Prohíbido Olvidar

REPORTE YA: #23Feb Hoy se cumple un año del día en que intentaron ingresar camiones con ayuda humanitaria a Venezuela, la cual fue quemada en el puente Francisco de Paula Santander, en la frontera con Venezuela

 La ministra de asuntos penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, apareció sorpresivamente en la frontera con Colombia… la funcionaria es acusada de armar a los ciudadanos y de liberar presos para defender al régimen de Nicolás Maduro…

 Tres tanquetas de la GNb persigen un camion con ayuda humanitaria, disparan múltlples ráfagas, asesinan al chofer del vehículo y lo dejan tirado en la via pública de acuerdo con el audio del video.

– PROVEA: LA MASACRE DE SANTA ELENA DE UAIRÉN.

– “MILITARES GRITABAN “MATEN A ESOS INDIOS, TENEMOS AUTORIZACIÓN DE MATAR A ESOS INDIOS, VAMOS A MATARLOS. Tenemos orden de matar. Directo, apúntenlos bien, mátenlos.

KUMARAKAPAY, SOLO IMPUNIDAD A UN AÑO DE LA MASACRE

 

JOSÉ RIVAS / Correo del Caroní .- El Ministerio Público ha guardado silencio luego del ataque militar, en febrero de 2019, a la comunidad San Francisco de Yuruari en San Elena de Uairén, en donde perdieron la vida tres indígenas en un desborde de la violencia estatal contra los pueblos aborígenes al sur del estado Bolívar.

La comunidad de Kumarakapay (San Francisco de Yuruari), del municipio Gran Sabana, no ha recuperado la tranquilidad del sueño que le arrebataron el 22 de febrero de 2019 durante el anuncio del ingreso de la ayuda humanitaria, que en ese entonces había sido gestionada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por el Gobierno de Estados Unidos como presidente interino de Venezuela.

Lo cierto es que, al margen de los avatares políticos que distan de resolver la crisis institucional, los familiares de las víctimas a causa del asalto militar ocurrido en las comunidades indígenas de Santa Elena de Uairén entre el 22 y 23 de febrero no conocen siquiera el primer detenido por una irrupción arbitraria que sigue rodeada de incógnitas.

El origen del sangriento hecho estuvo en la determinación de un grupo de pemones de Kumarakapay en procura de facilitar la entrada de la ayuda humanitaria -promovida por la directiva de la Asamblea Nacional- debido al bloqueo de vehículos militares en la frontera con Brasil ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro.

La militarización de territorios adyacentes a las comunidades indígenas denota la falta de una institucionalidad estatal a tono con los derechos de los pueblos indígenas

A pesar de las medidas de autonomía de la etnia sobre su territorio -garantizada constitucionalmente en el artículo 119- un convoy militar avanzó rápidamente y los miembros indígenas tan solo pudieron retener el último de los cuatro vehículos.

Los pemones en resistencia ante la irrupción militar lograron detener a los uniformados y despojarlos de sus armas, sin embargo, la respuesta por parte los demás soldados que habían avanzado y se plantaron adelante fueron las balas.

Todas con dirección hacia la comunidad, más de una docena de heridos, una muerte instantánea, la de Zoraida Rodríguez y 2 más posteriores, Rolando García, su esposo (2 de marzo) y Kliber Pérez (27 de febrero).

El Ministerio Público -pasada las dos semanas del hecho- designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes: fiscal 91 indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de delitos comunes, sin embargo, a un año de la masacre no hay siquiera nombres de los posibles militares que asesinaron a los indígenas.

En marzo de 2019, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, al ser consultado sobre el caso aseguró: “allí nosotros no tenemos contemplación, estamos investigando las tres muertes de estos indígenas y va a haber detenidos”, a pesar que agregó que las averiguaciones no se realizan de manera exprés, tras un año no hay indicios de una posible detención.

El Ministerio Público designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes: fiscal 91 indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de delitos comunes

A nivel nacional no se ha hecho nada”, manifestó el coordinador de Pueblos Indígenas en Foro Penal, Olnar Ortiz, las muertes de los indígenas y los otros civiles hasta ahora continúan impunes.

