Los “Priones de la Gente Loca”

«La encefalopatía espongiforme bovina, también conocida popularmente como la enfermedad de las vacas locas, es una enfermedad causada por priones, y que se puede transmitir a los seres humanos a través del consumo de partes de animales infectados, sobre todo tejidos nerviosos”.

– “LOS CHAVISTAS SIENTEN PÁNICO PORQUE SABEN QUE NO TIENEN SALIDA” – INFOBAE

– ECUADOR, CHILE Y BOLIVIA: QUÉ PASÓ Y QUÉ PASA AHORA EN ESTOS TRES PAÍSES EN CRISIS

 

ECUADOR: de la marcha indígena a la calma

Clarín.com.La protesta social en Ecuador se activó a partir de una serie de medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno, anunciadas el 1° de octubre de 2019, entre ellas, la eliminación de subsidios al diésel y a las gasolinas de uso extendido, que en conjunto implicaban una recaudación fiscal anual extra de US$ 1.500 millones (valor estimado de los subsidios anuales).

En principio, esa medida llevó a los gremios del transporte (taxis, buses, etcétera) a una paralización para presionar, si no por la derogación de la medida, por la aplicación de compensaciones y subsidios directos y cruzados en su favor, tal cual ha sido su vieja costumbre gremial y corporativa.

Eso en efecto ocurrió, pero antes se desataron protestas sociales en las grandes ciudades, digamos, «espontáneas», que tomaron formas violentas con grandes saqueos incluidos, sobre todo en Guayaquil y en menor escala en Quito y Cuenca. En ese contexto, el gobierno se aferró a lo suyo, no derogó el decreto 883, pero sí concedió grandes beneficios arancelarios y tributarios extras a los gremios del transporte, que enseguida levantaron la medida de hecho que había paralizado el transporte en todo el país.

En paralelo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización de masas del país, se opuso a la misma medida, pero no demandaba solo la derogatoria del famoso decreto 883, sino que cuestionó el modelo económico en sí que se aplica en Ecuador con el aval del FMI y de otros multilaterales (particularmente el BID).

Su postura era (es) clara: cambiar el modelo económico actual, por excluyente, y empobrecedor de amplias capas sociales del Ecuador (campesinos, obreros, empleados públicos y privados, pequeñas empresas, etcétera). En ese sentido la Conaie activó a sus fuertes bases sociales, sobre todo en las zonas andinas y amazónicas, donde tiene gran presencia, organización y despliegue social.

Decenas de personas participan en el décimo día de protestas contra el Gobierno de Lenin Moreno, el 12 de octubre / EFE

El paro anunciado por la Conaie para el 9 de octubre (cuando los transportistas habían depuesto su medida y habían logrado todos los beneficios del gobierno), por tanto, es de naturaleza muy distinta: los indígenas cuestionaron las bases mismas del esquema económico vigente en Ecuador, país que está por cumplir 20 años de dolarización (9 de enero de 2000) y que atraviesa por una severa crisis fiscal, alto endeudamiento externo y estancamiento del PIB (que este año será de casi cero).

La Conaie exigió la derogatoria del decreto 883, pero el gobierno los consideró inamovible y no negociable hasta que debió cambiar de opinión. El paro empezó el 9, con enormes movilizaciones indígenas y campesinas que marcharon directo hacia la capital (Quito), la cercaron, la coparon. Fueron reprimidos como nunca en medio de la declaratoria de emergencia, estado de sitio y toque de queda, que puso a las fuerzas armadas y policía en control de las calles y plazas del país. El clímax de esta protesta sin precedentes en los últimos años en Ecuador se dio entre los días 12 y 13 de octubre, cuando las marchas arreciaron y las protestas no se detuvieron. Eso obligó al gobierno a derogar el decreto 883 y el presidente se sentó con la dirigencia de la Conaie para discutir la finalización del paro. En un hecho sin precedentes, el presidente accedió al pedido de la Conaie y dialogó cara a cara con sus dirigentes, a través de los medios de comunicación, el país los vio en vivo y en directo.

Actualmente, el gobierno de Lenin Moreno negocia con la Conaie un nuevo paquete de medidas. La organización de base indígena exigió días pasados a la Asamblea Nacional (Parlamento) que archive el proyecto de «Ley de Crecimiento Económico», origen de las protestas. En medio de desencuentros y de faltazos a las reuniones por parte de la Conaie, pero sin tensión en las calles, Moreno, había anunciado que su gobierno no decretará nuevos recortes económicos hasta concluir la fase de diálogo con todos los sectores sociales que se alzaron contra la ya derogada suba del precio de las naftas.

