“Ambiente ya no vive aquí”,…

FOTO: Rodrigo Abd/AP

PLAN PAÍS: POR UNA VENEZUELA SUSTENTABLE…

ARCO MINERO: “CHERNÓBIL ECOLÓGICO”

EL ECOCIDIO DE MADURO EN VENEZUELA

 

ORO MORTAL:

Transparencia Venezuela 

 

En este especial de Transparencia Venezuela, se pudo constatar que el negocio aurífero al sur del país sigue enquistado por bandas criminales y guerrilleros que operan con total libertad, sin que el gobierno oponga mucha resistencia. Los grupos delictivos copiaron estructuras como las del pranato en las cárceles venezolanas para controlar de la forma más violenta y cruel todo lo que ocurre dentro de las minas. Instauraron un semáforo de la violencia para castigar a quienes no “obedecen” que incluye desde palizas, hasta la muerte por descuartizamiento. La investigación, complementada con reportajes de medios nacionales e internacionales, dejó en evidencia que entre 70% y 90% del oro que se extrae sale del territorio de manera ilegal en operaciones en las que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial. Solo en 2018 este contrabando representó 2.711 millones de dólares, de acuerdo con la consultora privada Ecoanalítica”.

En medio de la peor contracción económica que ha sufrido Venezuela, con una caída estrepitosa en la producción de petróleo, principal fuente de divisas, una hiperinflación que lleva años azotando a los venezolanos y altos niveles de corrupción, Nicolás Maduro subsiste refugiándose en la venta de oro, un metal precioso que es extraído de las profundidades del suelo venezolano y que esconde tras su brillo baños de sangre, deforestación y corrupción.

 ESTA PROPUESTA AL PLAN PAÍS nace del trabajo y recomendaciones de más de veinte y cinco investigadores especialistas en diferentes temas ambientales, miembros de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos ambientales. El mismo es un aporte al proceso de rescate, recuperación y transformación social, política, económica y ambiental del país. Asimismo, del trabajo de documentación, reflexión y desarrollo de propuestas para la gestión ambiental en el marco del desarrollo sostenible realizado en los últimos años por una gran cantidad de organizaciones e instituciones venezolanas.

Venezuela un país lleno de oportunidades ambientales y a la vez muy vulnerable.

Venezuela es un país con enormes oportunidades que surgen de sus condiciones y recursos naturales que tienen la potencialidad de generar prosperidad y calidad de vida, no sólo a las generaciones actuales, sino a las futuras si son manejadas de forma sustentable y responsable.

Estas condiciones también son la salvaguarda de la población frente a los retos de los grandes problemas ambientales globales que amenazan a la humanidad, como el cambio climático global, la crisis mundial de la diversidad biológica y la contaminación como problema crónico y generalizado.

Pero a la vez, es un país con una enorme vulnerabilidad ambiental producto de sus condiciones geográficas, climáticas, pero principalmente al manejo inadecuado y saqueo criminal de sus recursos, a la corrupción, la ignorancia, la ausencia de planificación, la gestión insostenible de los recursos y el saqueo de los recursos naturales así como de la ignorancia de sus dinámicas ambientales.

ILUSTRACIÓN: Raúl Azuaje

Todos estos factores están creando la mayor crisis ambiental en la historia contemporánea del país.

Esta crisis está afectando gravemente a la población venezolana, formando parte de los elementos que constituyen la emergencia humanitaria compleja que nos aflige y poniendo en peligro la capacidad de la Nación de recuperar la senda del desarrollo.

Por ello, es necesario comenzar de inmediato un proceso de rescate, restauración y transformación de los modelos y procesos de destrucción ambiental del país que permitan reforzar, y en algunos casos, posibilitar, los procesos de recuperación nacional.

Este cambio de modelo de gestión ambiental es adicionalmente prioritario en este proceso de transformación nacional ya que la sostenibilidad ambiental es transversal a todos los procesos de desarrollo y es un elemento prioritario para la realización de los derechos humanos.