“A pesar que hemos hecho las denuncias de manera formal ante la instancias de derechos fundamentales de la Fiscalía General de la República, no se ha adelantado mayor investigación, no se ha acusado a nadie”, sostiene el activista de derechos humanos.

Además de la falta de actualizaciones con respecto al caso, el fiscal nacional Robaldo Cortez -también indígena- que estuvo investigando cada uno de los sucesos ocurridos en Kumarakapay entre el 22 y 28 de febrero fue designado fiscal superior del estado Amazonas a mediados de 2019, esto, para el abogado de la ONG ha repercutido de forma negativa en el desarrollo del proceso.

Las investigaciones prácticamente han sido paralizadas por todos los cambios que ha hecho el Ministerio Público”, manifestó.

Para Ortiz, la falta de estado de derecho en el país ha llevado a que tengan que presentar los casos ante instancias internacionales, Foro Penal ha presentado denuncias formales ante la relatora de pueblos indígenas y ante la plenaria del comité de pueblos indígenas de Naciones Unidas.

De acuerdo con el abogado, de los sucesos ocurridos entre el 22 y 28 de febrero de 2019 fueron arrestadas 62 personas, ningún militar por la masacre, solo civiles a los cuales se les imputó delitos de la Ley del Odio, a pesar que todos se encuentran en libertad, algunos fueron soltados bajo medidas cautelares.

Aunque el 28 de febrero la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aplicó medidas cautelares de protección para Kumarakapay, en las que se demandó al gobierno de Nicolás Maduro que adoptara medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal, y que garantizaran la seguridad de los indígenas de la etnia pemón.

Se le exigió al Estado venezolano que los agentes respeten los derechos de los beneficiarios y se abstengan de hacer un uso de la fuerza de manera incompatible con los estándares internacionales sobre la materia, según establece el documento.

Pero para el coordinador de Foro Penal, la persecución a los pobladores de estas zonas ha continuado, “hostigamiento hacia los líderes indígenas, militarización de los territorios y el ingreso de grupos irregulares a la comunidad el cual el Estado venezolano no ha frenado”, aseguró a principios de enero.

Adiós a la calma, convivir con la impunidad

Kumarakapay fue un reconocido paraje y sitio de referencia para los visitantes al Parque Nacional Canaima. Sus pobladores vivían del turismo y la venta de artesanía pero a un año del ataque militar, el pueblo de San Francisco de Yuruari se encuentra desolado, los índices de turismo han bajado estrepitosamente desde la masacre y en las calles se percibe el miedo y la tensión por los sucesos del 22 de febrero y del 22 de diciembre en el que fueron detenidos 13 pemones de forma irregular tras participación en la Misión Aurora.

Zoraida, quien vendía empanadas en la vía de la troncal 10, fue asesinada en el ataque. Su esposo, también, alcanzado por las balas, fue trasladado a Brasil donde muere días después

Para marzo de 2019, según Alfredo Romero, director del Foro Penal, ya eran más de 800 los pemones que habían cruzado la frontera por trochas hasta Brasil, entre esos, los hijos huérfanos de Zoraida y Rolando, el último, desterrado de sus tierras al ser enterrado en Brasil.

De los varios heridos pero de los pocos que quedan, se encuentra Enésimo Hernández, quien después de ser disparado en la columna perdió la sensibilidad de la cintura hacia los pies, ahora pasa sus días postrado en una cama, esperando volver a caminar.

Un año después persisten las interrogantes alimentadas por una lenta actuación procesal de los fiscales designados para este caso. Los acontecimientos que desde el 22 de febrero y en días siguientes se suscitaron en el sector de la comunidad de Kumarakapay (“…nombre que recibe la comunidad indígena de San Francisco, que significa lugar de los pájaros tijeretas…”), en San Francisco de Yuruaní, a una hora de Santa Elena de Uairén, siguen bajo el manto de la impunidad.