CHILE: protestas en continuado

El origen de las protestas en Santiago de Chile, y que luego se extendieron al resto del país y que aún continúan, fue el alza en la tarifa del sistema público de transporte de Santiago, que entró en vigor el domingo 6 de octubre de 2019. Tras el aumento de las tarifas, centenares de estudiantes se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el Metro de Santiago.

La situación se agravó el día viernes 18 de octubre de 2019, cuando progresivamente fueron cesadas las operaciones de toda la red subterránea por el enfrentamiento de una multitud con los Carabineros, lo que llevó al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, a interponer querellas por delitos contemplados por la Ley de Seguridad del Estado contra quienes hubieren cometido daños, saqueos e incendios.

FOTO: Bloomberg

La noche del día viernes 18 de octubre se realizaron protestas y disturbios violentos en distintas ciudades del país. Como consecuencia, en la madrugada del sábado 19 de octubre el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia y el toque de queda a partir de la noche de ese día​.

Las protestas se han caracterizado por la ausencia de líderes y la incorporación, en distintos niveles, de un amplio espectro social, desde la clase baja a la media alta, que poco a poco fueron sumando exigencias y reclamos.​ Aunque la causa inmediata puede atribuirse al alza tarifaria del transporte público, las concentraciones populares pronto expusieron sus causas mediatas: el alto costo de la vida,​ las bajas jubilaciones, precios elevados de fármacos y tratamientos de salud, de la educación y un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia Constitución del sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet.​

Desde entonces, todos los días de producen marchas y movilizaciones en Santiago, con epicentro en la Plaza Italia y también en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, sede del gobierno, algunas más pacíficas y otras más violentas, protagonizadas por jóvenes encapuchados que no responden a líderes u organizaciones políticas, al menos visiblemente

La protesta en Chile / AP

Según datos oficiales, murieron 21 personas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hubo al menos 2009 personas hospitalizadas, aunque la Cruz Roja Chilena elevó la cifra a más de 2500 personas heridas. Además, señaló que los detenidos son 5.629.

El gobierno de Piñera ha tenido desde que estalló la crisis una política errática. Primero la subestimó, luego admitió que no había advertido la profundidad del malestar social e intentó, con un cambio de gabinete, cambiarle la cara a su administración. Con la calle exigiendo su renuncia, comprendió que con eso no alcanzaba y aceptó comenzar a discutir una «agenda social» que incluye las demandas ciudadanas, surgidas de los «cabildos» que comenzaron a organizarse a lo largo del país.

Incluso ahora, Piñera parece dispuesto a discutir una reforma de la Constitución que incorpore derechos sociales. La pelea ahora es quién y cómo se reforma la Carta Magna: mientras que el gobierno pretende hacerlo a través de un «Congreso Constituyente» (es decir que sea el actual Parlamento mas organizaciones sociales el que elabore los cambios), sectores de la oposición exigen la convocatoria a elecciones constituyentes y la conformación de una Asamblea que cambie de raíz el texto heredado de la dictadura.

BOLIVIA: de una elección fraudulenta a la caída de Evo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció el domingo 10, después de tres semanas de protestas contra su polémica reelección el 20 de octubre y tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y la Policía.

El 20 de octubre se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con Evo y Carlos Mesa como favoritos para pasar al balotaje. Morales, primer jefe de Estado indígena en Bolivia y en el poder desde hace 13 años, buscaba un cuarto mandato, pese a que esa posibilidad fue rechazada en un referéndum en 2016, antes de ser avalada por la justicia, calificada de afín al ahora ex presidente.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, recibe a Evo Morales, y a Alvaro García Linera, renunciantes presidente y vicepresidente de Bolivi, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 12 de noviembre de 2019. Morales llegó el martes como asilado político en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. – Xinhua / David de la Paz

En la noche de la elección, Morales lideraba el conteo con el 45,28% de los votos frente a Mesa (38,16%), pero esos números pronostican una segunda vuelta, algo sin precedentes en la carrera del presidente, con el 84% del escrutinio. Para evitar un balotaje, el candidato principal debía obtener una mayoría absoluta o al menos el 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.

