…“Dictadura, Pura y Dura”

Nicolás Maduro ha sido señalado como uno de los principales responsables de una serie de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela

BRASIL: “INFORME DE LA ONU DEBE LLEVAR AL FIN DE LA «DICTADURA» DE MADURO–  + REACCIONES

CHILE TRAS INFORME: “VENEZUELA ES UNA DICTADURA PURA Y DURA”

-ALÍ DANIELS: “ES UN INFORME ÚNICO. ES LA PRIMERA VEZ QUE SE DEFINEN RESPONSABILIDADES PERSONALES”

6 PAÍSES OFICIALIZAN LA PETICIÓN PARA QUE LA CPI INVESTIGUE AL RÉGIMEN DE MADURO – 26.9.2018 Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron la intervención de la Corte en el Caso Venezuela

 

BBCMundo – “Nicolás Maduro y otros miembros de su gabinete fueron acusados este miércoles por las Naciones Unidas (ONU) de perpetrar crímenes contra la humanidad.

Según una investigación elaborada para el Consejo de Derechos Humanos de la organización, las autoridades venezolanas han suministrado ayuda esencial para llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura desde 2014.

 

CNN en Español.Un nuevo reporte de la ONU acusa al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2014. Marta Valiñas, presidenta Misión Internacional para Venezuela de la ONU, nos explica sobre el informe.

El informe de 443 páginas señala como responsables directos de estos crímenes a Maduro, así como también a Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente; y a los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López. respectivamente, entre otros altos funcionarios.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo en Twitter que el informe está “plagado de falsedades” y procede de “una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”.

Esperamos que el gobierno de Venezuela lea el informe y tome en serio recomendaciones que hacemos en él. Según el derecho internacional y de acuerdo con la misma legislación local, el Estado venezolano es el principal responsable de estos crímenes y sus autores deben responsabilizarse”, le dice a BBC Mundo la jurista Marta Valiñas, presidenta de la misión a cargo de la investigación.

“Este tipo de violaciones deben acabar y las víctimas de estos crímenes deberían recibir reparaciones”, agrega.

Pero más allá de las recomendaciones que ofrece el informe, expertos hablan de sus posibles consecuencias.

El informe dice que las fuerzas de seguridad de Venezuela han estado involucradas en un uso sistemático de la violencia desde 2014 bajo órdenes del gobierno / GETTY Images

“Son crímenes que la CPI puede juzgar”

Marco Roscini, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Westminster, en Londres, explica que hay tres posibles escenarios tras las publicación del informe.

El primero de ellos es que se involucre la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI), que juzga casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Este informe habla de crímenes de lesa humanidad de varios niveles: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, etc. Son crímenes que la CPI puede juzgar le dice el jurista a BBC Mundo.

La CPI primero suele llevar a cabo investigaciones preliminares, que en el caso de Venezuela ya comenzaron en febrero de 2018. El objetivo de este tipo de pesquisas es determinar si la CPI debe proceder a realizar una investigación completa.

Luego, si los investigadores recogen pruebas de crímenes lo suficientemente graves, de casos donde los crímenes de lesa humanidad son una política de Estado y la tortura se utiliza como herramienta política y no como situación individual, se abre un caso”, explica Roscini.

Diosdado Cabello, el No. 2 del chavismo, también ha sido acusado en el informe / GETTY Images

Aunque este tipo de informes pueden ayudar a recoger evidencia, los investigadores de la CPI llevan a cabo sus propias pesquisas.

Y como miembro de la CPI, Venezuela tiene la obligación de cooperar con el caso.

Lo que dice la jurisdicción universal

En el largo plazo, el informe de la ONU tendrá consecuencias para Maduro, Cabello y los demás funcionarios involucrados, según el profesor de la Universidad de Westminster.

Cuando se trata de crímenes tan graves también existe lo que se conoce como la jurisdicción universal. De acuerdo con el derecho internacional, cualquier tribunal en el mundo podría iniciar investigaciones y enjuiciamientos en contra de estas personas, incluso si se encuentran en otro país y si el delito se cometió en el extranjero”.

