Represión al 2019:

15 mil 160 presos políticos

 

– PRESOS POLÍTICOS: 476 PERSONAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019. 38 son mujeres y 438 hombres. 107 son funcionarios militares.

– ANTONIA TURBAY Y DE ADRIANA MILENA DELGADO YEGRES resaltan entre los casos de mujeres encarceladas con fines políticos

 …la persecución sistemática contra la población que manifiesta su descontento sigue ocurriendo, incluyendo no solo contra aquellos que manifestar su descontento con el gobierno de Nicolas Maduro sino también contra aquellos que protestan por la crítica inoperancia de los servicios públicos, tales como luz, agua o gas, o aquellos que manifestar por la falta de alimentos

 

RESUMEN EJECUTIVO – Agosto 2019

 

Foro Penal. Durante agosto, se observó una disminución en cuanto a las detenciones arbitrarias con fines políticos en el país, en relación con los meses anteriores.

 

A continuación, un balance de la situación, al 31 de agosto de 2019:

  • Del 1º al 31 de agosto hubo 6 detenciones arbitrarias, de las cuales 5 fueron hom bres y 1 mujer;
  • 2169 es la cifra total de personas arrestadas arbitrariamente, desde el 1º de enero hasta el 31 de agosto de 2019;
  • 15.160 es la cifra acumulada histórica de detenidos políticos, desde el 1º de enero de 2014 hasta el 31 de agosto de 2019.

El número de presos políticos en Venezuela es de 476 personas, para el 31 de agosto de 2019, entre estos, 38 son mujeres y 438 hombres. Dentro de los presos políticos, 107 son funcionarios militares.

En cuanto a las mujeres encarceladas con fines políticos, resaltan los casos de la Antonia Turbay y de Adriana Milena Delgado Yegres. La primera es abogada y fue detenida el 26 de junio de 2019. La segunda, es profesora de educación media y fue detenida el 3 de octubre de 2018. Estas dos presas políticas, a pesar de que poseen boletas de excarcelación, a la fecha de cierre de este reporte, permanecen privadas de libertad de manera arbitraria.

Antonia Turbay

También llamamos la atención sobre los casos de los presos políticos, sargentos del ejército: Rubén Bermúdez Oviedo, Juan Francisco Díaz Castillo, Jecson Lozada Matute, Jairo Eli Villegas, Feydi Rafael Montero y Javier Rafael Peña, detenidos el 19 de enero de 2017, recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) ubicado en el sector Ramo Verde, del estado Miranda, quienes presentan graves padecimientos de salud, que no han sido atendidos oportunamente, a pesar de las diligencias realizadas por el equipo de abogados del Foro Penal, violándoseles sus derechos humanos a la salud y a la vida.

DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS

A continuación, se detallan las cifras sobre este particular, comprendidas desde el 1º de enero hasta el 31 de agosto de 2019:

  • 2.169 personas es la cifra total de personas que han sido arrestadas arbitrariamente con fines políticos, en la mayoría de los casos sin órdenes de detención. De estas 2.169 personas, destaca lo siguiente:

-1.893 han sido hombres;

-276 han sido mujeres;

Destaca, que, en la cifra total, antes señalada, se encuentran 226 adolescentes quienes fueron arrestados arbitrariamente, durante los primeros 8 meses del 2019.

Para la fecha 31 de agosto de 2019, de la cifra de 2.169 personas arrestadas arbitrariamente con fines políticos, aún permanecen detenidas 327 personas.

En agosto hubo 6 detenciones arbitrarias, notándose una disminución en el número de arrestos, al hacer la comparación con el mes inmediatamente anterior, donde se reportaron al menos 42 detenciones. De las 6 personas detenidas, reportadas en agosto, 5 fueron hombres y 1 mujer.

El 1º de agosto fue el día que hubo mayor cantidad de detenciones, con 4 personas re- portadas, seguido por los días 16 y 29 de agosto, en los cuales se reportó 1 persona detenida cada día, respectivamente.

El estado Zulia y el Distrito Capital fueron las entidades del país en los que fueron prac- ticados los referidos arrestos en agosto. Específicamente en el estado Zulia hubo 4 personas arrestadas y en el Distrito Capital se reportaron 2 personas arrestadas.