Al margen de los DD HH de los pueblos indígenas

Junto con la implementación de proyectos extractivos se han producido numerosos conflictos sociales con pueblos, comunidades y en general poblaciones locales, cuyos derechos e intereses se ven afectados cuando no se respetan sus tierras y los recursos naturales que en ellas se encuentran.

La falta de atención a los reclamos y el desinterés mostrado por las autoridades venezolanas a raíz de la implementación del Arco Minero del Orinoco han hecho que algunas de estas situaciones desencadenen lamentables episodios de violencia.

La Fundación para el Debido Proceso conjuntamente con la Oxfan coordinó un estudio sobre el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina en el cual grafica el panorama que han vivido comunidades como San Francisco de Yuruari.

El desarrollo de proyectos extractivos, acompañado de procesos de manipulación política, ha traído muchas veces la división de comunidades, la corrupción de autoridades y dirigentes locales, la criminalización de líderes indígenas, e incluso la muerte de quienes se oponen a su ejecución.

Estas afectaciones son particularmente profundas en los escenarios en que tales proyectos se desarrollan en tierras históricamente ocupadas por pueblos y comunidades indígenas”.

El informe plantea a los países una hoja de ruta para compatibilizar intereses gubernamentales con los derechos humanos: profundizar esfuerzos para proteger el goce efectivo del derecho a la tierra y territorio de los pueblos indígenas; modificar o eliminar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que impiden el pleno ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada, asegurando la participación de los pueblos indígenas; abstenerse de autorizar y adoptar medidas que afecten las tierras y prevenir que terceros lo hagan sin el cumplimiento de las garantías del derecho; crear la institucionalidad estatal responsable por consultar a los pueblos indígenas.

PROVEA: PROHÍBIDO OLVIDAR:

MASACRE DE SANTA ELENA DE UAIRÉN. : Antecedentes inmediatos.

El 02.02.2019, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó anunció el ingreso de ayuda humanitaria por Colombia y Brasil[1] y en respuesta el 08.02.2019, Nicolás Maduro llamó a reforzar la frontera con  Brasil[2].

El 08.02.2019, indígenas denunciaban que militares estaban cerrando los accesos con alcabalas itinerantes una frente al Hospital de Santa Elena de Uairén donde revisaban cada vehículo en busca de ayuda humanitaria. En esa oportunidad indígenas Pemones lograron sacar las alcabalas una de ella con alambre de púas que mantenía la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En entrevista para Reuters[3] el 09.02.2018, el alcalde de Gran Sabana Emilio González dijo en compañía de los 6 caciques de Gran Sábana: “Estamos preparados físicamente, sin armamento, dispuestos a abrir la frontera para recibir la ayuda humanitaria”. Jorge Pérez Cacique General de Gran Sábana expresó “Nosotros somos originarios de la Gran Sabana y no vamos a permitir que unos generales de afuera decidan por nosotros, somos autoridades legítimas y gobierno local”. Ángel Páez, líder Pemón expresó. “En el caso supuesto de que llegue la ayuda humanitaria y se impida su paso, se suspenderán los ingresos de los camiones así sean del gobierno nacional” (…) “Si no hay para el pueblo, ni para el gobierno habrá”.

