Puñaladas traperas en el “Callejón 6D”

– LAS CONDICIONES DEL PROCESO ELECTORAL DEL 6D

CEV – EL 6D AGRAVA LA CRISIS NACIONAL

– U.E. REITERA QUE NO EXISTEN CONDICIONES PARA UN PROCESO ELECTORAL 30.9.2020

RESOLUCIÓN DE LA OEA DESCONOCE ELECCIONES DEL 6D (+DOCUMENTO)

 

MIGUEL HENRIQUE OTERO

El Nacional

He tenido la ocasión de leer el informe que el Centro de Estudios de Política y Gobierno -UCAB-, el International Institute for Democracy and Electoral Asistance -IDEA-, Súmate, el Observatorio Electoral Venezolano, la Cátedra Libre Democracia y Elecciones, y Proyecto Integridad Electoral Venezuela, pusieron en circulación el 6 de noviembre.

Quiero añadir que el equipo responsable, bajo la coordinación de Benigno Alarcón Deza, reúne a algunos de los más connotados expertos venezolanos en la cuestión electoral, personas cuya idoneidad está fuera de discusión: Roberto Abdul, Egleé González Lobato, Luis Lander y Eugenio Martínez. Nadie podrá señalar que el estudio no cumple con las exigencias básicas de rigor y autonomía que el propósito de evaluar el sistema electoral demanda.

Se titula. “Misión de Estudio Sobre las condiciones del Proceso Electoral Parlamentario 2020 en Venezuela”.

Está organizado en siete secciones que comentaré a lo largo de este artículo. La primera de ellas, se concentra en la denominada Justicia Electoral.

Se divide en dos partes. La primera de ellas resume la judicialización de los partidos políticos, proceso que ha tenido lugar en tres olas, y que al día de hoy ha afectado a Patria para Todos, Podemos, MIN Unidad, Movimiento Electoral del Pueblo -MEP-, Bandera Roja, Copei, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Tupamaro.

A todas estas organizaciones se les ha intervenido a partir de los más fútiles argumentos, se les ha despojado de sus directivas, se les ha designado directivos aliados del régimen, a los que se han entregado los recursos propios del ejercicio político -las sedes, los bienes de las mismas, las tarjetas, emblemas y otros símbolos, así como el derecho de uso de la marca electoral-, lo que constituye un despojo a la militancia y la reducción sustantiva de opciones electorales contrarias al régimen y favorables al regreso a la democracia.

El segundo y fundamental tema, también perteneciente a la sección Justicia Electoral, se refiere a lo que los autores llaman “Incertidumbre sobre la potestad normativa del Consejo Nacional Electoral”, y que, por mi parte, llamaré “Delitos electorales cometidos por el CNE”, violatorios de la Constitución: aprobaron la elección de diputados que no representan a nadie -a ninguna región ni tampoco como resultado de haber alcanzado algún porcentaje-, alteraron los porcentajes de adjudicación, hicieron trizas el principio de proporcionalidad, y, con descaro inconcebible, aumentaron de 166 a 277 el número de diputados.

ILUSTRACIÓN: Alfredo Benedetti

Y hay más: le quitaron el derecho al voto a la población indígena, ya que eliminaron para ellos el voto universal, directo y secreto, y lo remplazaron por un sistema de segundo grado. Esto no solo ratifica las políticas discriminadoras del régimen hacia los pueblos indígenas, también aumenta el estado general de indefensión al que han sido conducidos por Chávez y Maduro.

La segunda sección describe la situación degradada, insostenible y amañada del Registro Electoral -los adjetivos son míos, no de los autores del informe-: las maniobras en la distribución de los puntos de inscripción para evitar que los mayores de 18 años accedan al derecho al voto -alrededor de 2 millones de posibles nuevos electores-; casi 1,8 millones de reubicaciones; y, gravísimo, un deliberado subregistro de los electores que viven fuera del país, cuyo resultado es que se impide a 2,7 millones de venezolanos el derecho consagrado en la Constitución, de participar en el proceso electoral.

La tercera sección habla de la “Integridad del sufragio y secreto del voto”. Es, probablemente, uno de los aspectos más sensibles de la cuestión: las garantías que los ciudadanos necesitan tener de que su voto es secreto, de que el número de votos es igual al número de votantes, de que no se ponen en movimiento prácticas coercitivas como los CLAP y el carnet de la patria, para obligar a los electores a votar en contra de su voluntad y a favor del régimen.

Un largo nombre encabeza la cuarta sección del documento: “Incertidumbres tecnológicas de cara a las nuevas adquisiciones. Sistema automatizado, de una fortaleza a una debilidad”. Entre los asuntos que analiza, el más notorio es el derivado del incendio ocurrido en los depósitos del CNE, en marzo de 2020. Se perdieron 98,5% de las máquinas de votación. Sobre el sistema que vendrá a remplazar al anterior, basta con copiar lo dicho en el informe: “Al momento de redactarse este informe faltan menos de 58 días para el evento comicial del 6 de diciembre y aún se desconocen los aspectos técnicos esenciales del sistema automatizado de votación que se utilizará, especialmente las características del software y el hardware y el proveedor de los equipos”. En otras palabras: se usó el incendio para adquirir un nuevo parque de máquinas, cuyo funcionamiento se desconoce. No lo dice el informe, lo pregunto yo: ¿acaso el propio régimen quemó las máquinas para justificar la compra de equipos bajo su pleno control, máquinas “arregladas” que les garanticen el triunfo en unas elecciones, ilegales y fraudulentas, que estarán marcadas por la abstención y un cúmulo de trampas?