Esto implica que si viajan a estos países en donde tienen un proceso abierto, corren el riesgo de ser encarcelados.

Pero Roscini destaca que normalmente esto solo ocurre cuando tienen al acusado bajo custodia.

“Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”, dice el informe / GETTY Images

Digamos que si Maduro viaja la próxima semana a un país que acepta el principio de jurisdicción universal, en teoría podría ser detenido en cuanto aterrice, si así lo decide un tribunal o un fiscal. El problema es que Maduro es un presidente en ejercicio, por lo tanto tiene inmunidad presidencial”.
“Sin embargo, después de que deje el cargo, si alguna vez lo hace, entonces podría ser enjuiciado en otro país del mundo por un tribunal nacional por los crímenes de lesa humanidad que cometió cuando era presidente”, prosigue.

En la Corte Internacional de Justicia

Un tercer escenario es que no se abra un caso en contra de los individuos implicados, sino contra el Estado venezolano, como lo hizo Gambia cuando acusó a Birmania de cometer un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá.

Como resultado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) les exigió a las autoridades de Birmania que abandonaran las prácticas genocidas.

Pero esto sería una batalla de un Estado contra otro, no resultaría en penas criminales y no ocurriría ante la CPI, sino ante la CIJ, el principal órgano judicial de la ONU.

No obstante, para Roscini este es la opción que él considera como la menos probable.

“Un abanico de oportunidades”

Para Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea -una ONG venezolana especializada en derechos humanos y crítica con el gobierno de Maduro-, este informe abre un “abanico” de oportunidades.

Se convierte en un insumo para la Corte Penal Internacional, que lo podrá examinar y avanzar de la fase preliminar, en la que Venezuela se encuentra actualmente, a una fase de investigación formal”, le cuenta a BBC Mundo.

“Luego quedará en manos de la Fiscalía tomar decisiones al respecto”.

– Secretaría General de la OEA: “Es absurdo pensar que criminales de lesa humanidad puedan organizar elecciones libres y justas en Venezuela”

– Dip. Richard Blanco: ‘Delitos cometidos por el tirano y sus compinches son reiterativos, prepárense para la celda’

Una consecuencia inmediata para el sociólogo y periodista venezolano es que este informe aumenta las posibilidades de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apruebe en la reunión del 23 de septiembre que la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, autora del informe, siga investigando la situación de los derechos humanos en el país.

Inicialmente el comité estaría activo hasta finales de este mes.

Descalificado

Poco después de la publicación del informe, el gobierno de Venezuela rechazó sus conclusiones y aseguró que estaba “plagado de falsedades”.

El canciller venezolano Jorge Arreaza criticó a través de un tuit que el informe se haya hecho sin visitar el país por una misión a la que calificó de “fantasma” y de ser “controlada por gobiernos subordinados a Washington”.

Sin embargo, expertos señalan que el que haya sido elaborado a distancia no le quita legitimidad.

Imogen Foulkes, corresponsal de la BBC en Ginebra, sede de la ONU, explica que al equipo no se le permitió viajar a Venezuela, un hecho que no es único.

Siria nunca ha permitido que la ONU investigue presuntos crímenes de guerra en su territorio. Myanmar, China y muchos otros países también se resisten regularmente a recibir comisiones de la ONU. Pero estamos en el siglo XXI y las tecnologías actuales de la información nos permiten recopilar evidencias y pruebas de violaciones graves sin tener que ingresar a la escena real del crimen”, apunta.

Contactada por BBC Mundo, la Cancillería venezolana no respondió a las solicitudes de entrevista.

Un caso sin precedentes en la región

Varios gobiernos en el mundo han sido acusados de crímenes de lesa humanidad por misiones de la ONU mientras estaban en funciones, como por ejemplo el de Bashar al Asad, en Siria.

Pero en América Latina, las denuncias como las hechas en el informe contra las autoridades venezolanas no tienen precedentes.

En Latinoamérica, varios han sido señalados por diferentes organizaciones, antiguos gobiernos en Guatemala, Perú, Honduras, Chile, Argentina, entre otros países. Pero si hablamos de ser identificados por una Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, no, esto nunca había pasado”, explica la jurista Valiñas.

