Michelle fulminó a Nicolás

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos. FOTO: F. Coffini / AFP

 

ASÍ RESPONDIÓ MADURO AL INFORME: Ascendió a “coronel” al principal violador de DD.HH

– BACHELET-ONU , DENUNCIÓ DETENCIONES ARBITRARIAS, TORTURAS Y DESAPARICIONES

– FAES, LA MÁS ASESINA; LE SIGUEN EL CICPC Y LA GNb

– 16 RECOMENDACIONES PARA MADURO MOROS

El ahora novel coronel Alexánder Enrique Granko Arteaga es el mismo que se ufana de haber ejecutado al piloto disidente Óscar Alberto Pérez. Es conocido por su profunda creencia en la brujería y el espiritismo –  Sebastiana Barráez

Michelle Bachelet presentó este jueves un nuevo informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en el que documentó 38 presuntas ejecuciones de jóvenes entre mayo de 2019 y mayo de 2020 a manos de las FAES y otras ramas de la dictadura chavista.

Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, expresó la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.

En un plano general sobre la crisis, indicó que la población venezolana continúa sufriendo “graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, persistentes carencias de los servicios públicos, precario acceso al sistema de salud”.

Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, el reporte contabilizó 1.324 muertes entre enero y mayo de 2020 en el marco de “operaciones de seguridad”.

Según el detalle, las FAES fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 y la Guardia Nacional Bolivariana de 136.

Nicolás Maduro y Michelle Bachelet

Bachelet reconoció que hubo una disminución de la tasa de homicidios en 2019, pero dijo que le siguen preocupando las muertes de jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad

También, criticó las recientes decisiones de la justicia chavista, que intervino a dos partidos opositores y nombró a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Según expuso, estas medidas “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.

La ex presidente chilena indicó que se ha continuado registrando “restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones a la libertad de expresión y derecho a la información, detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud, personas que protestaban por los servicios públicos”, así como los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional.

Entre las 16 recomendaciones del informe destinadas al régimen de Maduro, insta a restablecer funciones a la Asamblea Nacional, cesar las detenciones en régimen de incomunicación, especialmente por parte de los servicios de inteligencia y otorgar la libertad incondicional de todos los detenidos ilegal o arbitrariamente.

Además, pidió investigar y sancionar a los responsables de torturas y proteger y abstenerse de desacreditar a defensores de derechos humanos y periodistas.

Recomendaciones

“86. La Alta Comisionada considera que la mayor parte de las recomendaciones de su anterior informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/41/18) siguen siendo válidas.

Las siguientes recomendaciones tienen carácter complementario y pretenden orientar al Gobierno sobre la adopción de medidas concretas para abordar los problemas de derechos humanos identificados en el presente informe.

(a) Garantizar que las medidas excepcionales autorizadas al amparo del «estado de alarma» sean estrictamente necesarias y proporcionadas, limitadas en el tiempo y sujetas a supervisión y revisión independientes;

(b) Respetar, proteger y hacer plenamente efectivos los derechos a las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación pacífica, así como los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos políticos;

(c) Publicar el presupuesto anual de la Nación y los informes de gastos, garantizar el acceso a los datos clave para evaluar la realización de los derechos y restablecer la función supervisora de la Asamblea Nacional en la utilización de fondos públicos; (d) Abstenerse de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y a los profesionales de los medios de comunicación y adoptar medidas eficaces para protegerlos, entre ellas la adopción de un protocolo especializado para investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos;

(e) Revisar las políticas de seguridad para aplicar las normas y criterios internacionales sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos, en particular restableciendo el carácter civil de las fuerzas de policía, investigando los antecedentes, restringiendo las funciones de las «fuerzas especiales» y reforzando los mecanismos de supervisión interna y externa;

(f) Garantizar la investigación sistemática, rápida, eficaz y exhaustiva, con independencia, imparcialidad y transparencia, de todas las muertes llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados, y velar por la debida independencia de todos los órganos de investigación, para que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación;

(g) Cesar las detenciones en régimen de incomunicación, especialmente por parte de los servicios de inteligencia; garantizar que toda persona sometida a detención preventiva sea recluida en centros oficiales de detención preventiva sujetos a supervisión judicial, y trasladar a todas las personas detenidas en instalaciones de los servicios de inteligencia a centros oficiales de detención; (h) Garantizar el derecho a los alimentos, el agua y el saneamiento, la salud, la seguridad y la dignidad, de todas las personas privadas de libertad, incluso atendiendo las necesidades específicas de cada sexo;

(i) Abordar las causas subyacentes al hacinamiento y el retraso indebido de los procedimientos judiciales mediante una reforma integral de la administración de justicia;

(j) Emprender iniciativas específicas en el contexto de la pandemia de COVID-19 para garantizar el derecho a la salud y la seguridad de las personas detenidas, tales como la concesión de medidas alternativas a la A/HRC/44/20 17 privación de libertad al mayor número posible de presos, en consonancia con la protección de la seguridad pública;

(k) Proceder a la liberación incondicional de todas las personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, en particular mediante la aplicación de las decisiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria;

(l) Velar porque se investigue y sancione con eficacia a los responsables de los casos de tortura y malos tratos, y porque se fortalezca la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura con base a normas internacionales en materia de derechos humanos; (m) Garantizar una respuesta a gran escala liderada por las Naciones Unidas a la situación humanitaria, incluyendo un mayor acceso de los agentes humanitarios, facilitando el acceso del Programa Mundial de Alimentos, regularizando la presencia de las organizaciones no gubernamentales internacionales y garantizando la protección de todos los trabajadores humanitarios; (n) Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el regreso seguro, digno y voluntario, y la reintegración sostenible de los repatriados venezolanos; velar por su acceso a la atención sanitaria y la protección social, y defenderlos de la discriminación y la estigmatización;

(o) Profundizar en el compromiso con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos el sistema de procedimientos especiales, mediante la recepción periódica de visitas oficiales de los titulares de mandato;

(p) Facilitar el establecimiento de una oficina del ACNUDH en el país como medio eficaz para ayudar al Estado a hacer frente a los retos y problemas en materia de derechos humanos que se contemplan en el presente informe.

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