El Vaticano se autoallanó

– OPERACIONES INMOBILIARIAS IRREGULARES Y EN CUENTAS DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO

Instituto Financiero del Vaticano (IOR)

 

ACI Prensa.- Fiscales del Vaticano incautaron documentos y dispositivos electrónicos en el allanamiento realizado en oficinas de la Secretaría de Estado.

En un comunicado, la Sala de Prensa de la Santa Sede informó que “esta mañana, en algunas oficinas de la Primera Sección de la Secretaría de Estado y de la Autoridad de Información Financiera del Estado, se ha llevado a cabo una requisición de documentos y equipos electrónicos”.

“La operación, autorizada por decreto del Promotor de Justicia del Tribunal, Gian Piero Milano y del Adjunto, Alessandro Diddi, y de la que estaban debidamente informados los Superiores, está vinculada a las denuncias presentadas a principios del verano pasado por el Instituto de Obras Religiosas y por el Auditor General, relativas operaciones financieras realizadas en el tiempo”, indicó.

IOR

La Secretaría del Estado es la oficina central del gobierno de la Iglesia Católica y el departamento de la Curia Romana que trabaja con mayor cercanía con el Papa. También es responsable del gobierno del estado de la Ciudad del Vaticano.

Desde la promulgación del Pastor Bonus, constitución apostólica de San Juan Pablo II en 1988 que rige la organización y las responsabilidades de la Curia romana, la Secretaría del Estado se dividió en dos la Sección de Asuntos Generales y la Sección de Relaciones con los Estados.

El sustituto, que deberá ser un obispo, actúa como jefe de la Sección de Asuntos Generales, tiene la responsabilidad de la administración diaria del gobierno de la Ciudad del Vaticano, maneja todos los asuntos no asignados a otros departamentos curiales, gestiona las relaciones con todos los embajadores acreditados ante la Santa Sede.

En noviembre de 2017, el Papa Francisco estableció una tercera sección en la Secretaría, especializada en supervisar el cuerpo diplomático del Vaticano alrededor del mundo.

El Cardenal Pietro Parolin es el Secretario de Estado Vaticano desde octubre de 2013. Mons. Edgar Peña Parra es su actual sustituto, cargo que asumió en 2018.

 

Operaciones millonarias irregulares

ANNA BUJ / La Vanguardia.- El papa Francisco no se libra de los escándalos financieros. Después de años de silencio en que parecía que sus reformas daban frutos, ayer se supo que cinco empleados de altas instituciones de la Santa Sede han sido suspendidos de forma cautelar de sus cargos por haber participado presuntamente en operaciones financieras millonarias irregulares, entre ellos Tommaso Di Ruzza, el director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), el organismo que se ocupa de luchar contra el blanqueo de capitales.

El Papa, ayer durante la audiencia general en la plaza de San Pedro . Alessia Giuliani / EP

La Santa Sede había informado el martes en una nota muy escueta que la Gendarmería Vaticana había requisado documentación y ordenadores en la Secretaría de Estado, siguiendo las órdenes del promotor de justicia (fiscal general) Gian Piero Milano, que recibió una serie de denuncias a principios de verano presentadas por el Instituto para las Obras de Religión (IOR, el banco del Vaticano) y la Oficina del Revisor General (encargado de auditar la administración vaticana). La oficina de información no dio más detalles, y sólo señaló que la incautación tuvo lugar en la primera sección de la Secretaría de Estado –el departamento más poderoso en el Vaticano, encargado de la diplomacia y el corazón administrativo de la Iglesia en el mundo– y en la AIF.

Ayer la revista l’Espresso reveló la suspensión de estos cinco altos cargos involucrados y colgó en su página web una imagen de una circular del jefe de la Gendarmería Vaticana, el general Domenico Gianni, destinada al personal interno y a la Guardia Suiza –que se encarga de los controles de seguridad en la entrada-, con sus fotografías, nombres y cargos. Además de Di Ruzza, hay dos dirigentes de la Secretaría de Estado, Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi; el jefe del Departamento de Información y Documentación, monseñor Mauro Carlino; y una funcionaria de la administración, Caterina Sansone. La nota policial advierte que todas estas personas sólo están autorizadas a entrar en el Estado de Vaticano para acceder a sus servicios sanitarios, salvo indicación expresa de la magistratura vaticana.

Siempre según la revista, todos ellos están investigados por supuestamente haber participado en operaciones financieras millonarias irregulares, entre ellas compraventas de inmuebles en el extranjero, particularmente en Londres. Pero no se quedaría aquí: también estarían estudiando algunos flujos financieros de las cuentas del Óbolo de San Pedro, el órgano que se encarga de recoger las ayudas económicas de los fieles, entregadas al Papa para ser destinadas, teóricamente, a obras de caridad.

La circular de la gendarmería añade que monseñor Carlino seguirá viviendo en la casa de Santa Marta, también residencia de Francisco. Carlino es el personaje más conocido entre todos ellos porque, además, fue durante años el secretario personal del cardenal Angelo Becciu, uno de los hombres más influyentes en la Curia vaticana, y al cual el Papa tiene en gran estima. Becciu era sustituto de la Secretaría de Estado y hace unos meses fue ascendido a prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos.

El autor del artículo es Emiliano Fittipaldi, un periodista que ha publicado libros sobre escándalos financieros y de abusos sexuales en el Vaticano, que explica que el Pontífice fue informado en junio por el IOR y el revisor sobre posibles crímenes financieros cometidos en los últimos años. “Bergoglio ordenó entonces una investigación puntual y rigurosísima, sin concesiones para nadie”, apunta.

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