El 21.02.2019, el Consejo General de Caciques del Pueblo Pemón ( CCGPP) publicó un comunicado[4] donde se aprecia la fractura del movimiento indígena pemón con relación a la situación política y humanitaria del país: Ratificaron las buenas relaciones con el “ejecutivo nacional” quien les prometió reuniones de “Alto Impacto” con autoridades de justicia ordinaria para revisión de expedientes y casos inconclusos, con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para leyes indígenas, con la comisión de demarcación para revisar los expedientes de los sectores, y con el Ministro de defensa y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB); Frente a la denominada ayuda humanitaria expresaron una postura imparcial pero “aquella persona que decidida participar en la actividad de la ayuda humanitaria lo harán bajo su responsabilidad a título personal sin utilizar el nombre de todo un pueblo que ha decidido no participar por la mayoría”(…) Se le hace un llamado al alcalde de la Gran Sabana Emilio González ya que “actividades políticas partidistas que se realice fuera de las decisiones de las mayorías en esta Asamblea General serán consideradas violatorias a la libre determinación de nuestro pueblo”. Expresaron que autoridades no deben hacer proselitismo político partidista entre las comunidades indígenas;  Aclararon que “sólo los Caciques Comunitarios de Manakru (Santa Elena #6 ) y Kumarakapai ( Sector Kawanayen #5) acompañarán al Alcalde y su partido político bajo su responsabilidad y por tanto sólo ellos asumirán las consecuencias que pueda acarrear tal situación”; por último dictaminaron que la GTP no podía  custodiar, participar, ni reguardar las acciones del 23.02 por considerarlas político partidistas. Este comunicado del CCGPP, dejó en total indefensión a las comunidades de Manakru y KumaraKapai que había anunciado su participación en la entrada de la ayuda humanitaria, haciendo público la división que daba la espalda al alcalde de Santa Elena de Uairén. Una carta aval para la acción indiscriminada de la FANB contra indígenas, sabiendo que no tendrían apoyo o reacción unida de comunidades del Pueblo Pemón en defensa de los hermano/as de sectores 5 y 6 por órdenes de sus caciques generales.  Ese mismo día, Nicolás Maduro anunció que “a partir de las 20 horas queda cerrada la frontera con Brasil”[5]

El 22 de febrero. Ataque militar armado contra la población de Kumarakapai

Según diversos testimonios recogidos por Provea: el 22.02.2019, en horas de la madrugada, en la troncal 10, en KumaraKapai (San Francisco de Yuruany) a 68 Kms de Santa Elena de Uairén, llegaron varios convoyes de la FANB que se dirigían a la frontera con Brasil. Algunos indígenas que hacen labores de vigilancia pertenecientes a la GTP, trataron de para el paso. Residentes de la localidad comenzaron a salir de sus casas para saber qué pasaba y militares dispararon indiscriminadamente para luego huir del lugar. En el sitio quedaron heridas las primeras 18 personas, varias de gravedad.

Un médico del ambulatorio de KumaraKapai declaró[6]: “Primero llegaron tres pacientes con heridas de balas múltiples en el tórax. No teníamos los insumos necesarios para atender tal cantidad de gente. No teníamos gasas para hacer compresión en las heridas. Por eso, los que estaban decayendo era por hemorragias. Una de las primeras que trajeron fue a la señora Zoraida (Zoraida Rodríguez, indígena Pemón). Pero estuvo 30 minutos con vida nada más” Ella se encontraba dentro de su casa cocinando empanadas -el cual era su oficio diario- cuando fue alcanzada por 3 balas en el tórax. Indígenas aseguran que nunca dispararon perdigones, las balas desde un primer momento eran de sus armas de fuego. Los heridos más graves entre ellos Rolando García, esposo de Zoraida Rodríguez herido en el abdomen. fueron trasladados al Hospital de Boa Vista, en Roraima Brasil, el resto al Hospital de Santa Elena de Uairén.

El 23 de febrero. Represión, asesinatos, detenciones y allanamientos arbitrarios.

El sábado 23.02.2019, Testigos afirmaron al Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) que en horas de la mañana un grupo nutrido de la población de Santa Elena de Uairén, hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores, indígenas y no indígenas salieron caminando pacíficamente, sin armas a la frontera con Brasil para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria. Frente a la entrada del Fuerte Escamoto la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impedía el paso hacia la frontera. A medida que comenzaron a acercarse y concentrarse para tratar de pasar, fueron reprimidos en un primer momento con bombas lacrimógenas y perdigones, posteriormente empezaron a dispararles con armas de fuego hiriendo a decenas de personas.

Al mismo tiempo, se desarrollaba una protesta pacífica en el casco central de Santa Elena de Uairén exigiendo la entrada de la ayuda humanitaria, allí la represión se desarrolló con igual patrón, pero los disparos provenían, según testigos, de armas automáticas de gran calibre y con participación de civiles armados. Los disparos iban directo al cuerpo y la cabeza. La represión duro toda la mañana hasta mediodía.