En este contexto, todos los proyectos de desarrollo económico y social que se están planteando tendrán como prerrequisito para alcanzar sus objetivos la existencia de unas condiciones ambientales, incluyendo servicios ambientales y de salud ecosistémica adecuadas para el logro de una vida digna de toda la población.

Por ello, se hace necesario que el Plan País incluya como elemento fundamental una clara orientación en los principios del Desarrollo Sostenible así como en la normativa ambiental del país.

Estado fallido y depredador

Venezuela fue pionera en el desarrollo de una institucionalidad consolidada, generó un marco legal importante y promovió una cada vez mayor participación de la ciudadanía en temas ambientales. En los últimos veinte años se ha producido una total reversión de estos los avances.

Como parte del modelo político instaurado en el país se desmanteló la institucionalidad ambiental y se ha venido desconociendo las normas constitucionales y legales de protección ambiental.

Esto ha llevado a la desaparición de la capacidad de las instituciones de gestión ambiental para desarrollar sus competencias legales.

Adicionalmente, la corrupción, la desprofesionalización, el desconocimiento y rechazo de las bases científicas de la conservación ambiental así como la exclusión de los sectores críticos a la acción gubernamental, generaron una cada vez mayor ineficacia y retroceso en materia de la obligación del Estado de garantizar a la ciudadanía su derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.

Por tales razones el país se aleja cada vez más del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) lo que genera graves daños sociales y económicos. Esto puede verificarse en los siguientes ejemplos:

La población venezolana no tiene garantizada el derecho al agua potable ni en cantidad, ni calidad. Una gran cantidad de enfermedades son causadas por la crisis de agua, lo que lleva a comunidades enteras a vivir sin prácticamente sin suministro del líquido por meses. La calidad del agua no está garantizada en el país. Se han realizado intervenciones en las cuencas hídricas que han disminuido la capacidad de generar agua (ODS 6; ODS 3)

Existe una cada vez mayor vulnerabilidad de la población ante fenómenos meteorológicos extremos y desastres de origen tecnológico. Los venezolanos cada día sufrimos más daños y costos derivados de los desastres de origen socio-natural (sequías, inundaciones, tormentas, etc.) así como de las insuficientes políticas de prevención y preparación de la población. Asimismo crecen los riesgos de desastres de origen tecnológico (derrames petroleros, accidentes en plantas industriales, etc.) que pueden afectar tanto al ambiente como la ciudadanía. Tampoco existen políticas de adaptación al cambio climático y la contaminación generalizada (ODS 1; ODS 11; ODS 13).

La destrucción ambiental promueve un incremento en las enfermedades infecciosas y derivadas de la contaminación ambiental. En las zonas mineras de Guayana se está generando una de las mayores epidemias de malaria y otras enfermedades tropicales producto de la deforestación y otros procesos de destrucción ambiental. Asimismo, la contaminación por el uso de mercurio en la minería de pequeña escala afecta posiblemente a miles de personas, incluyendo niños y mujeres en edad de gestar, sin que ninguna acción se esté realizando para evitar este daño, ni atender a los afectados. En todo el país la contaminación del agua, el aire y los alimentos representa una amenaza cada vez mayor para la salud de la población. El deterioro ambiental y el cambio climático promueven la aparición y expansión de enfermedades transmitidas por vectores biológicos previamente controladas o limitadas dentro del territorio nacional (ODS 3; ODS 13).

