“DIGETOMI”:

Dirección general de torturas militares

 

ESCUADRÓN DE EXTERMINIO MILITAR ESTRENA MACABRAS MÁSCARAS DE CALAVERA – Mar 13, 2017

– 700 EJECUTADOS POR “ESCUADRONES DE LA MUERTE”

– DE LOS 100 CASOS DE TORTURA REGISTRADOS DURANTE 2018, 75 FUERON COMETIDOS POR AGENTES DE LA DGCIM,

MUERTE EN CAUTIVERIO DEL c/c RAFAEL ACOSTA GENERA REPUDIO MUNDIAL – AFP

 

Ya son siete….

Albertonews .- Siete presos políticos han muerto en la custodia de cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. La más reciente víctima, Rafael Acosta Arévalo, capitán de Corbeta que se encontraba detenido desde el pasado 21 de junio en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Según la denuncia publicada por la embajadora en la República Checa, Tamara Suju, este oficial fue brutalmente torturado durante su detención, así reseñó Caraota Digital.

“Ayer llegó a tribunales en silla de ruedas y presentando graves signos de torturas, no hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía, ni escuchaba bien. Le pedían ponerse de pie, pero no podía moverse”, indicó Suju en su cuenta de Twitter.

Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo

La diplomática indicó que el juez de la causa, al darse cuenta, de la dramática situación, ordenó el traslado inmediato de Acosta Arévalo al “hospitalito”, un centro asistencial ubicado dentro del Fuerte Tiuna.

Acosta Arévalo habría muerto en horas de la madrugada de este 29 de junio. Suju anunció que el caso será llevado a la Corte Penal Internacional.

El pasado 21 de junio fueron detenidos, entre otros, los oficiales Miguel Sisco, Ramón Lozada, Miguel Castillo y Pedro Caraballo, todos acusados de fraguar un golpe de Estado contra el régimen de Nicolás Maduro.

Hoy se desconoce el paradero y estado de salud de cada uno de estos oficiales. Alonso Medina Roa, abogado defensor de los referidos militares, informó a través de su cuenta de Twitter, que Acosta Arévalo murió a consecuencia de “salvajes torturas” propinadas por funcionarios de la Dgcim.

“Hemos denunciado estas prácticas inhumanas, pero la complicidad de las instituciones ha permitido este horror”, indicó el abogado.

Joseph Poliszuk ¿Alguien recuerda a Ángel Ciro Pedreáñez? el soldado de Fuerte Mara quemado, torturado y asesinado con un lanzallamas en una celda de Maracaibo??. Hace ya 15 años que las fuerzas armadas fustiga y mata hasta a los suyos

Acosta Arévalo, y el resto de oficiales, fueron detenidos el pasado 21 de junio cuando la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aún se encontraba en suelo venezolano.

Bachelet, durante la rueda de prensa ofrecida en el aeropuerto de Maiquetía, dijo que se iba del pas siendo optimista porque en Miraflores le habían asegurado que se respetarían los derechos humanos de los presos políticos.

Inventario de víctimas

El primer preso político que murió bajo la custodia del Estado fue Rodolfo González, conocido como “El Aviador”.
El hecho ocurrió el 13 de marzo de 2015 en una celda del Sebin de Plaza Venezuela, en Caracas. González, de 63 años de edad, se encontraba detenido desde el 26 de abril de 2014 luego que un “Patriota Cooperante” lo acusó de conspirar en contra del gobierno.

El Tribunal de la causa le imputó el delito de “asociación para delinquir”, pero Maduro, en cadena de radio y televisión lo acusó de ser “el cerebro de las guarimbas”.

El 13 de marzo de 2015, González murió estando en el Sebin.

Las autoridades informaron que “se suicidó ahorcándose con una sábana”.

En septiembre de 2017 el preso político Carlos Andrés García, concejal apureño y dirigente de Primero Justicia, murió al ser trasladado tardíamente a un centro asistencial.

García presentó un accidente cerebro vascular y no fue atendido a tiempo.

El 08 de octubre de 2018 el concejal y dirigente de Primero Justicia, Fernando Albán, murió en extrañas circunstancias.

Albán había sido detenido en el aeropuerto de Maiquetía el día 05 de octubre de 2018 cuando llegaba de Nueva York, donde se reunió con el ex presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

La versión ofrecida por el Fiscal general de Maduro, Tareck William Saab, es que Albán “se suicidó lanzándose del piso 10 de la sede del Sebín”, ubicada en Plaza Venezuela.

Modesto Díaz (04-11-18) y Nelson Martínez (04-11-18) murieron por diferentes causas, pero con un factor común: eran presos políticos y estaban bajo la custodia de las autoridades del Sebín.

Modesto Díaz, un humilde trabajador de 63 años se encontraba detenido en el Helicoide por haber protestado en contra del régimen de Maduro.

Nelson Martínez, ex directivo de PDVSA y militante del PSUV, presentó graves problemas cardíacos, pero desde su detención nunca recibió atención médica adecuada.