Los cuerpos de seguridad que practicaron los 6 arrestos arbitrarios con fines políticos del mes fueron: la Guardia Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM),

Llama la atención, además, las siguientes cifras que han dejado las detenciones arbitra- rias practicadas por los cuerpos de seguridad del país de manera sistemática, desde el período comprendido entre el 1º de enero de 2014 hasta el 31 de agosto de 2019:

  • 15.160 personas fueron detenidas arbitrariamente.
  • 8.899 personas han sido investigadas penalmente y se encuentran sometidas a jui- cios penales por motivos políticos y aún mantienen los tribunales que llevan sus causas, medidas cautelares sustitutivas de la privación de sus libertades.
  • 848 ciudadanos civiles han sido procesados y juzgados inconstitucionalmente, ante la jurisdicción penal militar, manipulando a los tribunales y jueces militares, para que sean un mecanismo de represión contra los civiles que disienten de las ideas y políticas gubernamentales.

PRESOS POLÍTICOS

Por lo que respecta al número de presos políticos1 es de 476 para el 31 de agosto de 2019. En el siguiente cuadro se expresan las cifras detalladas por ocupación, sexo y edades, de los 476 presos políticos que hay en Venezuela, para la fecha de cierre de este reporte:

(*)  A los efectos prácticos, la noción de “preso político” se maneja desde nuestra ONG en su sentido amplio, abarcando tanto a las personas sometidas a arresto domiciliario como a los ya condenados, aceptando las distinciones recogidas en el aparte “Uso de los Términos” (literales “b” y “c”) del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la ONU (Resolución 43/173, del 9 de diciembre de 1988). La persona arrestada, incluso por motivos políticos, no es considerada por nuestra ONG como un detenido o preso político sino hasta que: 1) Surja una decisión formal de la autoridad judicial que ordene injustamente su privación preventiva de la libertad; o 2) se venza el plazo máximo legal y constitucional (de 48 horas contadas a partir de su arresto) sin que se le libere o sin ser presentado ante la autoridad judicial competente.

 

CASOS REFERENCIALES DE PRESOS POLÍTICOS

El caso de Roque Eduardo González Vargas, ex Sargento Mayor de la Policía Metropolitana (en retiro), quien estuvo desaparecido forzosamente durante cinco días. Fue detenido arbitrariamente el 22 de diciembre de 2018, junto a su amigo Ramón Zapata, por un grupo de al menos 7 funcionarios armados, no identificados, a la salida de un restaurante en la avenida Andrés Bello, cerca de la Clínica “Méndez Gimón” en Caracas. Estos funcionarios, bajo amenazas de muerte continuas, cachazos, golpes y patadas, les cubrieron el rostro y los hicieron abordar a la fuerza, un vehículo rústico marca Toyota. Fueron llevados inicialmente a un lugar ubicado en la urbanización Los Chaguaramos en Caracas, donde en un cuarto semioscuro, habrían procedido a torturarlos. Esposados, con las manos hacia atrás y la cara tapada, habrían sido golpeados repetidamente, incluso con objetos contundentes, como bates de beisbol, les habrían realizado descargas eléctricas en los pies, también le habrían coloca do bolsas plásticas en la cara para asfixiarlos y rociado de gas lacrimógeno entre la boca y la nariz. Estos hechos se habrían repetido durante al menos 4 días. Además, no les permitieron ingerir alimentos ni agua en todo ese tiempo.

Les preguntaban constantemente si eran terroristas y los forzaban a decir si tenían un plan para derrocar al gobierno, los habrían obligado a dar nombres, amenazándolos con armas de fuego, que les habrían puesto en la boca y en la cabeza para que confesaran.