Las ciudades son cada vez más ambientalmente insostenibles, contaminadas y vulnerables. No existen políticas de sustentabilidad urbana y se están destruyendo sus patrimonios naturales y culturales. La contaminación, el mal manejo de los desechos y residuos sólidos así como la desaparición de espacios verdes urbanos, son causantes del deterioro de la salud de las poblaciones (ODS 14; ODS 3)

Los ecosistemas marinos y terrestres están siendo gravemente degradados. Las costas y mares venezolanos sufren un rápido proceso de contaminación, destrucción de sus ecosistemas y saqueo de sus recursos, afectando negativamente a la población, así como a industrias importantes como la pesquería y el turismo. Venezuela tiene una de las tasas deforestación más alta del mundo y el mayor crecimiento de este indicador en la región amazónica. Asimismo, los ecosistemas terrestres y acuáticos de agua dulce están siendo muy rápidamente destruidos. Las áreas naturales protegidas (Parques Nacionales y Monumentos Naturales) están siendo saqueados, destruidos o abandonados (ODS 14; ODS 15)

La ciudadanía tiene totalmente restringido el acceso a la información, participación pública y a una educación de calidad en materia ambiental. Se han impuesto políticas de opacidad de información y exclusión de la participación por razones políticas. Se abandonaron, minimizaron o politizaron los programas de educación ambiental. Todo ello afecta la capacidad de la población para tomar decisiones convenientes y responsables, participar activamente en los procesos de gestión ambiental que les corresponde y desarrollar su potencial creativo en materia de emprendimiento sustentable (ODS 4; ODS 16

Un Estado depredador

Adicionalmente a estos procesos derivados de la ineficacia del Estado, se ha generado una creciente expansión de actividades económicas dirigidas al saqueo de los recursos ambientales, promovidas o en complicidad con funcionarios e instituciones gubernamentales.

Debido a ello se está produciendo un nivel extremo de destrucción ambiental. Adicionalmente, en las zonas mineras esta forma de explotación genera degradación social, violencia armada, la presencia permanente de la delincuencia organizada, la destrucción de las culturas indígenas, la pérdida de la soberanía y la expoliación de los recursos de la nación.

En ese contexto, Venezuela se ha convertido en un exportador de oro, y otros minerales, que son el producto de la muerte de personas y la destrucción del país.

Esta situación representa el mayor desastre ambiental, social y cultural en la historia reciente de Venezuela

¿Qué proponemos?

Partimos del marco que ofrece la Constitución Nacional, así como los compromisos internacionales incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París y otros instrumentos internacionales lo que nos permitirá conectar armónicamente los componentes económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, para así promover el rescate, recuperación y transformación social, económica y política de nuestro país y enrumbarlo hacia un país sustentable y ambientalmente sustentable.

Con ese propósito será necesario adoptar las siguientes acciones:

  1. Restablecer la institucionalidad ambiental de Venezuela.

Para ello, es fundamental restablecer la capacidad de los entes competentes en esta materia para ejercer rectoría y control, recuperando su capacidad técnica y profesional e incorporando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a todos los procesos y proyectos relacionados con la gestión ambiental, incluyendo la planificación, ordenamiento territorial, gestión de la diversidad biológica y promoción de la participación y educación ambiental.

Se promoverá la descentralización de la gestión ambiental, principalmente en lo relacionado con la prestación de servicios ambientales y la promoción de la sustentabilidad urbana. Se fortalecerá la formación de jueces y fiscales en justicia ambiental y se facilitarán los mecanismos de acceso a la justicia en temas ambientales. Se desarrollarán programas para el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. Se establecerán políticas de transparencia y promoción del acceso a la información ambiental. Se aumentará la inversión en Ciencia y Tecnología aplicada a temas ambientales relacionados con el conocimiento y gestión de los recursos, las dinámicas ambientales, los impactos existentes y los procesos tecnológicos y sociales aplicables a la solución de los mismos.