El 7 de febrero de 2019 se conoció que un joven de apenas 20 años que respondía al nombre de Virgilio Jiménez, preso político, murió en la cárcel de Uribana.

Jiménez había sido detenido durante las protestas del año 2017. Tenía paludismo y no se le brindó atención médica adecuada.

ILUSTRACIÓN: Marvin Figueroa

Provea: 75 denuncias de torturas Dgcim en 2018

PROVEA logró registrar al menos 488 casos individualizados de torturas. Ello, a pesar de la escasa información oficial debido a la ausencia de cifras desagregadas del Ministerio Público (MP) o la Defensoría del Pueblo (DdP), y a la caída en el número de casos que son reseñados en la prensa nacional y regional.

En 2018 se logró individualizar a 100 víctimas de este patrón de violación al derecho a la integridad personal, lo que en comparación con las 101 víctimas registradas durante 2017 representa un leve descenso de apenas 0,99% en el número de casos. Por segundo año consecutivo, ni el MP ni la DdP, ambos órganos dirigidos por funcionarios impuestos de forma inconstitucional por la asamblea nacional constituyente, publicaron sus Informes Anuales de Gestión. Menos aún información detallada sobre casos de torturas correspondientes a 2018 y procedimientos abiertos contra funcionarios involucrados en estos hechos.

“Que Bachelet active los protocolos”

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, informó que pedirá a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar la muerte de un militar que se encontraba bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro y era investigado por conspiración.

A través de un comunicado de la comisión de política interior, el Legislativo adelantó que solicitará a los mencionados cuerpos y “de manera inmediata” el empleo de un equipo forense internacional que determine las causas de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida durante la madrugada del sábado.

Asimismo, el Parlamento pedirá a la ONU y a la CPI que exijan fe de vida de los considerados presos políticos venezolanos y que investiguen “con urgencia y de manera imparcial” los presuntos casos de tortura y desapariciones dentro de las Fuerzas Armadas, cuyos jerarcas se declaran “chavistas y antiimperialistas” en público.

La reacción de la Cámara ocurre menos de 24 horas después confirmarse la muerte de Acosta Arévalo y luego de que la Fiscalía asegurara que abrió una investigación.

Pese a que pidió una pesquisa internacional e independiente, el Parlamento calificó la muerto del militar como un “asesinato” que “destaca por su atrocidad” y que “marca un nuevo punto de inflexión sobre la compleja situación” de la familia castrense venezolana.

En la comunicación dirigida a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la diputada Delsa Solórzano le solicita la “aplicación del Protocolo de Estambul – Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes”.

Así como también del Protocolo de Minnesota o Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias.

De acuerdo con informaciones de la prensa venezolana, Acosta Arévalo fue detenido el pasado 21 de junio por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sin que se indicaran entonces los motivos de su aprehensión.

Según su defensa y voceros de la oposición, Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando era presentado ante un tribunal militar, no podía mantenerse en pie o hablar.

El Gobierno de Maduro denunció el pasado miércoles que desactivó un golpe de Estado que se produciría entre el 23 y 24 de este mes, y que incluía el asesinato de los principales líderes del chavismo, entre ellos el propio mandatario.

Un día después el fiscal general informó de que Acosta Arévalo formaba parte de la conspiración, y que estaba siendo investigado junto a otros 13 civiles y militares.

El fiscal general, Tarek Saab, dijo el 11 de junio que por los hechos de abril hay 17 detenidos y que otros 17 son investigados.

Ante el asesinato del c/c Rafael Acosta:

“La tortura es un patrón represivo y política de Estado”

El pasado 26 de junio Provea dio a conocer que de los 100 casos de tortura registrados durante 2018, 75 fueron cometidos por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el mismo cuerpo de seguridad que tenía bajo custodia al Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo. Fue por lo tanto el organismo que más torturó en 2018 y desde 2017 se vienen incrementado las denuncias contra ese organismo policial tanto por prácticas de tortura como por desaparición forzada de personas

De conformidad con el artículo 43 de la Constitución “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma” por lo tanto el deber del Estado venezolano ante cualquier persona privada de libertad es preservar la vida y de conformidad con la Ley Especial para Prevenir y Sancionar  la Tortura preservar también su integridad física.

Dgcim es calificado ante a la OEA como “un cuerpo criminal” – Colgamientos y descargas eléctricas, cortadas con navajas son algunas de las torturas que sufren civiles a manos del Digecim.

En este contexto cuenta el accionar propio de los cuerpos de seguridad venezolanos, en particular de la DGCIM, que ha sido documentado por los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), refiriéndose a ellos como un patrón: “algunos de los casos más graves identificados por el ACNUDH se produjeron en los locales del SEBIN y la DGCIM en Caracas y en los destacamentos y otras instalaciones de la GNB en Caracas y en el resto del país, lo que también sugiere la existencia de un patrón de comportamiento de estas fuerzas”.

