110.000 protestas en DOS décadas

– LA CRONOLOGÍA DESDE “CON MIS HIJOS NO TE METAS” EN EL AÑO 2.000

RABIA CRECIENTE: 28 protestas en 10 estados por malos servicios y falta de gasolina – @Impacto Venezuela

– 2020: 6.000 Protestas -Observatorio de Conflictos – @OVCSocial –

 

 En diferentes regiones se llevan a cabo concentraciones de la gente cansada de no tener servicios básicos como luz, agua, gas. También reclaman combustible. Cómo respuesta consiguen reprensión.

 

-Las protestas se han ido incrementando a lo largo del año. Hasta agosto 2020 documentamos casi 6.000 acciones y más de 80% fueron manifestaciones por derechos sociales, ubicando las carencias socioeconómicas en el epicentro de las exigencias de los ciudadanos.

  

LaGranAldea .-Entre 2000 y 2020 hubo más de 100 mil protestas en Venezuela, lo que evidencia que, a pesar de la represión, de la impunidad y del progresivo desmantelamiento de las instituciones, no se ha podido silenciar el ímpetu de una población consciente de sus derechos constitucionales que se expresa ante la falta de respuestas del Estado.

En un esfuerzo periodístico por rescatar la memoria histórica del país se presenta una compilación rigurosa de datos y cifras relacionadas con las manifestaciones hechas por los venezolanos, tanto políticas como de otra índole, desde el 2000 hasta junio de 2020, coincidiendo con el periodo durante el cual el chavismo ha ejercido el poder en Venezuela, primero a través de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro.

Aun cuando Venezuela lleva lustros en una severa crisis económica, dos años en hiperinflación y al menos cinco en una Emergencia Humanitaria Compleja, bajo un régimen estatal de férreo control social, el 35% de las 110.015 protestas que se vivieron en estas dos décadas son de naturaleza política y especialmente en reclamo por la violación de derechos ciudadanos.

En la medida en que el lector avance podrá ver la evolución en el tiempo de esta permanente expresión ciudadana en las estadísticas reportadas año a año en una barra navegable que contiene dos décadas de datos y, en paralelo, el recuento de algunos hitos que marcaron la historia nacional, compendio que en verdad es una representación viva de tantas voces que se han hecho escuchar con consignas como “con mis hijos no te metas” y “ni un paso atrás”, que todavía retumban en quienes permanecen en el territorio y en esos más de 5 millones de venezolanos que dejaron el país debido a la persecución, la crisis y la falta de oportunidades.

Navegar esta entrega permite recordar esas luchas constantes de un país que se niega a ser silenciado, lo que abre el espacio para el estudio y para hacer una interpretación adecuada de esta realidad por parte de los distintos sectores de la vida nacional y de sus líderes, si realmente quieren estar a la altura de los ciudadanos.

2000

“Con mis hijos no te metas”

Con la consigna “Con mis hijos no te metas”, miles de ciudadanos, padres y representantes junto con integrantes de 14 ONG que componen la Red Venezolana de Educación para los Derechos Humanos, se fueron a las calles, por primera vez en casi dos años de gobierno de Hugo Chávez, para rechazar la decisión ejecutiva de intervenir en la enseñanza de los niños venezolanos. Con este Decreto Presidencial No.1.011, se reformaba el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente y creaba la figura de los Supervisores Itinerantes Nacionales en las instituciones educativas, nombrados por el Ejecutivo, que tendrían la facultad de nombrar y destituir a directores de escuelas y colegios; y también permitiendo a maestros cubanos participar en planes de alfabetización. La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) alertó sobre un mecanismo oficial para intervenir en la educación privada. La presión en las calles que se prolongó hasta 2001, y la resistencia en los planteles privados a no permitir el acceso de estos funcionarios, impidió que fuese puesta en práctica la medida presidencial. En 2001, el ministro de Educación, Héctor Navarro, explicó que el Decreto estaba concebido para la educación pública y no privada, y aseguró que fue “un error”. El Decreto 1.011 abrió el ciclo de 18 intentos en 12 años, por cambiar el concepto de la educación en el país.