  1. Recuperar la capacidad del Estado para garantizar el acceso universal y de calidad a los servicios públicos ambientales

Se deberá recuperar la capacidad operativa, técnica y financiera de los organismos competentes en materia de agua. Estas instituciones deberán estar orientadas en políticas integrales de gestión del agua y en la protección y realización del derecho humano al agua y al saneamiento. Se diseñará e implementará una política de protección y recuperación de cuencas hidrográficas (tanto dirigidas a la producción de agua, como de energía) y sus ecosistemas asociados. Se procurará atender de manera prioritaria las necesidades de agua y saneamiento ambiental de los grupos más vulnerables, así como los sectores relacionados con la salud, educación y producción alimentaria. Se realizarán programas de saneamiento ambiental y de gestión hídrica que garantice la calidad del agua que se suministre a la población o se devuelva a la naturaleza. Se implementará una política integral de gestión de residuos sólidos que incluya la promoción de las prácticas de reciclaje y recuperación de residuos. Estos procesos asimismo permitirán generar empleos dignos y prácticas basadas en la economía circular. Se establecerán políticas para la gestión de residuos peligrosos y desechos hospitalarios. Se promoverá la reglamentación de las leyes asociados a los servicios públicos ambientales.

  1. Orientar el proceso de transición y recuperación dentro de los principios del desarrollo sostenible y el marco constitucional y legal de Venezuela

Todos los planes de desarrollo y rescate de la economía nacional, en todos los sectores, deberán cumplir con los principios y obligaciones estipuladas en los Artículos 129, 299, 305 y 310 de la Constitución Nacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. Los Estudios de Impacto Ambiental, las autorizaciones ambientales y los informes de cumplimiento de los mismos deben ser públicos y auditables en todo momento y por todos los interesados legítimos. Se deberá diseñar, consensuar e implementar un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NNUU. Se promoverán políticas energéticas que promuevan el uso de combustibles limpios y energías alternativas, incluyendo el uso del gas natural, energía eólica, fotovoltaica e hidráulica. Se promoverá la recuperación de la capacidad de la industria nacional para suministrar gas natural para uso doméstico a todas las comunidades del país. Se implementarán incentivos para el desarrollo de actividades económicas que promuevan la sostenibilidad ambiental.

  1. Revertir los procesos económicos que promueven la minería de depredación y el saqueo de los recursos naturales

Se ejecutarán acciones dirigidas a la derogación definitiva del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, así como de todas aquellas decisiones gubernamentales dirigidas a promover formas de minería depredadoras del ambiente. Se hará cumplir el Decreto de prohibición de comercialización y uso del mercurio en actividades de minería. Se desarrollará una política integral de desarrollo sostenible en las zonas mineras de Guayana dirigida a la solución integral (social, económica y ambiental) de la problemática minera. Ella deberá ser consensuada y respetuosa de los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos indígenas involucrados en actividades mineras. Se proporcionará atención inmediata a los problemas de salud relacionados con la minería ilegal y de pequeña escala con énfasis en los temas de contaminación por mercurio y malaria. Se eliminará la minería en todas las ABRAE de conservación ambiental. Se revertirá la expansión de los procesos de minería en las zonas al norte del Orinoco, en particular las relacionadas con minerales metálicos, de minería de cielo abierto y la realizada en cuencas, zonas agrícolas y ecosistemas de importancia ecológica.

  1. Recuperar y potenciar la capacidad del Estado para la gestión de riesgo ante desastres socio-naturales.

Se implementarán de manera urgente las normas y procedimientos establecidos en la legislación nacional en materia de gestión de riesgos y protección civil para la reducción de la vulnerabilidad ambiental y el aumento de las capacidades de la población para enfrentar las circunstancias inevitables. Se establecerán planes nacionales, estatales y municipales de gestión de riesgos ante la variabilidad ambiental y los cambios globales con énfasis en el cambio climático. Se promoverán las capacidades nacionales para la planificación ambiental asociadas a la gestión de riesgos, incluyendo la capacidad para la recopilación y manejo de información ambiental (meteorológica, hídrica, geológica, etc.) necesaria para la realización de planes de protección civil y gestión de riesgos. Se aprobará una Ley de Cambio Climático fundamentada en la Convención Marco de Cambio Climático y se diseñará e implementará la Estrategia Nacional establecida por la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009. Se articularán las políticas de gestión de riesgos con las relacionadas con las de seguridad alimentaria e hídrica.