Dentro de ese patrón, está el uso recurrente de desapariciones forzadas durante horas, días o semanas, en las que las personas están desprovistas de toda protección legal y son sometidas a diversas formas de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. Para el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en su informe al Consejo de Derechos Humanos de 2015, “no existe un tiempo mínimo, por breve que sea, para considerar que se ha producido una desaparición forzada”, y en su informe de 2016 afirma que “se debe facilitar sin demora a los familiares información exacta sobre la detención de toda persona privada de libertad y sobre su lugar de detención«. Ya en su informe de 2017 , el ACNUDH documentó más de 90 casos de personas privadas de su libertad “que habían sido sometidas a una o más formas de malos tratos o tortura. Los casos más graves generalmente ocurrieron en las instalaciones del SEBIN, de la DGCIM y de las fuerzas armadas en todo el país. En algunos casos, las personas fueron detenidas en lugares de detención no oficiales”. En otras palabras, además de crímenes de desaparición forzada se cometen malos tratos y torturas, y estos crímenes pueden llegar a ser considerados como parte de un patrón.

A ello se suman las conductas adoptadas en las líneas de mando de los ejecutores materiales, incluidas las altas autoridades del Gobierno de facto y las actitudes de los órganos del Estado encargados de proteger los derechos humanos de la población, como la Defensoría del Pueblo.

En el primer caso, es ilustrativo el comunicado oficial del Gobierno de facto sobre el caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, dirigido esencialmente a deshumanizar a la víctima, enmarcando los hechos en un contexto de “enemigos de la Constitución y la paz” y diciendo que la víctima estaba imputada “por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”. No es difícil hacer el paralelo con los habituales comunicados de los cuerpos de seguridad cuando ejecutan sumariamente a personas durante presuntos enfrentamientos, tratando a las víctimas por un alias y dando cuenta de un supuesto prontuario criminal. ¿Podríamos hablar allí de un patrón dirigido a encubrir a los autores de esas graves violaciones a los derechos humanos?

En el segundo caso, estamos ante el silencio sistemático del Defensor del Pueblo impuesto por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente: “Silencio ante las masacres del FAES y el CICPC, silencio ante las denuncias de torturas, silencio ante las desapariciones forzadas” hemos venido denunciado. No hay que olvidar que la Defensoría del Pueblo tiene el deber de proteger al pueblo venezolano, ya que debe “Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento” (Artículo 281-1 de la Constitución). ¿Podría esa omisión recurrente y sistemática, de una institución con un deber constitucional de proteger, llegar a ser considerada en el futuro como una omisión dolosa por parte de la Corte Penal Internacional?

Se puedo constatar ayer igualmente que el Fiscal impuesto por la Constituyente Tarek Willian Saab solo se pronunció luego que Maduro le diera la orden. Pese a que de oficio podía iniciar las investigaciones solo actuó cuando su jefe le dio la orden demostrándose la manera como el Ministerio Público fue convertido en un instrumento al servicio de quienes detentan de hecho el poder y no al servicio de los derechos de la población, la verdad y la justicia.

Esta semana, el viernes 5 de Julio, la señora Michelle Bachelet presentará el esperado informe escrito por mandato del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, en el que podrían combinarse crímenes internacionales de desaparición forzada, torturas y asesinato, estará seguramente en la agenda de los Estados miembros del Consejo y creemos que no podrá estar ausente de las palabras de la Sra. Bachelet. En el fondo, lo que está ilustrando este caso es que en Venezuela existiría una “política de un Estado de cometer un ataque contra la población civil” en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Estamos hablando entonces no solo de responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos, que será la cuestión de esta semana en Ginebra en el Tema 2 de la agenda del Consejo, sino también de responsabilidades de individuos por crímenes internacionales, en especial de Crímenes contra la Humanidad, que son por naturaleza imprescriptibles.

Provea tal como lo expresó en el caso de Fernando Albán considera que ni el Ministerio Público ni la Defensoría son instituciones confiables para adelantar una investigación en el caso del Capitán Acosta. Es fundamental que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree una Comisión Internacional integrada por expertos independientes que investigue las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y como actividad inmediata el asesinato del Capitán Rafael Acosta.

Una investigación independiente debe establecer la responsabilidad de autores materiales y autores intelectuales estableciendo bien las responsabilidades de la cadena de mando.

Historia de la tortura

Evolución de las herramientas para infligir dolor al lo largo de los tiempos

La tortura ha estado presente en el lado oscuro de la Historia. Los métodos más diversos según el tiempo y los modos han hecho que este ‘arte’ evolucionara. Desde una perspectiva estrictamente científica, la tortura es la técnica de causar el máximo dolor posible a la víctima, cuando esta se encuentra en estado consciente. De aquí el refinamiento de los torturadores. La aparosidad utilizada también ha evolucionado: desde la pelea cuerpo a cuerpo tal cual, pasando por la mutilación, la crucifixión, los aplastamientos, las torturas basadas en la inmersión en el agua, hasta aquella que precisa una mayor complejidad de materiales. Por otra parte, las torturas de base psicológica, ampliamente utilizadas hoy en día, ya sean inducidas –o no– por fármacos y drogas.

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