El 26 de diciembre los trasladaron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) ubicada en el Helicoide, donde los recluyeron en el calabozo de espacio muy reducido y sin baño, llamado “Tigrito”. La audiencia de presentación de Roque González tuvo lugar el 28 de diciembre de 2018, ante el tribunal 4 en funciones de control de Caracas, con competencia en los casos vinculados a los delitos asociados al terrorismo. En la audiencia de presentación le fueron imputados los presuntos delitos de: Conspiración, Asociación para Delinquir, Detentación de artefactos explosivos, Traición a la patria y Uso indebido de uniformes. Fue privado preventivamente de libertad durante la referida audiencia, ordenándose como centro de reclusión la sede del SEBIN ubicada en el Helicoide, Caracas. Tuvo 3 diferimientos de su audiencia preliminar, hasta que en fecha 13 de mayo de 2019 se llevó a cabo la misma, en la que se ratificó la acusación fiscal, únicamente por los delitos de detentación de artefactos explosivos y asociación para delinquir y además se ratificó la medida privativa de libertad continuando recluido en la sede SEBIN Helicoide. Aunado a lo anterior, existe en este caso un pronunciamiento de la corte de apelaciones, que fue emitido a destiempo, en el cual esa corte de apelaciones solicitó la nulidad de la audiencia de presentación de Roque González y, en consecuencia, la nulidad de todas las actuaciones que se habían llevado a cabo posteriormente. También solicitó la corte de apelaciones una medida sustitutiva de la libertad para Roque González. Llama la atención, que, el tribunal que conocía de su caso fue relevado en su competencia y el expediente fue trasladado al tribunal 21 de primera instancia en funciones de control de Caracas. Posteriormente, el tribunal 21 en funciones de control, al no poder resolver al respecto, ya que existía una decisión previa de la corte de apelaciones sobre este caso, manifestó su incompetencia para pronunciarse, por lo que enviaron nuevamente el expediente para su distribución, quedando asignado en fecha 29 de agosto de 2019, en el tribunal 52 de primera instancia en funciones de control de Caracas (3 con competencia en los casos vinculados a los delitos asociados al terrorismo). Actualmente, Roque González se encuentra a la espera de una nueva audiencia de presentación. Destaca, además

Hospital Militar “Carlos Arvelo” por presentar los síntomas de un ataque cardíaco. Le fueron diagnosticadas las siguientes patologías: hipertensión arterial severa, arritmia cardíaca, vértigo y dificultad para escuchar, debido a las severas torturas a las que fue sometido. A pesar de las solicitudes y diligencias realizadas por el equipo de abogados del Foro Penal para que Roque González sea atendido médicamente, a la fecha, estas solicitudes no han sido tomadas en cuenta oportunamente y continúa recluido en la sede del SEBIN en el Helicoide, Caracas, a la espera de una nueva audiencia de presentación y con una medida sustitutiva de la privativa de libertad, emitida por la corte de apelaciones.

Preso Político Roque Eduardo González Vargas

El caso de los Sargentos activos del Ejército: (Sargento Primero) Rubén Bermúdez Oviedo, (Sargento Primero) Juan Francisco Díaz Castillo, (Sargento Primero) Jecson Lozada Matute, (Sargento Mayor) Jairo Eli Villegas, (Sargento Primero) Feydi Rafael Montero y el (Sargento Primero) Javier Rafael Peña, quienes estuvieron desaparecidos forzosamente durante 4 días. Fueron detenidos arbitrariamente, sin orden de aprehensión, el 19 de enero de 2017 cuando acudieron a dar declaraciones a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en calidad de testigos, por presuntamente estar vinculados a un grupo que planeaba un golpe de estado en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Quedaron incomunicados de sus familiares, hasta el 24 de enero de 2017, cuando fueron presentados ante el Tribunal Militar Primero de Control de Caracas a cargo de la mayor Claudia Carolina Pérez, donde fueron privados de libertad, imputándoseles los presuntos delitos de: Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión, fijándose inicialmente su lugar de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) ubicado en el sector Ramo Verde, del estado Miranda. Llama la atención que, a pesar de haberse fijado inicialmente como lugar de reclusión el CENAPROMIL, el 2 de mayo de 2017 estos sargentos fueron trasladados por funcionarios de la DGCIM al Centro de Procesados Penales 26 de julio, ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico, que es un centro de reclusión para procesados penales civiles. Luego del trabajo realizado por la defensa del Foro Penal, fueron devueltos al CENAPROMIL de Ramo Verde, el 22 de marzo de 2018 Cenapromil pero su expediente carcelario continua en el Centro de Procesados Penales 26 de julio. La Audiencia Preliminar de estos seis sargentos fue en el mes de marzo de 2018 y a la fecha se encuentran aún a la espera de su pase a Juicio y niegan a sus abogados el acceso al expediente ya que el Tribunal Militar Primero de Control de Caracas se encuentra intervenido. Es importante destacar que han sido sometidos a múltiples torturas y tratos crueles y se les ha negado atención médica oportuna, a pesar de que se han hecho las diligencias necesarias para que sean atendidos, nunca le fueron acordados traslados médicos solicitados. Padecen de diversas patologías médicas que no han sido atendidas, violándose sus derechos a la salud y a la vida. Las patologías que presentan cada uno de ellos son las siguientes:

  • (Sargento Primero) Juan Francisco Díaz Castillo, padece de: fuertes dolores de cabeza, resequedad ocular, manifiesta no tener buena visión, presenta estado depresivo con tendencias suicidas, fractura en la parte frontal de la cabeza, visión es borrosa.
  • (Sargento Mayor) Jairo Eli Villegas, padece de: fuertes dolores de cabeza, visión borrosa, mareos que le han provocado caídas, padece de vértigo, pierde el equilibrio y una pérdida considerable de peso.
  • (Sargento Primero) Rubén Bermúdez Oviedo, padece de: fuertes dolores de cabeza, tiene una fractura en la parte frontal de la cabeza, visión es borrosa, presenta estado depresivo.
  • (Sargento Primero) Feydi Rafael Montero, padece de: fuertes dolores de cabeza, presenta estado depresivo.
  • (Sargento Primero) Javier Rafael Peña, padece de: estado depresivo, fuertes dolores de cabeza intensos, pérdida considerable de peso.
  • (Sargento Primero) Jecson Lozada Matute, padece de: estado depresivo, vértigo, y una pérdida considerable de peso.

Presos Políticos, Sargentos: Francisco Díaz Castillo, Jairo Eli Villegas, Rubén Bermúdez Oviedo, Juan, Feidy Rafael Montero, Javier Rafael Peña y Jecson Lozada Matute

El caso de Adriana Milena Delgado Yegres, profesora de educación media (actualmente incapacitada para ejercer por padecer trastornos psiquiátricos), quien fue detenida arbitrariamente, sin orden de aprehensión, el 3 de octubre de 2018, por 8 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), tras ser allanada ilegalmente su vivienda ubicada en la urbanización El Limón, estado Aragua, traslada a la sede del SEBIN ubicada en El Helicoide, Caracas. Tras casi 1 mes de haber sido detenida, fue presentada el 1º de noviembre de 2018 ante el Tribunal Primero con competencia en los casos vinculados a los delitos asociados al terrorismo, le fueron imputados los presuntos delitos de: Asociación para Delinquir, Incitación al Odio y Financiamiento al Terrorismo, se ordenó su reclusión en la sede del SEBIN Helicoide. No obstante, al término del lapso de presentación del acto conclusivo de 45 días, el Ministerio Público no presentó acusación y solicitó al tribunal la excarcelación inmediata de la imputada, bajo medida cautelar sustitutiva de la libertad, el día 17 de diciembre de 2018. Llama la atención que, a la fecha, aún existiendo boleta de excarcelación emitida a favor de Adriana Milena Delgado Yegres la misma no ha sido liberada. Padece de trastornos de bipolaridad y depresión y ha sido sometida a tratos crueles inhumanos y degradantes durante su custodia por funcionarios del SEBIN.

OBSERVACIONES FINALES

Si bien las protestas en el país no se están realizando de una forma masiva a nivel nacional, tal como si ocurrió en los primeros meses del año, la persecución sistemática contra la población que manifiesta su descontento sigue ocurriendo, incluyendo no solo contra aque llos que manifestar su descontento con el gobierno de Nicolás Maduro sino también contra aquellos que protestan por la crítica inoperancia de los servicios públicos, tales como luz, agua o gas, o aquellos que manifestar por la falta de alimentos,

Destaca, además que, en su mayoría, los presos políticos padecen trastornos de salud y el Estado les niega, en muchos casos, la asistencia médica oportuna, violando flagrantemente los derechos humanos de los detenidos. Por estas razones, el Foro Penal recomienda sean tomadas en cuenta las solicitudes y diligencias que realizan las defensas de los privados de libertad por razones políticas, pues queda evidenciado que la falta de asistencia médica oportuna es una de las formas más comúnmente utilizada por el Gobierno, como mecanismo de represión contra estas personas.

Los activistas y abogados del Foro Penal continúan diariamente con su compromiso y esfuerzo en prestar asistencia a los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos por razones políticas.

Este reporte fue elaborado y coordinado por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob Santomé, con la colaboración de Mariela Suárez, Patricia Velázquez y con base en la información suministrada por los coordinadores regionales del Foro Penal y abogados miembros de la organización.

El Foro Penal es una ONG que ha trabajado en la defensa de los derechos humanos desde 2002, asistiendo de manera gratuita a las víctimas de la represión del Estado, incluyendo detenciones arbitrarias, violaciones graves a los DDHH, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El Foro Penal cuenta al día de hoy con aproximadamente 200 abogados voluntarios y más de dos mil activistas en toda Venezuela que se ocupan de prestar asistencia y apoyo legal a las víctimas.

El Foro Penal ha sido galardonada con diversos premios de derechos humanos nacionales e internacionales en virtud de su labor en la defensa de derechos humanos.

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