  1. Reinsertar al país en el concierto de las naciones en temas de gobernanza ambiental global.

Se deberá reincorporar al a los procesos y mecanismos de gobernanza global ambiental a través de la ratificación e implementación de los convenios y tratados internacionales. Se hará énfasis en la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, la Convención de Minamata, el Convenio de Estocolmo, el Acuerdo de Escazú y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas. Se revisarán los compromisos del país en materia ambiental y de cambio climático. Se promoverá a través de este proceso el logro de financiamiento para proyectos ambientales a través de convenios de cooperación y proyectos con entes multilaterales tradicionales, fondos ambientales (mecanismos de financiación climática, financiamiento ambiental, etc.) y cooperación internacional bilateral. Se establecerán políticas e incentivos para generar inversiones internacionales en temas relacionados con el desarrollo sostenible.

  1. Promover espacios de participación y procesos educativos para promover la corresponsabilidad ciudadana

Se implementarán espacios de participación efectivos y vinculantes en todos los procesos de planificación y gestión ambiental para el fomento de la corresponsabilidad en temas relacionados con el medio ambiente. Se promoverá la incorporación de los especialistas y organizaciones de la sociedad civil en labores relacionadas con la planificación y gestión ambiental. Se promoverá el desarrollo de procesos de formación técnica y profesional para recuperar y expandir la capacidad profesional de la población para el trabajo en todos los niveles de la administración pública, las empresas y el desarrollo de emprendimientos sustentables. Se promoverá la formación ciudadana en temas ambientales a través de todas las modalidades educativas. Para ello se implementarán programas de educación ambiental dirigidas a la formación de la ciudadanía en capacidades para la gestión ambiental.

Prioridades en el corto plazo

  • Restablecer la institucionalidad ambiental y darle capacidades a los organismos competentes para actuar como entes rectores y controladores de la gestión ambiental.
  • Atender la emergencia hídrica nacional de tal manera de garantizar el derecho al agua.
  • Derogar el Decreto del Arco Minero del Orinoco y atender a las personas afectadas por la intoxicación por mercurio, la malaria y otras enfermedades derivadas de la degradación ambiental.
  • Asegurar que todos los proyectos de recuperación económica estén orientados por principios de economía sostenible, responsabilidad ambiental, protección de los derechos humanos ambientales y los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
  • Promover la participación ciudadana en todos los procesos de gestión ambiental.
  • Establecer una política internacional de cooperación que permita captar financiamiento externo para realizar los cambios necesarios en la política ambiental del país y promover proyectos dirigidos a avanzar en el camino del desarrollo sostenible.

¿Con qué recursos contamos para este trabajo?

  • Con profesionales en todas las áreas ambientales que se necesitan en este proceso de transformación, tanto trabajando en las instituciones académicas, como en organizaciones de la sociedad civil.
  • Con una extensa base de conocimientos, propuestas y metodologías para abordar las situaciones existentes.
  • Con mecanismos de cooperación financiera al que Venezuela puede tener acceso cuando pueda generar la confianza necesaria de tener propuestas y procesos de trabajo profesionales y sustentados en políticas pertinentes, comprensibles, transparentes y permanentes.

Este conjunto de políticas permitirá:

  • Aprovechar de manera responsable los recursos naturales para promover una economía próspera y sustentable que permita superar los problemas económicos actuales y dejar atrás el modelo extractivista del país.
  • Promover y proteger los derechos humanos ambientales de la población , principalmente de los grupos más vulnerables.
  • Fortalecer las capacidades de la ciudadanía para que actúen como entes corresponsables de la gestión ambiental, generen nuevas formas de emprendimiento sostenible y participen de manera activa en la búsqueda de soluciones para enfrentar los retos derivados de los cambios ambientales globales.

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