La oposición y los observadores internacionales criticaron el lento ritmo de las autoridades para proporcionar el resultado final, temiendo un posible fraude. Comenzaron las  manifestaciones opositoras en las calles denunciando fraude.

El lunes 21 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgó el 46,4% de los votos a Morales, contra 37,07% para Mesa, con el 95,63% del conteo realizado. La brecha se acercaba a los 10 puntos necesarios para ganar en primera ronda. Mesa denuncia «fraude» y en varias regiones estallaron incidentes violentos, que incluyen incendios, enfrentamientos con la policía y saqueos. Grupos de manifestantes opositores quemaron tres oficinas regionales del TSE en Potosí (suroeste), Sucre (sur) y Cobija (norte).

El 22, organizaciones ciudadanas convocaron a una huelga general por tiempo indeterminado. Y un día despues, Evo Morales denunció que estaba «en proceso un golpe de Estado», por parte de la derecha boliviana, con apoyo internacional. La huelga, replicada en todo el país, es salpicada de incidentes entre partidarios de ambos lados.

Manifestación a a favor de Evo Morales en La Paz / Reuters

El viernes 25, tras los resultados finales, Morales es declarado oficialmente ganador con el 47,08% de los votos frente a 36,51% de Mesa. Pero, la oposición, la Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), Colombia y Argentina demandan un balotaje.

El lunes 28, la protesta se intensifica con numerosos bloqueos y enfrentamientos con la policía o entre simpatizantes y opositores de Morales. El 31, comienza una auditoría de la OEA sobre el recuento, solicitada por el gobierno pero rechazada por la oposición. Y el 2 de noviembre, Luis Fernando Camacho se erige como el rostro más visible y radical de la oposición, al llamar al ejército y la policía a «ponerse del lado de la gente» e instar al presidente a renunciar.

El viernes 8 de noviembre, tres unidades policiales se amotinan en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Se observan escenas de fraternización entre policías y manifestantes en La Paz y la rebelión se extiende a otras regiones del país.

El domingo 10, Evo Morales anuncia que convocará «nuevas elecciones nacionales que, mediante el voto, permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a nuevas autoridades».

Los militares patrullan las calles en Bolivia / Reuters

Poco antes, al dar a conocer el informe preliminar de su auditoría, la OEA había exigido la anulación de las presidenciales de octubre y la realización de nuevos comicios. La organización aseguró haber encontrado varios «irregularidades» en su análisis de los comicios.

Ante el creciente descontento en las calles, las Fuerzas Armadas y la Policía instan a Morales a renunciar. Finalmente, desde su región natal en el centro de Bolivia, Cochabamba, Morales anuncia su renuncia después de casi 14 años en el poder. Y este martes, aterrizó en México, a donde viajó tras recibir el asilo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador

 

“Los chavistas sienten pánico …

El analista político español, Carlos Malo de Molina. que trabajó estrechamente con la oposición venezolana en la diagramación de una hoja de ruta para una transición democrática, sostuvo que “no falta tanto” para que se produzca un cambio en el país

Sede de la Asamblea Nacional en Caracas

DARÍO MIZRAHi / Infobae .-A diez meses de que la Asamblea Nacional declarara ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro y nombrara presidente encargado a Juan Guaidó —reconocido por más de 50 países—, la salida de la crisis venezolana parece estancada. A pesar del agravamiento del desastre humanitario y de la acumulación de sanciones para ahogarlo financieramente, el régimen chavista continúa aferrado al poder.

Carlos Malo de Molina es analista político y asesor en distintos países de América Latina. Desde hace tres años trabaja con diferentes sectores de la oposición en la elaboración de un plan para lograr una transición ordenada hacia la democracia en Venezuela.

En ese contexto desarrolló una “hoja de ruta para la democracia”, que fue consensuada por los distintos grupos que participaron del proceso. El proyecto original tenía 25 puntos, que fueron luego resumidos en diez.

Contempla la concesión de una amnistía a los miembros del régimen que cooperen con la salida, la constitución de un gobierno de transición —integrado por ocho miembros de la oposición y cuatro del chavismo— y la celebración de elecciones libres en un plazo de nueve a doce meses, de las que no podría participar el presidente provisional.