“En términos de investigaciones por un organismo internacional, lo más cercano fue el examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes cometidos en Colombia cuando Álvaro Uribe todavía era presidente”.

¿En qué se diferencia del informe de Bachelet?

Ya había informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que hablaban de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Maduro.

Después de visitar Venezuela y entrevistar a más de 550 personas, todas ellas víctimas de abusos y testigos, la expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe en el que aseguraba que el gobierno de la nación petrolera había cometido “numerosas violaciones de los derechos humanos”.

Las demoledoras conclusiones del informe de Bachelet sobre la situación en Venezuela

En ese entonces, las autoridades venezolanas dijeron que el informe de Bachelet no era “ni objetivo ni imparcial”.

Michelle Bachelet visitó Venezuela entre el 19 y el 21 de junio y concluyó que el gobierno de ese país ha cometido “numerosas violaciones de los derechos humanos”/ GETTY Images

El contenido del reporte de la expresidenta de Chile era similar al de investigaciones anteriores de la ONU, así como de otras organizaciones internacionales, pero según la presidenta de la misión encargada del nuevo informe, este es diferente.

Nuestro informe va más allá en el sentido de que identificamos a los responsables de los crímenes. Hemos hecho una investigación que si bien se realizó con menos tiempo que la de Bachelet, es mucho más detallada y exhaustiva, lo cual nos permitió dar con los responsables”.

“Agotar los oficios de buena fe”

Pese a que no habrá consecuencias inmediatas, Uzcátegui, de la ONG venezolana Provea, recuerda que en este tipo de casos los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos “suelen agotar los oficios de buena fe”.

Esto se hace para que los Estados apliquen los correctivos necesarios, detengan las violaciones y castiguen a los responsables”.

Para este sociólogo eso sería lo deseable.

“Pero creo que la impunidad va a seguir siendo la norma en Venezuela”, dice.

“Estamos convencidos de que si no hay un cambio político que permita una reforma del sistema judicial, no vamos a tener la posibilidad que haya garantías para que se respeten los derechos humanos en Venezuela”.

Las primeras reacciones….

 

Las Consecuencias

VANESSA DAVIES / Contra Punto .- Con la investigación de 223 casos y en un informe de 443 páginas, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, concluyó que a partir de 2014 en el país, se han cometido crímenes de lesa humanidad. La investigación -a cargo de Martha Valiñas, Paul Seils y Francisco Cox- señala que  Nicolás Maduro y los ministros de Relaciones Interiores y de Defensa tenían conocimiento de los hechos.

¿Qué cosas cambian con este informe? ¿Puede alimentar la investigación sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional?

Alí Daniels, abogado, profesor universitario y director de la organización Acceso a la Justicia, lo explica a contrapunto.com. “El informe en sí mismo es un acto de justicia”, sostiene. “Una cosa es que las víctimas vean que se denuncien las violaciones a sus derechos humanos, y otra cosa es que finalmente vean a los responsables de esas violaciones. El ponerle nombre y apellido a ese terrible acto que generó tanto dolor es, en sí mismo, una forma de justicia”.

1- Se señalan responsables. Es un informe histórico, único en su género, y esta es la primera vez que se delimitan responsabilidades personales. Los informes anteriores de la alta comisionada, de la CIDH, como determinan la responsabilidad del Estado, “no tenían la obligación de señalar responsables”. En este caso sí. “Ya se habló de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Néstor Reverol y otros funcionarios de alta graduación”.

El informe “trata de determinar los que son responsables de la ejecución de las violaciones, más que los autores materiales”. Se entiende “que al ser actuaciones hechas como política de Estado, hechas sistemáticamente, obedecen a una orden, no obedecen a un funcionario que se volvió loco y torturó”.

Maduro, Padrino y Reverol

La Corte no juzga al policía que mató y torturó, “lo importante para la Corte son los líderes: los que generan estas políticas que hacen que se cometan estas violaciones de derechos humanos”.

El aparato represivo no se usa “solo contra la disidencia, sino que también se utiliza como medio de control social”.

