6D: Votar por criminales

 

18.093 EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.

-Fiscal de la Corte Penal Interacional –CPI-  (Fatou Bensouda) criticada por no abrir una investigación, a pesar de examinar la situación durante casi tres años.

-A lo largo de los años,  cultivó el intercambio de “presentes” con los candidatos a ser investigados por criminales por la CPI. Haifa El Aissami llevaba regularmente “maletines” a Fatou…

 

OEA.-El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, publicaron un informe que reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, y que condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes.

El informe de 153 páginas, titulado “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” amplía el informe de 2018 de un Panel de Expertos Independientes convocados por la OEA, el cual concluyó que había una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El nuevo documento señala que, desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos. Partiendo del trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONGs, académicos independientes y otras fuentes creíbles, el nuevo informe pinta un vívido retrato de una Venezuela devastada por la violencia patrocinada por el Estado y en la agonía de un desastre humanitario.

Entre otros hallazgos, el informe:

  • Identifica 18.093 ejecuciones extrajudicialesrealizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.
  • Identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014.
  • Identifica que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones gravesdebido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen. Esto incluye informes, incluyendo de las Naciones Unidas, que encontraron 7 millones de personas necesitadas y más de 100,000 niños menores de 5 años afectados por desnutrición aguda severa. Una ONG con una fuerte presencia local informó que 52 de cada 100 niños atendidos tienen deficiencias nutricionales y el 24 por ciento de las mujeres embarazadas estaban desnutridas. En las principales ciudades, la escasez de medicamentos esenciales ha oscilado entre el 60 y el 100 por ciento. Y con bajas tasas de vacunación y medicamentos limitados, ha habido brotes de sarampión y difteria y al menos 400.000 casos de malaria, el más alto de América Latina. Se reportan casi 1.000 muertos por falta de medicamentos contra la malaria.
  • Identifica 724 casos de desaparición forzadaen 2018 y 2019.
  • Identifica 653 casos documentados de torturadesde 2014.
  • Identifica que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.
  • Destaca el fracaso de la Fiscal de la CPIen realizar su examen preliminar de manera expedita, así como en abrir una investigación a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.
  • Recomienda a la Fiscal proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en Venezuela en su próximo “Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.

El informe también presenta presuntos delitos que no formaban parte del informe de 2018, incluidos «actos inhumanos» cometidos intencionalmente que han resultado en gran sufrimiento o muerte. Estos incluyen acciones del régimen de Maduro que han facilitado y prolongado el empeoramiento del desastre humanitario de Venezuela.

Las instituciones gubernamentales, incluidas las fuerzas de seguridad y el poder judicial, han sido utilizadas como armas contra sus ciudadanos. Para el pueblo de Venezuela, el estado de derecho en el país ya no existe. Para los miembros del régimen, el Estado los faculta para operar con total impunidad. La búsqueda de la justicia internacional es el único recurso que queda.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que “se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano. Llamamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mistrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”.

“Nuestro informe da vida al extraordinario sufrimiento del pueblo de Venezuela, infligido por Nicolás Maduro y su régimen. La única conclusión razonable a la que se llega al examinar la escala y amplitud de los abusos contra los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la imposición de condiciones de vida diseñadas para causar un gran sufrimiento o la muerte, es que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional”, dijo Jared Genser, Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger. «Por lo tanto, es tan inexplicable como impactante que, después de casi tres años examinando la situación, la fiscal Fatou Bensouda no haya abierto una investigación sobre los presuntos delitos», agregó.

