Abusos,…ahora sin secreto

VÍCTIMAS DE ABUSOS DENUNCIAN QUE PERSISTE EL ENCUBRIMIENTO ENTRE LEGIONARIOS DE CRISTO

EXPERTO EXPLICA LA RESPUESTA DE LA IGLESIA ANTE LOS CASOS DE ABUSOS SEXUALES

 

El Papa Francisco / ACI Prensa

 

ACI Prensa.- El Papa Francisco eliminó el secreto pontificio de las denuncias, los procesos y las decisiones que afectan a los casos de abusos sexuales.

Así se ha establecido mediante la Instrucción “Sobre la confidencialidad de las causas” difundida este martes 17 de diciembre y que entrará en vigor en cuanto sea publicada en L’Osservatore Romano.

Además, el Papa Francisco también decidió que se considerará delito de pornografía infantil por parte de un clérigo “la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años”. Hasta ahora, se consideraba pornografía infantil la posesión de material pornográfico de menores de 14 años.

Se trata de una modificación de las Normas Sustanciales del Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, de San Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001”, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020.

En esa modificación también se elimina la obligatoriedad de que el abogado y procurador en los delitos más graves contra la moral o la celebración de los sacramentos tenga que ser un sacerdote.

En la Instrucción se establece que los delitos que no estarán sometidos al secreto pontificio son los citados en el artículo 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7 de mayo de 2019, y en el artículo 6 de las Normae de gravioribus delictis reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mencionados en el Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, de san Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001, y sus posteriores modificaciones.

Además, en la Instrucción se concreta que “la exclusión del secreto pontificio también subsiste cuando tales delitos hayan sido cometidos en concomitancia con otros delitos”.

La Instrucción también subraya que “la información se tratará de manera que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad” “con el fin de proteger la buena reputación, la imagen y la privacidad de todas las personas involucradas”.

Aunque se insiste también en que “el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles”.

La Instrucción concluye señalando que “no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos”.

La modificación de las Normas Sustanciales del Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela” afecta a los artículos 6, 13 y 14 de dicho texto legislativo.

La redacción del artículo 6 se modifica en el párrafo que define la edad hasta la que se considera pornografía infantil. La nueva redacción define como delito grave contra la moral, cuyo juicio queda reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe “la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio”.

En el artículo 13 se elimina la obligación de que el abogado y procurador sea un sacerdote. El nuevo párrafo queda redactado del siguiente modo: “Funge de abogado y procurador un fiel, doctorado en derecho canónico, aprobado por el presidente del colegio”.

Por último, el artículo 14 se sustituye por el siguiente: “En los otros tribunales, sin embargo, para las causas de las que tratan las presentes normas, pueden desempeñar válidamente los oficios de juez, promotor de justicia y notario solamente sacerdotes”. Por lo tanto, el patrono queda excluido, a diferencia de la anterior redacción.

 

Editorial VATICANO

Decisión histórica fruto de la cumbre de febrero

ANDREA TORNIELLI / Vatican News .- La cumbre sobre la protección de los menores convocada en febrero de 2019 por Francisco en el Vaticano sigue dando sus frutos: hoy, martes 17 de diciembre, se anuncia una decisión importante -que no es arriesgado llamarla histórica- sobre el secreto pontificio.

De hecho, el Papa ha decidido, con un rescripto, abolirlo en casos de abuso de menores, violencia sexual y pornografía infantil.

Esto significa que las denuncias, testimonios y documentos procesales relativos a los casos de abusos conservados en los archivos de los Dicasterios Vaticanos, así como aquellos que se encuentran en los archivos de las diócesis, y que hasta ahora estaban sujetos al secreto pontificio, podrán ser entregados a los magistrados instructores de los respectivos países que los soliciten. Es un signo de apertura, disponibilidad, transparencia, y colaboración con las autoridades civiles.

En el caso de los Dicasterios Vaticanos, la solicitud debe ser enviada a través de una carta rogatoria internacional, usual en el contexto de las relaciones entre Estados. El procedimiento es diferente en los casos en que los documentos solicitados se guardan en los archivos de las curias diocesanas: de hecho, los magistrados instructores de los respectivos países enviarán la solicitud directamente al obispo. De todos modos, no se verán afectados los regímenes particulares que pueden estar previstos en acuerdos o concordatos entre la Iglesia y el Estado.

Es evidente el alcance de la decisión del Papa Francisco, que se vincula al motu proprio Vos estis lux mundi del pasado mes de mayo: el bien de los niños y jóvenes debe estar siempre por encima de cualquier protección del secreto, incluso del “pontificio”. El rescripto, obviamente, no afecta en modo alguno al sello sacramental, es decir, el secreto de la confesión, que es algo muy diferente del secreto pontificio sobre los actos y los testimonios. Tampoco significa que los documentos de los juicios deban ser de conocimiento público y, por lo tanto, estén destinados a ser divulgados. La reserva de las víctimas y de los testigos deberá protegerse siempre. Pero ahora la documentación deberá ponerse a disposición de las autoridades civiles para la investigación de los casos ya implicados en los procedimientos canónicos.

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