previo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya advertía los primeros hallazgos. Dos informes de la Organización de Estados Americanos reflejaron la situación precaria de los migrantes y retornados venezolanos. Otro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica “Andrés Bello” advirtió la situación de los Puntos de Atención Social Integral y, recientemente, el informe de Amnistía Internacional precisó las violaciones en los centros de cuarentena en Venezuela.

Todos los informes evidencian los daños a la dignidad que se siguen perpetrando y que, por inadvertidos o poco visibilizados, se vuelven normalidad en la nueva realidad.

Cuarenta y una recomendaciones es el total de estas publicaciones. Seguirlas es el reto que, aunque crítico, debe tener todos los esfuerzos para garantizar el libre goce y ejercicio de los derechos humanos de cada uno de los venezolanos.

  1. Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el 15 de julio de 2020 describe la situación general de los derechos humanos en Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020.

En cuanto a la independencia del sistema judicial, el informe señaló la identificación de “varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial”: inseguridad en la titularidad de los jueces, inexistencia de un proceso transparente para su designación, destitución sin debido proceso, presión e interferencia política ejercida sobre ellos, así como restricciones a la libertad sindical y precarias condiciones de trabajo.

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, con Nicolás Maduro / AFP

El texto, además, advirtió la violación de los derechos humanos a los familiares de las víctimas de la represión ante los obstáculos para el acceso a la justicia.

En cuanto a las violaciones de los derechos económicos y sociales, la publicación precisó la falta de respuestas oportunas y adecuadas, ausencia de acceso a información pública esencial, así como de procesos judiciales y medidas de protección efectivas centradas en la defensa de las víctimas. El mismo escenario fue encontrado en las investigaciones de casos relativos a violencia sexual y de género.

Paralelamente, el ACNUDH halló insuficiente la organización y regularización de la actividad minera en el Arco Minero del Orinoco (AMO).

Además de vulnerar el derecho fundamental de los pueblos indígenas, la expansión de la minería, evidenció un patrón de explotación laboral de los mineros, trabajo infantil, control de actividades mineras por grupos criminales y armados, y participación de las fuerzas de seguridad en algunos incidentes violentos. Las denuncias por trata de personas y prostitución forzada se encuentran en verificación.

Mina de El Callao. Foto: Cortesía El Carabobeño

Veintiún recomendaciones bajo un enfoque basado en los derechos humanos son los llamamientos al gobierno venezolano.

  1. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos

El informe de la Oficina de la Secretaría General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos publicado en julio de 2020 arrojó la cifra actual: 17% de la población venezolana ha huido del país, es decir, 5.2 millones de venezolanos, a razón de 5.000 diarios. Esto por cinco factores: crisis humanitaria, colapso económico, violación de derechos humanos, colapso de los servicios públicos y violencia generalizada.

El dato fue puesto en el contexto global y resulta aún más alarmante: el flujo de migrantes y refugiados venezolanos solo es superado por Siria tras sus ocho años de guerra. Sin embargo, en los países receptores de venezolanos, las ayudas recibidas son menores a $300 per cápita, lo cual refleja que un venezolano vale veinte veces menos que un sirio.

La publicación mostró, además, la ruta terrestre emprendida por los caminantes a lo largo del continente suramericano con referencias comparativas en distancias europeas y estadounidenses.

Los migrantes avanzan a pie por varios países andinos / Foto de archivo AP

El pronóstico advertido: “De no haber una solución política, económica y social al corto plazo, se estima que en 2020 habrá más refugiados venezolanos que sirios”.

  1. El espejismo del retorno. Violaciones a los derechos humanos de los retornados a Venezuela durante la pandemia de covid-19

El segundo informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica “Andrés Bello” publicado en agosto de 2020 fue uno de los primeros en advertir el drama de los retornados en medio de la crisis humanitaria compleja de Venezuela de la cual huyeron.

