Filipinas: ¿Otra dictadura más?

LA MEDIDA ESPECIAL –Estado de Emergencia– llega después del atentado en Davao, en donde el nuevo presidente Rodrigo Duterte fue alcalde y su hija Sara ahora ejerce el cargo. La receta: luchar contra el terrorismo y consultar a los grupos rebeldes islámicos

ILUSTRACIÓN: Raúl Azuaje

PAOLO AFFATATO .- Cambio político en Filipinas: el presidente Rodrigo Duterte, antes de viajar hacia la cumbre de la Asociación de los países del sureste asiático, en Laos (y a quien los periódicos de todo el mundo han dedicado recientemente varias páginas por sus frases ofensivas contra Obama), declaró el Estado de emergencia nacional.

La medida, explicó un vocero, fue adoptada después del ataque terrorista que vivió el 2 de septiembre la ciudad de Davao, en el sur del archipiélago, y que provocó 14 muertos y 71 heridos.

Duterte fue alcalde durante 23 años en Davao, ciudad con dos millones de habitantes en la isla de Mindanao.

El atentado, que se verificó mientras Duterte estaba visitando la ciudad, fue reivindicado por Abu Sayyaf (“la espada de Dios”), grupo terrorista activo desde 1991 que lucha por la secesión y la creación de un estado islámico en las Filipinas meridionales.

El estado de emergencia, técnicamente en vigor desde el 5 de septiembre, confiere al presidente (a pesar de que no se trata de la «ley marcial») el poder de utilizar las Fuerzas armadas para tutelar la seguridad nacional. Según Duterte, la medida servirá para contrarrestar el extendido «estado de ilegalidad» que se vive en el país, en el que el crimen común se alía con de grupos terroristas a los que hay que derrotar.

La medida fue recibida con preocupación por ciertos observadores y por algunas organizaciones de la sociedad civil, que advierten un cambio autoritario en la nación asiática de mayoría católica y aluden a los tiempos de la dictadura de Ferdinando Marcos.

Este último, además, fue honrado por Duterte, quien lo elogió como un «buen soldado». Su reciente decisión de trasladar los restos de marcos al cementerio de los héroes de Manila provocó las protestas de la opinión pública.

Broderick Pabillo, obispo auxiliar de Manila, había advertido a la población, temiendo el «estado policial».

Las críticas comenzaron con a campaña de ejecuciones extra-judiciales que llevan a cabo la policía filipina y grupos paramilitares en la lucha abierta contra traficantes y vendedores de droga.

Según los cálculos oficiales hay 1900 víctimas de la campaña de justicia sumaria que han conducido los agentes «con gatillo fácil» a quienes el director general de la Policía, Rolando de la Rosa (a quien Duterte llamó desde su Davao), garantizó protección ante cualquier denuncia de «abuso de poder».

Pabillo añadió que «las sombras de Marcos podrían envolver Filipinas» y aseguró que la Iglesia estará atenta para que «no vuelvan esos años oscuros».

Muchos otros líderes católicos también deploran la dirección justicialista que en la actualidad, después de la proclamación del estado de emergencia, podría empeorar.

Entre los obispos que han intervenido destacan Sócrates Villegas, presidente en funciones de la Conferencia Episcopal del país, y Antonio Ledesma, que en la última campaña electoral comparó a Duterte con Pol Pot.

La ciudadanía de Davao sigue estando atónita después del atentado en el popular mercado de la ciudad y recuerda el espectro del terrorismo. El arzobispo local, Rómulo Valles, al celebrar la Misa por las víctimas invitó a los habitantes de la ciudad a «permanecer fuertes en la fe» frente «a la barbarie inhumana que mata vidas inocentes» y a confiar «siempre en la gracia de Dios». También en la capital Manila los estudiantes, los devotos y algunas asociaciones de la sociedad civil han organizado vigilias de oración para pedir justicia.

El atentado es un desafío para Duterte, pues sucedió en un lugar para él muy importante, en la ciudad que administra su hija Sara, que es la nueva alcaldesa.

Y también es una amenaza para el proceso de paz entre el gobierno y los grupos rebeldes islámicos, que acaba de volver a comenzar gracias a los encuentros preliminares entre las partes y que llevarán a la redacción de una nueva versión de la Bangsamoro basic law (la ley fundamental «Bangsamoro», como se definen los musulmanes filipinos). Esta norma delinea los confines y las prerrogativas del territorio que sustituirá la actual región autonoma musulmana, en un marco que, como explicó el mismo Duterte, sea de tipo federal.

Mientras tanto, las fuerzas armadas lanzarán una ofensiva contra el grupo terrorista Abu Sayyaf, que en la actualidad se define aliado del Estado Islámico, aprovechando una marca de moda en el mercado internacional, después de que durante años se hubiera declarado parte de la red de Al Qaeda.

Tal vez Duterte logrará resolver el misterio de Abu Sayyaf: ¿cómo es posible que un manojo de 300 militantes pueda tener en constante jaque durante veinte años al ejército regular filipino, en un territorio delimitado, compuesto por pequeñas islas?

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