2- Los funcionarios señalados pueden ser llevados a la Corte Penal. “¿Cuántos? No hay un número. Pueden ser como pueden ser 10. Se trata de aquellos que tienen la máxima responsabilidad en la comisión de los delitos”. Es “la cadena de mando la que buscan”.

Recuerda que en Yugoslavia “fueron juzgadas 161 personas” por un tribunal especial creado para este caso. En el caso venezolano “pueden ser tantas como esas, 10 o 20, tres o cuatro”.

3- No significa que los funcionarios ya están enjuiciados. La Corte es independiente de Naciones Unidas, no está obligada a abrir un juicio, detalla. “No hay un juicio abierto. Lo que hay es un examen preliminar, una investigación preliminar a un juicio en la Corte, que es lo que lleva a cabo la señora Fatou Bensuda, y eso se encuentra en la fase 2, que es la determinación de si hay o no delitos de lesa humanidad”. Pero con el informe presentado este miércoles, “que dice expresamente que hay delitos de lesa humanidad, esperemos que la fiscal se pronuncie”.

Bensuda, en diciembre del año pasado, adelantó que se pronunciaría sobre el caso venezolano en el primer semestre de este año “y eso no ha ocurrido”. Este informe puede ser un aliciente para que la Corte honre la premisa de que hay una justicia universal.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede remitir un caso a la Corte, pero esta posibilidad “está negada por razones políticas”. Por eso el camino que las organizaciones vislumbran es el de la imputación por parte de la fiscal Bensouda, que “tiene que hacerse con nombres y apellidos”.

4- No hay persecución contra los señalados. “Como no hay una imputación ante la Corte, ni hay una orden de detención de la Corte contra nadie de Venezuela, efectivamente Nicolás Maduro y las personas señaladas en el informe sí podrían salir del país. El tema es que hay países que tienen sus propios juicios”, como Estados Unidos. “Si llega a haber la imputación” puede ocurrir el efecto Al-Bashir, expresidente de Sudán, quien solo viajaba a naciones donde no sería detenido.

5- Pero hay un impacto en su reputación. “Ya a partir del momento en que, por primera vez en la historia, un órgano de Naciones Unidas califica a un presidente en funciones de América Latina como violador de derechos humanos, usted me dirá quién lo va a invitar a tomar un café”. Hay “un daño reputacional importante en la medida en que no son las organizaciones de derechos humanos las que dicen que aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad, sino que es un órgano del nivel de la misión de determinación de hechos”.

Falta mucho para la justicia, enfatizó, pero “el hecho de que en el informe se haya entrevistado a víctimas directamente ya es un hecho de justicia en sí mismo, porque aquí se les niega lo que en ese informe se les da: reconocer que son víctimas y reconocer que contra ellos se cometieron delitos de lesa humanidad”.

6- Hay otros pasos. Lo que las organizaciones están pidiendo “es que se renueve el mandato de la Misión de Determinación de Hechos, que se vence en septiembre; que se renueve por un año más para que puedan seguir buscando evidencias. Ya buscan evidencias. No están buscando saber si en Venezuela se torturó o no, sino las evidencias que puedan probar en un juicio, que puedan ser usadas en un juicio, que determinen la responsabilidad individual de aquellos que cometen esas atrocidades: torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”. También solicitan que se amplíe el mandato “a otros delitos que están en el Estatuto de Roma, como el ataque a la población civil y otros delitos de lesa humanidad”.

7- El camino nacional. El fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, ha actuado en casos aislados y actuado contra autores materiales, refiere Daniels. En los delitos de 2014, 2017 y 2019 “el juzgamiento que se hizo fue a autores materiales y en muy pocos casos, pero a quienes dieron las órdenes, a quienes establecieron las políticas, a quienes crearon las directrices del Plan Zamora que citan en el informe, ninguno está juzgado”.

Alí Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia

El abogado se pregunta cuántos jefes de comando han sido juzgados. “A nadie. Esto pone en evidencia que los responsables de la ejecución de esta política de ataque a la población civil no han sido juzgados, y eso es lo que debería hacer un fiscal serio e independiente”. Rememora que la Corte Internacional actúa “si los tribunales nacionales no lo hacen”.

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