El texto es un seguimiento de campo minucioso concentrado en las experiencias y en la deficiencia de los Puntos de Atención Social Integral (Pasi). Dicho seguimiento fue realizado en alianza con el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Así mismo, la publicación presentó un análisis de las razones y expectativas de los retornados frente a los procesos sin medidas que garanticen el disfrute de sus derechos en el marco de la emergencia sanitaria y de los tratados de derechos humanos, civiles y políticos.

Entre las reflexiones finales destaca la perspectiva del flujo de venezolanos: “no solo volverán a salir los retornados, y quizás con compañía, sino que hay otra cantidad considerable de personas cuyos planes de salir se vieron temporalmente suspendidos por la emergencia ocasionada por la pandemia”.

  1. Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto de la covid-19

El informe publicado por la Comisión coordinada por David Smolansky en septiembre de 2020 contiene un seguimiento de las violaciones al ordenamiento jurídico de Venezuela, al derecho internacional de los derechos humanos.

En el texto se advirtieron las arbitrariedades del gobierno de Nicolás Maduro hacia los venezolanos que buscan retornar al país en el contexto de la pandemia como los impedimentos fronterizos y la negación de los vuelos humanitarios y de repatriación, lo cual constituye la violación del retorno y el libre tránsito en el país de origen, según lo establecido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Así mismo, la publicación alertó sobre las acciones “para estigmatizar, discriminar y criminalizar a las personas que retornan, violando el derecho a la honra, al reconocimiento de la dignidad humana y al respeto de su vida privada, de su familia y de su domicilio”. Con esto, también señaló el sometimiento de los venezolanos a situaciones de precariedad sanitaria que aumentan las posibilidades de contagio.

Seis recomendaciones al gobierno para garantizar el retorno seguro a casa de los connacionales en vulnerabilidad manifiesta esperan a ser cumplidas.

  1. Cuando la protección se vuelve represión. Cuarentena obligatoria durante covid-19 en las Américas

El informe publicado por Amnistía Internacional en septiembre del 2020 es el resultado de una investigación inicial que evidencia la necesidad de evitar que las autoridades recurran a “métodos coercitivos, punitivos y discriminatorios en la implementación de medidas de salud pública”. La publicación es, además, una petición a las autoridades de medidas preventivas sobre la base del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, y las directrices vigentes de la Organización Mundial de la Salud.

Si bien la publicación no está dedicada a Venezuela, se mencionaron los 105 centros de cuarentena en los estados fronterizos, bajo la custodia de las fuerzas armadas, la policía y, en algunos casos, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ―todos implicados en políticas de represión y posibles responsables de crímenes de lesa humanidad―.

Estos centros, pese a haber recibido a 90.000 venezolanos para finales de agosto, según las cifras del gobierno, no cuentan con las adecuadas (agua, comida, artículos de higiene personal y bioprotección, y atención médica) para prevenir el riesgo de contagio.

Amnistía Internacional insistió en el texto que la “cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado representa en la práctica la privación de la libertad de una persona… Además, los gobiernos tienen la obligación clara de garantizar que las personas sometidas a cuarentena están recluidas en condiciones humanas con salvaguardias frente a los malos tratos y que no se las discrimine, pues, de lo contrario, su detención podría ser ilegal”.


Venezuela es uno de los tres países estudiados para el informe en donde las cuarentenas obligatorias se han implementado bajo la dirección del Ministerio de Salud, pero aplicadas por las fuerzas armadas o policiales, lo cual “posiblemente hace que las detenciones sean arbitrarias”.

Quince recomendaciones al gobierno se resumen en: cuarentenas obligatorias claras y previstas en la ley, de duración limitada, con medidas humanas y empleadas como último recurso cuando otras medidas no hayan resultado exitosas o cuando el objetivo sanitario no pueda ser alcanzado con otras medidas.

