Narcoduro: Insaciable voracidad

– ACADEMIAS NACIONALES RECHAZARON LA MINERÍA ILEGAL EN EL ARCO MINERO

– EN PLENA PANDEMIA, DICTARON RESOLUCIÓN 010 QUE AUTORIZA LA EXPLOTACIÓN DE ORO Y DIAMANTES EN LOS RÍOS CAURA, CUCHIVERO, ARO, YURUARI, CUYUNÍ Y CARONÍ, cuencas vitales para el ecosistema amazónico.

REFORESTANDO UNA MINA DE ORO,… UN ÁRBOL A LA VEZ

S.O.S. Amazonas – Apocalipsis en la selva tropical – En el verano de 2019, las llamas devastaron la selva tropical de la Amazonía brasileña. Cuando arde el pulmón verde del mundo, los expertos y los políticos internacionales se asustan. La protección de este ecosistema único es esencial para todos.

 

Las imágenes de la selva amazónica en llamas causaron estupor en todo el mundo en el verano de 2019. De repente, la amenaza se hacía palpable: los pulmones del mundo se queman y, al unísono, los políticos, los publicistas y todos estuvieron de acuerdo: tenemos que hacer algo.

Porque sin la región amazónica, la Tierra tiene un problema de supervivencia. El Amazonas es el río más caudaloso del planeta y alberga la mayor biodiversidad del mundo. Esta región es hogar de muchos pueblos indígenas, cuyo hábitat está ahora altamente amenazado. Este documental refleja la catástrofe ecológica y humanitaria actual, y busca las razones del desastroso manejo de este ecosistema único. El documental se basa en las imágenes satelitales del INPE, el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales. Ricardo Galvão, renombrado científico y director del instituto, fue despedido por Bolsonaro, el presidente de Brasil, con el argumento de que los datos científicos eran incorrectos y dañaban la imagen del país. La información de 2019 muestra un aumento dramático en la tala ilegal. El cineasta Albert Knechtel hace un balance sobre el terreno: cruza Brasil desde la frontera boliviana hasta el Xingu, y viaja a través de la actual zona en crisis, encontrándose con expertos locales, críticos y personas afectadas que le ofrecen una visión global de la situación. Junto con ellos, explica el contexto de una región que se encuentra en una encrucijada, y cuyo futuro influye en el futuro del mundo entero.

El Arco minero del Orinoco, el megaproyecto de explotación minera de Venezuela.

Las Academias Nacionales expresaron al país su profunda preocupación por la ilegítima, inconstitucional e inconvencional actividad minera desplegada en los estados Amazonas y Bolívar, y principalmente en el denominado “Arco Minero del Orinoco”, zona en la que actúan de manera caótica e impune grupos irregulares.

Aseguraron que esta actividad minera resulta ilegal y viola los derechos de los pueblos indígenas y demás poblaciones locales, pudiendo incluso provocar su desaparición masiva.

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FLORANTONIA SINGER / El Pais .-“Aquí todo el mundo se convirtió en minero”. Armando Obdola ha- bla por teléfono desde el Estado de Bolívar, en el sur de Venezuela. Es presidente de la Asociación Ka- pé Kapé, que lucha por los dere- chos de las comunidades indígenas de ese territorio, 197 de ellas ubicadas dentro del llamado Arco Minero del Orinoco (unas 54.000 personas), una franja que ocupa el 12% del territorio nacional y que hace cuatro años el Gobierno de Nicolás Maduro declaró como zona estratégica de aprovechamiento económico.

Para el líder comunitario, con esta medida, que se tomó sin la consulta a todas las comunidades indígenas, la hecatombe estaba cantada.

El decreto desató una voraz extracción de minerales (sobre todo oro, pero también coltán y diamantes) sin control y la zona se ha convertido en escenario de graves violaciones de derechos humanos, según reveló la semana pasada la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. “Esto se pudrió como un mango”, agrega Obdola.

Hace unos meses, Obdola se reunió con los comisionados de Bachelet que elaboraron el informe. El documento recoge denuncias de explotación laboral, sexual e infantil, aumento de enfermedades, daño ambiental y presencia de grupos delictivos que controlan las minas y han desatado una violencia que llevó a los municipios de Caroní y Heres a tener en 2019 las tasas de homicidios más alta del país, con 97 y 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, según el Observatorio Venezolano de Violencia. En plena pandemia, Kapé Kapé también realizó una serie de entrevistas con indígenas que trabajaron en las minas para medir el impacto de esa actividad en las comunidades. Los testimonios recogidos en un estudio confirman en primera persona lo que dice el duro informe de Naciones Unidas, desestimado por el Gobierno. “Cuando comenzó la práctica de la minería en el [río] Caura, decidí dejar de elaborar más artesanía con la cual mantenía a mi familia con la intención de buscar una mejor calidad de vida para mi familia, esposa, hijos, hijas y nietos. Pero todo fue lo contrario, porque durante mi estancia allá solo gané enemigos, me enfermé, hice trabajo forzado, tuve amenazas de sindicatos [grupos armados que controlan las minas] para quitarme mis pertenencias”, relató a Obdola un indígena yekwana que trabajó seis años en la zona de Yuruani.