A partir del año 2000 el Estado venezolano ha impulsado políticas públicas que han cerrado espacios al derecho a la Educación de calidad, plural y fundamentada en todas las corrientes de pensamiento”.

Fuente: Informe Conjunto de Organizaciones Educativas de la Sociedad Civil Venezolana al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, con motivo del Examen del 3er. Informe Periódico del Estado Venezolano en el 55° Período de Sesiones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2001

En defensa de la propiedad privada

El 21 de noviembre de 2001, frente a las cámaras de canales de televisión, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), José Luis Betancourt, rompió la Gaceta Oficial que daba vigencia a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dictada por Hugo Chávez junto con la Ley Orgánica de Hidrocarburos y otros 47 proyectos, a través de poderes especiales conferidos por el Parlamento.

Esta expresión de protesta se considera amenazante contra el Presidente. El proyecto de ley que eliminaba la figura del latifundio, constituyó el primer ataque a la propiedad privada que persiste aún en 2005. La Ley se sometió a intensas discusiones parlamentarias, mientras Chávez aseguraba que “estamos comenzando a tocar los intereses de la oligarquía”. El texto se convirtió en “el secreto mejor guardado del Gobierno” y tardó en ser conocido por la opinión pública. Ya en abril, en medio de un clima de confrontación entre campesinos y ganaderos, Fedenaga acordó acciones orientadas a repeler las invasiones y atropellos contra la propiedad privada, entre estas un paro cívico en el estado Zulia, luego de infructuosos esfuerzos de entendimiento con el Gobierno.

TESTIMONIOS

“No nos vamos a dejar matar. Vamos a defendernos y la responsabilidad la tiene el Gobierno”.

José Luis Betancourt, presidente de Fedenaga.

“El Presidente quiere convertir la propiedad privada en propiedad colectiva […] quiere cubanizar a Venezuela”.

Adonay Martínez, directivo de Fegalago.

Fuente: derechos.org.ve

2002

La primera masacre: Puente Llaguno

Caracas, 12/02/2004. Foto: Gabriel Osorio / Orinoquiaphoto

En medio del tercer día de paro nacional indefinido y de la indignación por el despido público de siete altos gerentes de PDVSA, por parte de Hugo Chávez, las protestas del 11 de abril de 2002 contra el Gobierno desataron otros episodios que marcaron el destino de Venezuela. Al mediodía, cientos de miles de personas colmaron la Autopista Francisco Fajardo hasta Chuao, al grito de “¡Que se vaya!”. La multitudinaria marcha de dimensiones inéditas fue organizada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la patronal Fedecámaras, y tenía previsto culminar en la sede del PDVSA, pero sus líderes decidieron conducirla, primero hasta la Avenida Bolívar, en el centro de Caracas, y luego hasta las puertas del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, donde se encontraban otros miles de seguidores de Chávez, señalaron los reportes de prensa. El choque entre las dos fuerzas políticas a la altura del Palacio Blanco, y su propagación a otros sectores del centro de la capital, lo contienen piquetes de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana, esta última adscrita a la Alcaldía Mayor de Caracas. A pesar de que nunca llegaron a enfrentarse, 14 personas murieron por disparos y 110 resultaron heridas. Muchos tiros certeros impactaron en la cabeza. La versión oficial culpó a francotiradores adversarios a Chávez, y a los propios manifestantes. Mientras, reportes radiales informaron que presuntamente fueron francotiradores apostados en los edificios aledaños al Palacio de Miraflores o funcionarios de la policía vestidos de civil. Se ordenó la detención de dos directivos y cinco funcionarios de la Policía Metropolitana, y el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana. La violencia contra la manifestación ocasionó una alocución presidencial que obligó a las estaciones de radio y televisión a encadenarse, mientras transcurría la acción de los “pistoleros” adeptos al Gobierno y la masacre de Puente Llaguno. Las cinco televisoras nacionales partieron en dos la pantalla para transmitir la información en vivo, pero las señales de estos medios fueron cortadas. Horas más tarde, el Presidente fue detenido y trasladado a Fuerte Tiuna, renunció al poder.