 

Constitución rebelde; soberano golpista

Mons. OVIDIO PÉREZ MORALES

No cabe la menor duda de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente es un instrumento político que no solo legitima sino que también exige rebeldía frente al actual régimen socialista del siglo XXI. Constituye una herramienta de resistencia frente a la opresión, al tiempo que un impulso de liberación democrática.

Oficialmente se la denominaba como “la mejor Constitución del mundo”, exhibiéndola y difundiéndola como símbolo revolucionario y camino hacia un país solidario y próspero. La verdad es que, sin ser un texto perfecto, se la puede calificar de apta, aceptable para su circunstancia temporal, así como fácilmente abierta a necesarias adaptaciones y mejoras. A propósito de esto, es preciso subrayar que los venezolanos hemos de estar siempre en guardia frente a la tentación nominalista de pretender cambiar nuestra historia, cambiando solo constituciones.

Es de lamentar que la exhibición mediática de la carta magna no ha estado acompañada de una pedagogía favorecedora de su conocimiento y aprecio, de manera que sirva al soberano (CRBV 5) de brújula efectiva para la organización y funcionamiento macro y micro del Estado y, en general, de la política. La educación nacional no ha propiciado la formación “moral y cívica” de la población, la cual, por tanto, ha quedado a merced de jefes y no de líderes, de populismos fáciles y no de planificaciones responsables. No se ha educado para una real participación desde las bases populares, y por eso la orientación de lo público ha sido tarea casi solo de cúpulas gubernamentales o partidistas. No hemos tenido una escuela generadora de democracia participativa. El gobierno, en la línea del tradicional estatismo socialista, ha favorecido más bien la concentración del poder y un estilo militarista en el manejo de la sociedad civil.

El espíritu y la letra de la Constitución se sitúan en las antípodas del régimen militar comunista, totalitario y corrupto, que gobierna el país. Una ligera hojeada del texto constitucional basta para percibir el divorcio existente entre este y la conducción oficial de la nación. No extraña entonces que la apelación de los ciudadanos a la Constitución constituya un acto de rebeldía frente a un poder, que se considera indiscutible y omnipotente.

El tema de las “condiciones electorales” para el 6 de diciembre ejemplifica bien la  contradicción entre el régimen y la Constitución. Una de las más conocidas parábolas enseñadas por Jesús, la del rico Epulón y el mendigo Lázaro (Lc 16, 19-31), resulta aquí bastante ilustrativa. Mientras el autosuficiente Epulón banqueteaba, el pobre Lázaro se tenía que conformar con las migajas que caían de la mesa de aquel. El Ejecutivo, que se estima todopoderoso y dispone de la fuerza del poder (Fuerza Armada, policías y colectivos armados, junto a los poderes judicial, ciudadano y electoral sumisos)- ha organizado su “banquete electoral”, bajo condiciones leoninas favorables al régimen. La ciudadanía, mayoritariamente disidente, aparece como un mendigo al cual se le dejan caer, como regalo o limosna, unas condiciones miserables de participación. El régimen, como un esclavista, se cree dueño de los ciudadanos y les establece arbitrariamente un marco de ilusoria participación en un proceso amañado. Y el síndrome de Estocolmo está logrando que muchos, en actitud mendicante, rueguen se les concedan ciertas “condiciones mínimas” electorales, migajas de libertad. ¡Algo realmente vergonzoso y humillante para un pueblo constitucionalmente identificado como “soberano”.

Las condiciones para un proceso electoral están muy claras en la Constitución, desde su Preámbulo y sus Principios Fundamentales, en los cuales se encuentra ya la raíz y la sustancia del protagonismo ciudadano! Allí aparece de modo diáfano la contradicción entre la Constitución y el proyecto totalitario militar socialista.

El título del presente artículo sintetiza la referida contradicción. Revela cómo apelar hoy en Venezuela a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un acto de rebeldía contra el régimen. Un gesto insurreccional. El soberano consciente y responsable resulta entonces ser reseñado como golpista.

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