Sobre las “Condiciones de equidad en la competencia electoral” -quinta sección- tema sobre el que ya he publicado otros dos o tres artículos-, y sobre la sección sexta, dedicada a la Observación Electoral, el informe recapitula sobre el uso de los recursos del Estado para beneficio de los candidatos del gobierno y sobre la falta de medios de comunicación independientes. Llamativamente, el informe no desarrolla el tema del papel asignado al Plan República, a cargo de la FABN, cuyo Alto Mando Militar ha declarado y practicado, de forma sistemática, su adhesión al gobierno, aproximadamente desde finales de 2013.

La séptima sección, que sintetiza un cuerpo de Conclusiones y Recomendaciones, lista las medidas que, de acuerdo con el grupo de expertos, tendrían que tomarse para que el proceso electoral fuera tal y no una gigantesca trampa, con el específico propósito de liquidar el último de los poderes públicos legítimos que queda en Venezuela, y que hoy es el núcleo, único y principal, de la resistencia y lucha de los demócratas en contra de la dictadura.

CEV – El 6D agrava la crisis nacional

Caracas.- Con ocasión de la reunión de Comisiones Episcopales realizada de forma virtual desde el 13 al 15 de octubre de 2020, los Arzobispos y Obispos de Venezuela dirigen a toda la comunidad nacional e internacional la Exhortación Pastoral “Sobre la dramática situación social, económica, moral y política que vive nuestro país” en la que comparten sus reflexiones sobre las “ya conocidas las angustias y carencias que sufre el pueblo de Venezuela”.

Inspirados en el salmo 9, versículo 10 “El Señor es un refugio para el oprimido, un refugio en momentos de peligro”, se refieren a las diversas situaciones que enfrenta el pueblo venezolano, “desde la escasez y el desabastecimiento de alimentos, pasando por la deficiencia de los servicios públicos, hasta el irrespeto de sus derechos más elementales”, que se potencian con la pandemia por COVID-19. “Son muchos los que se sienten angustiados e indefensos”, expresan los Obispos, y destacan que “la Iglesia católica, a través de sus instituciones y parroquias, acompaña de cerca la vida de nuestro pueblo, e intenta suplir sus necesidades prioritarias, desde sus limitadas posibilidades, competencias y permisos que le otorgan”.

El Episcopado Venezolano, afirma que “Tanto el oficialismo como la oposición no presentan un proyecto de país que logre reunir y convencer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en justicia, libertad y paz”. Añaden que Venezuela “reclama a gritos un cambio de actitud en toda la dirigencia política”, y sustentan el argumento al citar al Papa Francisco en su más reciente Encíclica Fratelli Tutti: “hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común”.

Con relación al derecho a la protesta pacífica, rechazan la represión por parte de las autoridades y la censura informativa, señalando que “este modo de actuación por ser contrario a los principios democráticos consagrados por nuestra legislación”, aseverando que “El pueblo venezolano exige libertad para reclamar sus derechos constitucionales”. A continuación, se refieren también a la realidad migratoria del país, la cual manifiestan observar con dolor, pues consideran que “más que emigrar, huyen de un país que no les ofrece garantías de una vida digna”.

La dignidad de las personas es ampliamente irrespetada en nuestro país y muchas de las situaciones que se sufren constituyen crímenes de Lesa Humanidad”, apuntan los obispos. “Es de justicia, por tanto, que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sean juzgados, y que las instituciones del Estado actúen, conforme a derecho, para que estos hechos abominables no se produzcan de nuevo”.

Los Arzobispos y Obispos de Venezuela se refieren una vez más a las elecciones parlamentarias, indicando que “el evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla”. Afirman que “es inmoral realizar elecciones cuando el pueblo sufre las consecuencias de la pandemia, carece de las condiciones mínimas para su subsistencia, y no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral”. Aunado a ello, exponen que aún deben realizarse las elecciones presidenciales, “pues las del 2018 estuvieron signadas por condiciones ilegítimas que han dejado al actual régimen, a los ojos de Venezuela y de muchas naciones, como un poder de facto”, e insisten nuevamente en que “no basta la simple abstención para poner en evidencia la ilegitimidad del proceso y alcanzar el cambio político tan deseado”.

La Exhortación concluye invitando a los fieles católicos a elevar sus oraciones a Dios, con la petición al próximo Beato venezolano, Dr. José Gregorio Hernández para que desde su “ejemplo de santidad y civismo, nos señale la ruta para hacerla presente en el hoy de Venezuela” y pidiendo a Nuestra Señora de Coromoto su intercesión “para la conquista de la convivencia democrática y el reencuentro de todos los venezolanos”.

A continuación puede leer y descargar la Exhortación Apostólica “Sobre la dramática situación social, económica, moral y política que vive nuestro país”: – Caracas – 15.10.2020

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