La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif. En vídeo, sus declaraciones sobre la situación de los mineros en Venezuela. / REUTERS

Captación de jóvenes

El líder comunitario también recogió testimonios en el Estado de Amazonas, en el suroeste -los indígenas al sur del Orinoco afectados por la minería son unos 172.000-. “El Cerro Yapacana ya no es un parque nacional, es una destrucción total, de la naturaleza, la tierra, el agua. Allá cualquier agua que uno bebe está contaminada y le empieza a pegar la diarrea. Hay mucho niño enfermo, hay muchos niños en todas esas minas”, le contó un profesor de 33 años de la etnia jivi que trabajó en una explotación entre noviembre y diciembre pasado. “Mi esposo trabajó de caletero [operario]. Estábamos contando con que nos pagarían 20 gramos de oro, que era con lo que queríamos salir de ahí para poder comprar la ropa de nuestros hijos en diciembre, pero nunca nos pagaron”, abundó la esposa (ninguno dio su nombre).

La grave crisis económica en Venezuela ha convertido la minería en un modo de supervivencia. De esas reservas minerales vive el Gobierno, asfixiado por la caída de ingresos petroleros y las sanciones. Pero no hay datos oficiales de lo extraído. El año pasado, Maduro comenzó a repartir minas a gobernadores e instituciones como vía para generar ingresos. Cientos de venezolanos han migrado para trabajar en esas explotaciones. La opacidad y la falta de información por parte del Gobierno sobre los planes para regularizar la actividad son parte de los reproches del informe de la Alta Comisionada de la ONU.

Una preocupación adicional que asoma es lo que supone para los pueblos indígenas la entrada en la minería como modo de vida. “La captación de jóvenes para actividades mineras y para grupos irregulares es una realidad en estos pueblos. Hay una transculturización de las comunidades indígenas. Van los padres a las minas y los niños crecen viendo que no hay alternativa y así se va pudriendo la sociedad”, dice Obdola.

El pasado abril, el Ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Almirante Gilberto Pinto Blanco – dictó la resolución 010, que autoriza la explotación de oro y diamantes en los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní, cuencas vitales para el ecosistema amazónico. Así, los ríos del Arco Minero del Orinoco también podrán ser explotados. La medida pone en riesgo a las etnias pemón, yekuana, sanema, yanomami y jivi, que viven en esas riberas. El informe de Bachelet recomienda revocar la resolución, que para Obdola empeorará lo que ya viene ocurriendo.

Almirante Gilberto Pinto Blanco, Ministro de Desarrollo Minero Ecológico

Obdola lo explica así: “Pasamos del país del hambre, que se siente en el estómago, al país de la miseria, que se siente en la cabeza”. Y una preocupación adicional que asoma es lo que supone para los pueblos indígenas la entrada en la minería como modo de vida. “La captación de jóvenes para actividades mineras y para grupos irregulares es una realidad en estos pueblos. Hay una transculturización de las comunidades indígenas. Van los padres a las minas y los niños crecen viendo que no hay alternativa y así se va pudriendo la sociedad”.

EXPANSIÓN DE LA FIEBRE DEL ORO

La fiebre del oro es tal que en algunas zonas aseguran que se ha secado el mineral. Dice Armando Obdola, presidente de la Asociación Kapé Kapé, que, según la cultura de algunas etnias, cuando la tierra se enfurece oculta sus riquezas. Eso explica, en su opinión, el hecho de que cada vez sea más difícil encontrar una veta de oro en El Callao, la principal zona aurífera del país (en el Estado de Bolívar), lo que ha llevado a algunos grupos delictivos que controlan minas a establecer una especie de racionamiento: dejan pasar a los pobladores a escarbar en la tierra solo una vez por semana para que lo que queda pueda ser aprovechado por todos. Ello ha conducido también a expandir la depredación, lo que ha desplazado a pueblos indígenas de sus territorios originarios. La explotación se ha extendido a parques nacionales como el de Canaima, y en el foco más grande, entre Las Claritas (Estado de Bolívar) y el kilómetro 88 de la carretera que termina en Brasil, ocupa una superficie similar a la de 6.300 campos de fútbol, según ha calculado la organización SOS Orinoco a partir de imágenes de satélite.

El 8 de abril, cuando el país atravesaba su tercera semana en cuarentena por el coronavirus, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico dictó la resolución 010 que autoriza la explotación de oro y diamantes en los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní, cuencas vitales para el ecosistema amazónico. Así, los ríos del Arco Minero del Orinoco también podrán ser explotados.

La grave medida, que pone en riesgo a las etnias pemón, yekuana, sanema, yanomami y jivi que viven en esas ribera, pasó sin mayor revuelo en un país con cada vez menos medios de comunicación, sumido en una grave crisis política, económica y social a la que pandemia ahora ha añadido una nueva dosis de caos. El informe de Bachelet recoge el tema y recomienda revocar la resolución, que para Obdola empeorará lo que ya viene ocurriendo. “Todos los daños por el uso desproporcionado de máquinas, del mercurio y la gasolina que fluye por los ríos ya los estamos viendo. La gente vive con enfermedades gastrointestinales, ya no se saca la misma cantidad de pescado, los animales se envenenan y la tierra no tiene el mismo poder. Aguas abajo del arco minero ya están los efectos. Esto es una mega crisis que avanza a paso acelerado”.

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