Justicia para “El Día Después”

ILUSTRACIÓN: Raúl Azuaje

DEMANDAS DE JUSTICIA ANTE UN PROCESO TRANSICIONAL EN VENEZUELA

  • ÍNDICE
  • JUSTIFICACIÓN
  • METODOLOGÍA
  • PRESENTACIÒN DE RESULTADOS

-ACTORES QUE PUEDEN SER SUJETOS DE NEGOCIACIÓN

-POSIBLES FORMAS Y MECANISMOS DE SANCIÓN

-CAPACIDADES Y APOYOS REQUERIDOS PARA INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CASOS DE CORRUPCIÓN

-EQUIPOS DE INVESTIGACIÒN Y CASOS A INVESTIGAR

-NECESIDAD DE APOYO INTERNACIONAL

-CREACIÓN DE INSTANCIAS ESPECIALES

-PERTINENCIA DE UN MECANISMO HETERODOXO

-LA RUTA PARA EL ENFRENTAMIENTO A LA GRAN CORRUPCIÓN EN LA TRANSICIÓN POLÍTICA

 

 Transparencia .- JUSTIFICACIÓN: En Venezuela, la corrupción ha sido causa y consecuencia de la compleja situación de múltiples crisis simultáneas que se retroalimentan entre sí, como un espiral de creciente destrucción de las instituciones, los servicios públicos, la producción nacional, la seguridad ciudadana, la participación política de las fuerzas de oposición, la accesibilidad y exigibilidad de derechos políticos, económicos, sociales y culturales y —en general—, todos los elementos que conforman la vida de una nación.

Esta nueva Gran Corrupción del periodo 1998-2018, exhibe los rasgos propios de la conceptualización de un fenómeno caracterizado por producirse en las más altas esferas de poder; tener conexión o apoyo de redes internacionales; cooptar el poder judicial que permite ampararse en altos grados de impunidad y causar daños masivos a la ciudadanía. Ha sido impulsada, incentivada y protegida desde el alto poder político—a través de un discurso de cambio revolucionario contra el status quo, y un modelo de destrucción del sistema republicano de separación de poderes, utilizando indistintamente para su consolidación la represión brutal, la intimidación, instrumentos legales ad hoc, la sumisión, el control social y el acondicionamiento con prácticas de premio— castigo.

Desde muy temprano en el período chavista, la corrupción necesitó de la impunidad a través del “control” del sistema de administración de justicia y del aparato militar. Ese “control” se dio directamente con la toma de posiciones estratégicas como son los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, fiscales, jueces y contralor; e indirectamente, con prácticas de intimidación —como el modelo del caso de la jueza Afiuni—, reducción del presupuesto a los órganos de control, mantenimiento de la provisionalidad de nombramientos en cargos que requieren autonomía e independencia, hasta extorsiones.

Un área importante a considerar es la situación de los sistemas policiales, sobre todo los responsables de las investigaciones de crímenes complejos y corrupción, que deben ser órganos auxiliares de las fiscalías anticorrupción, imprescindible en las investigaciones. No contamos con información suficiente sobre su situación actual, pero estimamos que deben estar desactualizados por falta de recursos, por falta de práctica en investigaciones de corrupción, por la falta voluntad política para realizar estas investigaciones desde hace más de 15 años, y también por la lejana relación de estos cuerpos policiales con los centros mundiales de capacitación, actualización, tecnología; así como la poca colaboración con los sistemas policiales de los países donde se han instalo miembros de las redes de corrupción: USA, España, Panamá, Colombia, Suiza, Andorra, Reino Unido, etc.

El impacto de la gran corrupción, hoy caracterizado como Emergencia Humanitaria Compleja , la sufren los venezolanos de todos los sectores y de todos los grupos socioeconómicos, aunque obviamente la población de menores ingresos y menos nivel educativo es la más vulnerable, con más profundo sufrimiento y devastadoras consecuencias. Son millones los venezolanos que tienen un legítimo reclamo de justicia contra los protagonistas de la gran corrupción, líderes del Estado corrupto responsables de robos gigantescos a lo público que condujeron a múltiples violaciones, como los casos de los torturados, presos políticos, las familias de los asesinados por la represión, los expropiados o confiscados, los exilados, refugiados, migrantes, los muertos o personas con agravamiento de su condición por fallas del sistema de salud, los niños afectados o fallecidos por desnutrición, los secuestrados, las víctimas de robos, violaciones, abusos, y una larga lista de víctimas por déficits de agua, luz, alimentos, medicinas, sin que se vislumbre a futuro una ruta para la solución o atenuación de esta tragedia.

 

Frente a esta situación, cabe plantear algunas preguntas:

  • ¿Con qué cuenta Venezuela para investigar el gran robo y destrucción de “lo público” ocurrido en los últimos 20 años?
  • La Fiscalía General de la República, las Fiscalías Anticorrupción y los Tribunales ¿serán capaces de asumir la responsabilidad de luchar contra la gran corrupción, cosa que no han hecho en los últimos 20 años, con efectividad y autonomía?
  • ¿Cual será el rol y tareas del TSJ en la lucha contra la corrupción cuando llegue la transición democrática?
  • ¿Qué tan preparado estará el país para cuando, por algún mecanismo democrático y pacífico, tengamos que iniciar la reconstrucción de la nación?
  • ¿Cómo nos preparamos para generar propuestas y mecanismos efectivos, confiables y posibles de justicia transicional?
  • ¿Cómo lograr consensos para combinar la legítima necesidad de justicia con el necesario cambio democrático?
  • ¿Con qué organismos de justicia contaremos para las investigaciones, procesamiento y sanción de los responsables y beneficiarios de la Gran Corrupción?
  • Para conocer la opinión y percepción de grupos predetermnados realizamos una consulta en el mes de abril de 2019

 

La metodología del estudio consistió en la realización de una consulta realizada a través de la elaboración y distribución intencional (no al azar) de un instrumento entre personas que por su trayectoria y experiencia, se estimó podían ofrecer opiniones y apreciaciones útiles a los efectos de cumplir los objetivos de la investigación. La encuesta incluyó 16 preguntas, las cuales principalmente giraron en torno a posiciones respecto a la posibili-dad de otorgamiento de amnistía o perdón, sujetos posibles beneficiarios en procesos de juicio por corrupción, tipos de beneficios o sanciones a considerar, casos en los cuales sería posible una negociación, instancias a eliminar o crear, capacidades nacionales disponibles para enfrentar la lucha anticorrupción, requerimientos de apoyo internacional; todo ello con la intención de identificar mínimos compartidos acerca de cada uno de estos aspectos y alimentar propuestas de política en función de un posible proceso transicional.

La encuesta fue respondida por 106 personas cuya distribución porcentual según género fue la siguientes

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GÉNERO

De acuerdo con rangos de edad, el grupo de consultados se distribuyó así:

Con relación a la procedencia laboral o área de desempeño de las personas que respondieron la encuesta, la distribución porcentual es la siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN UBICACIÓN LABORAL

Adicionalmente, se realizó una consulta a nueve (9) expertos con la finalidad de realizar un acercamiento mayor y de carácter más especializado respecto a ciertos temas de especial interés. Con esta consulta, se quiso disponer de la opinión informada y solvente de per-sonas con trayectoria en el tema, reconocidas por su experiencia y capacidad para hacer validaciones, emitir juicios y opiniones calificadas.

VEA : EL INFORME COMPLETO

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