Maduro odia y mata más…

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ODIO : Alberto Barrera Tyszka / TNYTimes

– EL RÉGIMEN MÁS ASESINO DE AMÉRICA LATINA: 23.623 ejecuciones extrajudiciales entre 2016 y 2019

– SUPERARON LOS ASESINATOS DE VIDELA Y PINOCHET,…¡JUNTOS!

 

ILUSTRACIÓN: Manuel Guillén / La Prensa

IRIA PUYOSA

@NSC – 23.623 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela entre 2016 y 2019. Latinoamérica no ha conocido ningún otro régimen con tantos asesinatos como los que lleva el chavismo. – Con esas cifras superaron en apenas 3 años a las dictaduras de Chile, Argentina o Uruguay. [y no llevan 3 años en el poder]

@_PROVEA

Se multiplican abusos y detenciones en tiempos de cuarentena COVID-19: Maduro pide tregua, pero sus cuerpos represivos no dan tregua. Las detenciones por motivos políticos continúan de manera sistemática y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. – Provea

 

YOHANA MARRA @yohanamarra / Crónica Uno .- La encuesta sobre la Percepción Ciudadana de la Violencia y la Letalidad Policial, hecha por el Observatorio Venezolano de Violencia entre noviembre de 2019 y enero de 2020, arrojó que casi 70 % de los entrevistados considera que el trabajo de la policía es malo o muy malo.

Siete de cada 10 personas no confía en la protección de los cuerpos policiales, según la encuesta sobre la Percepción Ciudadana de la Violencia y la Letalidad Policial, hecha por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). La investigación se realizó en 1200 hogares, entre noviembre de 2019 y enero de 2020 .

Parte de los resultados que arrojó la investigación es que casi 70 % de los ciudadanos considera que el trabajo de la policía es malo o muy malo. También que 80 % de los encuestados rechaza que detengan a los jóvenes por su aspecto físico.

Sin embargo, el sociólogo Roberto Briceño León, director del OVV, comentó que es preocupante que casi la mitad de la población (44 %) apoye las detenciones sin una orden judicialY la tercera parte de la población apoya la idea de que los cuerpos policiales tienen derecho a matar.

Entre 2016 y 2019 al menos 23.623 personas fueron asesinadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad, según los datos que recopila el Observatorio.

En promedio 16 personas murieron a diario y 113 todas las semanas.

Briceño León explicó que la investigación acerca de la letalidad policial la iniciaron un año después de la ejecución de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Estos operativos empezaron el 13 de julio de 2015 en la Cota 905, donde se desplegaron los cuerpos de seguridad y según cifras oficiales asesinaron a 15 personas en un supuesto enfrentamiento, aunque los familiares dieron una versión contraria.

Desde 2016 las víctimas a manos de policías fueron en aumento. El OVV registró que ese mismo año asesinaron a 289 personas. Mientras que en 2017 fueron 344 fallecidos, en 2018 mataron a 721 ciudadanos y, en 2019, hubo 802 ejecuciones extrajudiciales.

El sociólogo agregó que entre 2016 y 2019 Venezuela tuvo la tasa más alta de letalidad policial del continente, incluso más alta que Brasil y Estados Unidos. En Brasil la tasa de letalidad policial es bastante alta.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el organismo que más muertes causó durante 2017 (49 %) y 2018 (48 %), pero en 2019 la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cometió la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales.

Las FAES no han disminuido el delito 

La encuesta también se refirió a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo élite de la PNB. Más del 69 % piensa que sus operativos no han disminuido el delito, mientras que más del 30 % considera que sí.

Cota905, Represión

Según los testimonios recopilados por Crónica.Uno con las familias que llegan a la medicatura forense de Bello Monte, en Caracas,  durante los operativos policiales las víctimas y sus familiares reciben malos tratos por parte de los funcionarios y algunos hasta presencian la muerte del supuesto delincuente.

Los parientes denuncian a los medios de comunicación, sin revelar sus nombres por miedo a venganzas, que los policías roban las pertenencias y comida de sus hogares después del operativo, que en algunos casos simulan enfrentamientos aunque la familia asegure que fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, han pedido la disolución de las FAES.  Además, han expresado su preocupación porque no se investigan estas muertes. Al contrario, el mandatario Nicolás Maduro ha expresado su apoyo a este cuerpo élite que según la ONG Priouris cometieron 1231 ejecuciones extrajudiciales en 2019.

Según la encuesta del OVV, menos del 10 % de las personas considera que los cuerpos de seguridad se apegan a la ley.

Briceño León indicó que es necesario reconstruir la dignidad del trabajo policial, pero las actividades fuera de la norma dañan su eficiencia y dignidad.

Hay que reorientar a las policías a su función básica de proteger a los ciudadanos, no al poder, dijo durante la presentación de la encuesta el jueves 23 de julio. 

Teoría y práctica del odio

Hace tres años, el gobierno de Nicolás Maduro instauró una ley contra el odio, un instrumento legal para promover la tolerancia en Venezuela. Pero en la práctica se convirtió en lo contrario: una forma eficaz para ejercer la violencia del Estado en contra de cualquier disidencia.