José Hernández fue el primer asesinato reportado, de 20 años, se encontraba en el Casco Central, un GNB en 4 esquinas luego de acorralar a los manifestantes le disparó en la cabeza; José Pérez fue asesinado en el piquete de la GNB, vía a la frontera con Brasil, le dispararon en el pecho. El tercer asesinato fue el de José Barrios, de 23 años, herido de bala en la cabeza en frente de un comando de la Guardia Nacional en el casco Central.

En horas de la tarde la GNB, instaló varias alcabalas en diversos sectores, acabando con las protestas. Apostados también en las entradas de los hoteles, realizaron requisas y allanamientos ilegales buscando al Alcalde de Gran Sabana, Emilio González, diputados y líderes indígenas y no indígenas. El Hospital Rosario Vera Zurita reportaba al menos 30 heridos, los más graves transferidos a Brasil, estado de Roraima. Sumaban 25 detenidos entre el Fuerte Escamoto y la comandancia de la GNB. En total habrían sido detenidas al menos 58 personas el viernes 22 y el sábado 23 de febrero.

Toma policial del Hospital Vera Zurita, Maltratos y Detenciones arbitrarias.

Un patrón nacional recurrente en la represión gubernamental, se vivió con la toma por parte la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del hospital Vera Zurita en Santa Elena de Uairén desde el 23.02.2019, con la gravedad que se extendió por 10 días. Trancando el acceso y las salidas del hospital, impidiendo la entrada excepto de heridos o familiar directo, y las salidas. Realizaban requisas indiscriminadas; presionaron a personal médico y de asistencia para llevarse apresados a los heridos en protestas que estaban dentro de las instalaciones. Testigos denunciaron que varias personas fueron detenidas arbitrariamente del hospital al Fuerte Escamoto.

Lista persecutoria, allanamientos y detenciones arbitrarias.

En Santa Elena de Uairén,  diferentes testimonios confirmaron otro patrón de actuación por parte de los órganos de seguridad policial y militar en labores represivas que consiste en la grabación de manifestantes o toma de fotos, para luego buscar a manifestantes, perseguirlos, amedrentarlos y/o apresarlos a través de esos registros.

Testigos afirmaron a Provea que militares, cuerpos de seguridad y GNB, tenían una lista con nombres, apellidos, direcciones y usaban sus teléfonos con fotos y vídeos de manifestantes, líderes indígenas, autoridades legítimas, comerciantes y líderes sociales no indígenas.  La persecución y búsqueda se inició en las comunidades de Gran Sábana con alcabalas militares donde detenían a las personas, las requisaban y si estaban en la lista las dejaban detenidas. Se realizaron allanamientos ilegales a viviendas, de hoteles, posadas, de mercados, buscando a las personas que aparecían en las listas y como patrón recurrente efectivos robaron a las personas indígenas y no indígenas, despojándolas de teléfonos celulares, computadoras y otros bienes.  La amenaza y el terror se apoderó de comunidades indígenas.

Testigos afirmaron a PROVEA que militares gritaban “Maten a esos indios, tenemos autorización de matar a esos indios, vamos a matarlos. Tenemos orden de matar. Directo, apúntenlos bien, mátenlos. ¿Quieren plomo? entonces vamos a echar plomo¡”. La mayoría de los líderes huyeron por las trochas hacia Pacaraima, Brasil, mientras que las comunidades pemón decidieron que se trasladarían masivamente a sus conucos a las afueras de las comunidades en la selva ya que en “En peligro de su vida son los que están de frente contra el gobierno municipal”.  Un testigo afirmó “Primera vez que yo veo este tipo de acción en nuestro municipio, este es un municipio tranquilo, pero este fin de semana han sembrado y generado xenofobia y terror en los niños”.

El informe meticuloso, día por día de los eventos posteriores para documentar los eventos y señalar los responsables de la masacre continuada, COMPLETO AQUÍ

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