“…con licencia para asesinar”

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en una declaración emitida en compañía del alto mando militar del país / FOTO: Prensa FANB

 

A PADRINO LÓPEZ “SE LE PERDIERON” 228.000 ARMAS DE LOS CUARTELES – Javier Tarazona, FUNDAREDES, destacó que las armas son usadas por grupos irregulares colombianos @CronicaUno 95 % de las armas (217.572) están solicitadas por hurto y robo.

“AMÉRICA LATINA NO SERÁ LA MISMA DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA” – Eduardo Stein, representante especial de la ONU para la Migración venezolana, aseguró que este éxodo se mantendrá hasta dos años después de que se resuelva la crisis política en el país

– LOS TORTURADORES SON “CUBICHES” EN LOS SÓTANOS DE LA DGCIM

YEMEN, SUDÁN DEL SUR Y VENEZUELA: LOS 3 PAÍSES CON MÁS ALTO RIESGO, SEGÚN LA FAO

 

Brutal Represión

HRW Español – Human Rights Watch publicó un informe multimedia que muestra la magnitud y brutalidad de la violenta represión de protestas cometida por miembros de las fuerzas de seguridad. Desde principios de abril de 2017, decenas de miles de venezolanos han salido a las calles protestando el creciente autoritarismo del gobierno, que ha respondido con una feroz represión. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a manifestantes, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia e irrumpido en las viviendas de presuntos opositores. Las fuerzas de seguridad también han detenido arbitrariamente a cientos de manifestantes, transeúntes y críticos, y los han llevado ante tribunales militares para “juzgarlos”.

Provea.-  Las políticas de Estado deben orientarse a garantizar a la población el disfrute de sus derechos y proporcionarle condiciones de vida adecuadas para su desarrollo físico y espiritual.

El Estado debe empezar por garantizar el derecho a la vida. Ello implica adoptar medidas de distinta índole para garantizar que las personas no corran el riesgo de perder la vida por cualquier circunstancia.

Debe implementar políticas preventivas e impedir que terceros atenten contra el derecho a la vida. De esa obligación se desprende la necesidad de desarrollar políticas de seguridad ciudadana que den protección a las personas y las resguarden de cualquier situación que pudiera dar como resultado la pérdida de la vida.

Nuestra Constitución garantiza en su artículo 43 el derecho a la vida. Expresamente indica que: a) Es un derecho inviolable; b) Ninguna ley puede establecer la pena de muerte; c) Ninguna autoridad puede aplicarla; d) El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. Ni por ley ni por vías de hecho se puede privar de la vida a una persona. Nadie en Venezuela puede ser asesinado de manera arbitraria. Existen determinadas circunstancias donde causar la muerte de una persona es legítimo, y son excepcionales como, por ejemplo, por estado de necesidad o en legítima defensa. Pero, resaltamos, son excepciones. No obstante, ¿qué ocurre cuando quienes tienen la obligación de preservar el derecho a la vida son quienes, actuando de manera arbitraria, le quitan la vida a las personas? La sociedad corre un alto riesgo, la incertidumbre y el miedo se convierten en un factor que perturba a individuos y colectivos. Tal situación se agudiza cuando el Estado no sanciona a quienes se consideran con el derecho de quitarle la vida a cualquiera.

Con licencia para asesinar: En Venezuela desde hace décadas existen funcionarios policiales y militares que, actuando de manera arbitraria y amparados por una situación generalizada de impunidad, se han dado a la tarea de asesinar a personas de distinta edad y condición social.

Han impuesto por la vía de los hechos la pena de muerte y se arrogan la potestad de asesinar a una o varias personas sin contemplación y con la confianza de que no serán castigados. A veces desde los altos niveles de gobierno se justifican o, peor aún, se alientan dichas conductas.

La investigación que presentamos: “Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela” -elaborada por el criminólogo Keymer Ávila, quien lleva largo tiempo investigando y analizando la violencia institucional que produce cientos de muertes cada año-, tiene como propósito reivindicar el derecho a la vida para todas las personas, visibilizar más el fenómeno de la actuación ilegal e inconstitucional de funcionarios militares y policiales, y convocar a la sociedad a no ser indiferente ante un fenómeno que cada día parece agudizarse más. Una violencia institucional que devora incluso a quienes la practican. Graves violaciones a los derechos humanos que desafortunadamente quedan impunes, lo cual alienta a que se repitan.

Los datos que en esta investigación se aportan son apenas una aproximación al fenómeno. La realidad es más cruda, dramática y peligrosa. Es esta una investigación abierta a todo tipo de observación, recomendación y crítica. Busca contribuir a promover un debate sobre lo que viene ocurriendo, para avanzar en los correctivos.

En Provea apostamos por la vida y aspiramos a que la situación que hoy existe empiece a formar parte del pasado que no queremos que se repita.

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