Una mujer con la bandera de Venezuela confronta una formación de la GNB durante una manifestación a favor de la oposición en marzo. Adriana Loureiro Fernández / The New York Times

 

ALBERTO BARRERA TYSZKA

The New York Times

Ciudad De México

Hace unos días en Caracas fue detenido el politólogo venezolano Nicmer Evans, director del portal de noticias Punto de Corte.

Funcionaros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del cuerpo de investigaciones criminalísticas allanaron su vivienda y —al no encontrarlo— retuvieron a su familia y, después de unas horas, decidieron llevarse a su abogado “en calidad de testigo”.

Es una práctica común de los cuerpos represivos del Estado venezolano. Como medida de presión ya antes se han llevado a padre, hijos menores de edad, e incluso mascotas de los ciudadanos que están buscando. Esa misma noche, Evans fue finalmente capturado. Luego pasaron 48 horas sin que nadie pudiera verlo o hablar con él. Es otro de los procedimientos policiales frecuentes en Venezuela: la detención trabucada en secuestro y desaparición.

Nicmer Evans acompañó al chavismo hasta el año 2013. Hace casi un año, contó cómo había sido su proceso y por qué se había separado de la autoproclamada “Revolución bolivariana”.

La orden de aprehensión firmada por un juez lo acusa de “promoción o incitación al odio”. Tampoco es una novedad. No se trata de un caso especial, aislado. Es parte de un sistema que ha instrumentalizado el odio para poder ejercerlo con absoluta impunidad en contra de cualquier disidencia o crítica.

En la presentación ante el tribunal para ratificar la privativa de libertad, según reseña el propio portal Punto de Corte, el juez José Mascimino Márquez dijo que a Evans se le imputa el delito de promoción del odio por “unos señalamientos a Globovisión y a Maduro en unos tuits que sugieren una ‘narcodictadura’”. Aunque parezca absurdo, incluso ridículo, este argumento funciona para mantener preso a Evans.

Su caso se suma a la lista de venezolanos que —a cuenta de la supuesta promoción del odio— terminan en la cárcel. Ahí entran desde un trabajador del metro que se quejó en Facebook de que con su sueldo no podía comprar el detergente para lavar su uniforme; hasta unos bomberos que filmaron y subieron a las redes un video parodiando a Maduro, pasando por un periodista que osó publicar información sobre la situación hospitalaria, en tiempos de pandemia. En lo que va de este año ha habido al menos 21 detenciones vinculadas con las llamadas “instigaciones al odio”.

En agosto de 2017, Maduro le solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un institución fraguada y elegida fraudulentamente para competir con el parlamento que controlaba la oposición, que redactara una nueva ley para regular y castigar los mensajes de odio social que, según él, eran los responsables de las protestas que sacudían al país. En noviembre, la encomienda ya estaba terminada. La actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez, entonces presidenta de la ANC, siempre comedida, ofreció al mundo ese nuevo instrumento legal, asegurando que “queremos exportar paz, amor, tolerancia”. Tres años después, los informes sobre la situación de los derechos humanos en el país señalan que el Estado en Venezuela detiene ilegalmente, secuestra, tortura de diferentes maneras y es responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales.

Se trata de un proceso perverso: la revolución fatalmente ha privatizado el odio. Ahora se adjudica incluso de poder de legislarlo y utilizarlo en contra de cualquiera que considere su adversario. La desfiguración del sistema de justicia ha dado paso a una estructura irregular, donde diferentes factores de poder pueden actuar de manera conjunta o separada, según sus intereses, incluso según sus propios caprichos. Cualquier cosa puede ser considerada una instigación al odio.

Un instrumento legal que, en teoría, pudiera ser un mecanismo ideal para regular la intolerancia, en la práctica se convierte en lo contrario: en una forma eficaz para ejercer la violencia del Estado en contra de los ciudadanos. El espejismo de la revolución necesita permanentemente ser traducido.

Un claro ejemplo de este espejismo está en un ensayo que publicó esta semana William Ospina. Todo el análisis que propone el escritor colombiano sobre Venezuela se sostiene, en el fondo, en un acto de fe: él cree que Chávez originalmente era bueno pero que las fuerzas que se le oponían —las élites nacionales y el imperialismo— lo empujaron a hacer cosas malas. Este esquematismo devocional pretende explicar la historia, simplificándola. También en su momento, cierta derecha apeló al ataque comunista para justificar la represión en las dictaduras de Videla o de Pinochet. La realidad siempre es más compleja.

Unos días antes de la detención de Nicmer Evans, Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó una actualización de su informe sobre la situación en Venezuela. Alertó sobre el aumento de casos torturas: “Fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos […], descargas eléctricas en los párpados […] y en los genitales”. Estos son los subtítulos que hay que leer cada vez que el chavismo hable en contra del odio y a favor del amor y de la tolerancia.

Alberto Barrera Tyszka es escritor. Su libro más reciente es la novela Mujeres que matan.

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