A pesar de los pocos avances que se produjeron en los últimos meses, Malo de Molina se mostró optimista en esta entrevista con Infobae. “Creo que no estamos tan lejos”, dijo. Si bien vaticinó que habrá un gobierno democrático a esta altura del año que viene, dejó en claro que será imperioso pagar algunos costos para que eso suceda. “El precio es dar una amnistía”, sostuvo.

—El año comenzó con el impacto que generó la irrupción de Juan Guaidó en la escena política venezolana y el desconocimiento de muchos países a la administración de Nicolás Maduro, pero termina con menos cambios de los esperados. ¿Cómo diría que está hoy el proceso de transición en Venezuela?

—En cualquier momento se puede desencadenar la solución o se puede enquistar como ahora. Pero soy optimista y creo que no falta tanto. Hacen falta algunos movimientos, pero hay mucha confusión de intereses cruzados de todo tipo a nivel internacional.

—Cuando surgió la figura de Guaidó, con todo el apoyo interno y externo que recibió, parecía inminente la salida de Maduro. Hoy, varios meses después, algunos analistas piensan que ya pasó su momento. ¿Cree que está en condiciones de recuperar la iniciativa?

—La iniciativa no es sólo de Guaidó. Él es parte importante y está haciendo un magnífico trabajo, pero es una operación de largo alcance. El 90% de la población está a favor de un cambio, el sistema está colapsado, es dictatorial y se han cometido crímenes de lesa humanidad. La economía no funciona y está estrangulada a niveles llamativos. En el mundo hay pocos países en los que hay hambre de verdad y en Venezuela hay, hambre profunda. Hay gente que puede morir de hambre o que está en situación de desnutrición grave.

El 90% de la población está a favor de un cambio, el sistema está colapsado, es dictatorial y se han cometido crímenes de lesa humanidad

El presidente encargado a Juan Guaidó (reconocido por más de 50 países)

—Hay un testimonio muy claro de la crisis humanitaria que es la impactante ola de emigrantes. Ya son más de cuatro millones y se estima que van a ser más. ¿Cómo influye esto políticamente? Porque en cierta medida funciona como una válvula de escape, porque quienes no aguantan más la situación no protestan, se van.

—Esto se produce en 15 días, en un mes, en tres meses o tarda mucho. Pero la situación es totalmente insostenible. Es verdad que la gente que sale de allí y luego manda dinero genera una entrada de divisas. Pero no funciona nada, está todo colapsado y sigue la delincuencia a límites insospechados. Así no creo que pueda aguantar nadie. Los que gobiernan tienen pánico más que miedo, porque son conscientes de la realidad de los problemas, saben que no tienen solución y que cada día que pasa es peor. Lo único que hay que ver es cuál es la fórmula de salida. Tiene que haber una transición. ¿Por qué? La cuestión es darle una salida al régimen y además estructurar, a partir de esa salida, una democracia. Una transición con control de la oposición, pero con la participación de parte de los actuales gobernantes, para ir levantando la situación, buscando recursos económicos y preparando las elecciones. Incluso con una reforma exprés de la Constitución que posibilite la doble vuelta, para no exigir que haya una unidad total de la oposición, porque eso facilitaría una situación de emergencia que no sería buena para el desarrollo democrático.

—Para que haya una transición en estas condiciones tendría que haber cierto tipo de negociación con algunos elementos del régimen. Esa instancia parece obturada en este momento. Hubo un intento de diálogo en Barbados, pero no dio frutos. ¿Cómo se puede llegar a esa negociación?

—Lo de Noruega y Barbados no era una buena vía. No se necesita un diálogo, sino algo de negociación. Creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo sobre eso. Pero esa salida tiene que garantizar algunas cosas que son complejas. En caso de que acepten una salida inmediata, tiene que haber una amnistía, no puede ser de otra manera, desgraciadamente. Pero con un control y con algo de castigo a los culpables.

—¿Cómo sería esta amnistía?

—Si ellos se van mañana y posibilitan que se forme un nuevo gobierno, los más importantes se irían a un país determinado en el que no estarían en libertad total, sino bajo control de fuerzas internacionales, pero no se los podría tocar ni procesar. Y a las cientos de miles de personas relacionadas con el régimen, que podrían ser juzgadas, habría que amnistiarlas. Pero para que sea efectivo habría que exigir que todo el dinero mal habido que se les encontrara sea embargado y vaya al gobierno venezolano.