A pesar del drástico deterioro de la estabilidad nacional de Venezuela y los presuntos graves crímenes de lesa humanidad en curso, la Corte Penal Internacional no ha tomado ninguna medida sustantiva para exigir responsabilidades a los perpetradores. La fiscal Fatou Bensouda comenzó a investigar el caso de Venezuela en febrero de 2018 y, en los casi tres años transcurridos desde entonces, sólo ha completado dos de las cuatro etapas de su «examen preliminar». En cambio, contrariamente a los objetivos declarados de su Oficina de promover la prevención, la disuasión y advertir a los perpetradores, no ha actuado como lo ha hecho repetidamente en otros casos. Como resultado, el régimen se ha envalentonado para cometer más crímenes, en la creencia de que puede actuar con impunidad. – COMPLETO: EL INFORME:

 

OEA denuncia «lentitud» inexplicable de CPI-Bensouda

Un hombre pasea en motocicleta delante de la Asamblea Nacional de Caracas el 1 de diciembre de 2020 afp_tickers

AFP.- Un informe de la secretaría de la OEA criticó este miércoles la inexplicable «lentitud» del examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, afirmando que como consecuencia el gobierno de Nicolás Maduro se siente «envalentonado» y esto fomenta la «impunidad».

Hasta ahora la corte le ha fallado al pueblo venezolano», dijo durante la presentación del informe «Fomentando la impunidad», el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un duro crítico de Maduro.

El abogado experto en derechos humanos Jared Genser, asesor especial de la OEA, que recopiló el informe, señaló que «la lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo».

El letrado señaló que como consecuencia de la lentitud de la investigación, el gobierno de Maduro -que no está reconocido por más de 50 países encabezados por Estados Unidos- «se siente envalentonado para cometer más crímenes, bajo la impresión que puede actuar con total impunidad».

El reporte impulsado por Almagro, un duro crítico de Maduro, se basa en un primer informe emitido por un panel de expertos independientes en 2018 que denunció «crímenes de lesa humanidad» en Venezuela.

Al régimen de Venezuela se le ha permitido actuar con impunidad durante demasiado tiempo», denunció Almagro.

La corte internacional con sede en La Haya inició en febrero de 2018 un examen preliminar para indagar sobre presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en Venezuela en el contexto de una ola de protestas.

En noviembre de este año, la fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, recibió a una delegación del gobierno de Maduro compuesta por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.

Bensouda informó a la delegación que «existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte».

El informe de la OEA indicó que «a la luz de las abrumadoras pruebas presentadas a la Fiscalía por numerosas fuentes fiables, la demora actual no sólo es inexplicable, sino que también contradice los principios y objetivos enunciados en materia de exámenes preliminares».

Genser indicó a los periodistas que a medida que pasa el tiempo «los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela por Nicolás Maduro y su régimen no han hecho más que aumentar en su escala, alcance y en su gravedad».

– Falta de cooperación y sanciones contra la CPI –

Maduro fue acusado en septiembre por una misión de la ONU que investiga la situación en Venezuela de estar vinculado a posibles «crímenes de lesa humanidad», incluyendo las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura.

Caracas reconoce la competencia del tribunal de La Haya y acudió a esta corte para pedirle que investigue como posibles crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos. Esta denuncia y también las acusaciones contra Maduro están en una fase preliminar para determinar si se debe abrir una investigación.

La CPI debe emitir antes de final de este año un informe sobre el estado de las cuestiones en examen.

El informe de la secretaría de la OEA contabilizó 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad en Venezuela entre 2014 y 2020, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, y 653 casos de tortura, con base a estimaciones de organizaciones multilaterales, oenegés y medios de comunicación.

Genser indicó que esto no debería ser visto como un «ataque contra la oficina de la fiscal, sino como un llamado a la transparencia».

El excomisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Husein, un profundo conocedor del tribunal de La Haya, admitió a la prensa que en los últimos años los fiscales han tenido varios reveses, entre ellos las apelaciones exitosas que revocaron condenas por violaciones graves y la falta de cooperación de muchos estados.

Además en el último tiempo, han tenido que lidiar con el hecho de que el gobierno de (Donald) Trump tome medidas sin precedentes contra sus funcionarios», señaló el jordano, en relación a las sanciones contra sus miembros. 

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