—De un modo u otro, esta oferta está sobre la mesa desde hace tiempo. El Departamento de Estado estadounidense ha planteado propuestas en esa línea. ¿Por qué si los miembros del régimen no la aceptaron en los últimos meses accederían ahora?

—Yo he hablado con mucha gente. No puedo decir nada porque estropearía lo avanzado, pero creo sería un modelo aceptable. Algunas de las cosas que he hablado con unos y con otros han salido, como esa posición del Departamento de Estado, que proviene del mismo eje. Llevo muchas conversaciones con distintos interlocutores desde hace años, y veo que esa solución es la más factible y estamos cerca de conseguirla.

—Uno de los factores que explican que Maduro continúe en el poder es que conserva el respaldo de los jefes de la Fuerza Armada…

—Yo no estaría seguro del todo de eso. No puedo decir mucha de la información que tengo y de lo que he hablado, pero creo que en la Fuerza Armada hay un acuerdo de hacer lo que tengan que hacer todos juntos. Ellos tienen clarito que lo que les gustaría es ser un instrumento de la paz y del desarrollo de un buen ejército del futuro, defensor del nuevo modelo democrático, donde no tengan un papel de liderazgo sino el que les corresponde en cualquier país.

FOTO: Juan Peraza / La patilla

—¿Usted dice que Vladimir Padrino López y otros jefes militares apoyan públicamente a Maduro, pero en la intimidad no lo respaldan y preferirían una transición?

—Hay un deseo generalizado de salir de esta situación, porque es invivible e insufrible para todos.

—¿Pero por qué no han dado el paso de decir que reconocen a Guaidó como presidente encargado?

—Porque a lo mejor no se han discutido los elementos clave. Creo que no estamos tan lejos, aunque no se puede pasar toda la vida estando cerca y sin conseguir nada. Pero esto no quiere decir que no se produzca. Sé que casi conseguirlo sería un desastre, sería no conseguirlo. Pero lo estamos rozando y es posible que se consiga. La base del Ejército lo tiene clarísimo. Los mandos intermedios diría que también. Y los mandos de arriba están a favor de una alternativa que sea integradora.

Me han confirmado desde adentro que los chavistas tienen pánico porque no tienen salida.

—Hay sectores de la oposición que plantean como única salida posible una intervención militar extranjera para deponer por la fuerza a Maduro. Otros piensan que sería muy peligroso y que podría terminar en un baño de sangre. ¿Cree que sería una alternativa viable?

—Es una alternativa. En una democracia lo importante es lo que piensan los ciudadanos, y la mayoría está muy a favor de esa alternativa. Pero creo que no es la que se va a producir. La presión sirve. Es bueno que el mundo entero sepa las dificultades del país y que cada día que pasa es peor, y que los protagonistas y responsables reflexionen y sepan que lo pueden tener muy feo. En las conversaciones que he tenido por un lado y por otro me han confirmado, desde adentro, que los chavistas tienen pánico porque no tienen salida. Evidentemente no es justo que se vayan de rositas, pero si es el precio por la puesta en marcha de un gobierno de transición, de las libertades y del comienzo de un proceso económico que se va a producir antes o después con ayuda internacional, pues habrá que pagarlo. Eso no significa que haya una negociación o un diálogo en igualdad. Se trata de imponer. Pero hay que pagar algo y el precio es dar una amnistía, que no se merecen, pero se paga, salimos, miramos para otro lago y nos despedimos todos. Yo siempre hablé de 40 dirigentes, que tendrían que irse a un país, quedando medio recluidos, medio en libertad, pero bajo control, y que nunca puedan volver al país.

—¿Cree que va a haber democracia en Venezuela de acá a un año? ¿Qué debería ocurrir ahora para que eso suceda?

—Creo que sí va a haber. No sé si el pesimismo es de gente pesimista o de personas interesadas en bombardear el sistema, pero creo que va a haber. Evidentemente, los chavistas se tienen que ir del país y tienen que estar controlados, debe hacerse un gobierno de transición, y tiene que haber elecciones en las que se puedan presentar todos los partidos, aunque el presidente del gobierno de transición no debería poder postularse. Para preparar todo están los nueve o doce meses de transición. Para preparar al Ejército para esa nueva etapa, en la que ellos estarían orgullosos de hacer ese papel. Y paciencia, trabajar mucho y que no se crucen intereses como las luchas políticas internacionales.

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