La celebración del regreso

El 13 de abril en la mañana, cientos de miles de seguidores de Hugo Chávez concentrados en las puertas del Palacio de Miraflores, celebraron el retorno del Presidente al poder, luego del fracaso del golpe de Estado. La manifestación se prolongó durante casi todo el día. Desde entonces, los oficialistas mantienen un “muro invisible” entre el este y el oeste de Caracas, señaló el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), para impedir que las movilizaciones que convoca la oposición lleguen a las sedes del Palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional y otros espacios ocupados por el oficialismo. En diciembre de 2002 se reformó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación que amplía la figura de las Zonas de Seguridad a 30% de lugares en todo el país, como las inmediaciones de la sede de PDVSA, en Chuao. Comenzó la exclusión y penalización de opositores que protestaban para ejercer sus derechos, como los trabajadores, campesinos y activistas sociales. Cinco meses más tarde, el 24 de agosto de 2002, se convocó una protesta que se tornó violenta cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), considerada leal a Chávez, desestimó, por 11 votos a favor y 8 en contra, los cargos por golpe de Estado contra cuatro oficiales superiores del Ejército, acusados de conspirar para derrocarle en abril de este mismo año.

TESTIMONIO

“No nos vamos a quedar con esa, ahora lo que viene es un contraataque del pueblo y de las instituciones verdaderas, contraataque revolucionario”.

Hugo Chávez, en un acto en El Valle, Caracas. (Fuente: abc.es)

Del Paro Petrolero al control político de PDVSA

El paro petrolero que inició el 2 de diciembre de 2002 marcó, con el desgaste de los días, el debilitamiento de los que organizaron la huelga que llegó hasta la paralización de las exportaciones petroleras al principal mercado, los Estados Unidos. Una nutrida concentración en protesta pacífica contra el gobierno de Chávez, tomó como sede la Plaza Francia de Altamira, en el municipio Chacao. El 6 de diciembre por la noche fue atacada con disparos. Tres fallecidos y varios heridos como saldo. Joao de Gouveia, el responsable, fue detenido y luego condenado a presidio por haberse encontrado culpable de homicidio calificado con alevosía, motivos innobles y premeditación. Mientras, a la voz de “ni un paso atrás” las protestas de calle de los petroleros continuaron. Este paro, que desembocó en nacional, fue acompañado por la directiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y apoyado en principio por Fedecáramas. Aunque la idea era forzar la salida de la junta directiva impuesta por el Ejecutivo nacional en la estatal, muchos se atribuyeron que los alcances habían llegado hasta Miraflores. Una huelga de varios meses que paralizó al país, y marcó un antes y un después en lo que sería el destino de la industria petrolera venezolana.

TESTIMONIO

“Me tiré al piso atemorizada y sentí el impacto. Todo pasó muy rápido”.

Gloria Morillo, quien recibió una bala en el pie derecho en los sucesos de la Plaza Altamira.

Fuente: muralvirtualanticomunista.blogspot.com

2003

“El Firmazo”

Caracas, 02/02/2003. Foto: AFP / Andrew Álvarez

El 2 de febrero de 2003, un día antes de la culminación del paro general y petrolero iniciado en abril de 2002, la oposición que adversaba a Chávez realizó la recolección de firmas -en todo el país- para convocar un Referendo Consultivo que buscaba sacarlo del poder. Se recogieron 3,4 millones de rúbricas, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró nulo el proceso, alegando que no cumplía con los requisitos legales: Validó solo 1.832.493 firmas, de las 2.437.000 requeridas como mínimo para convocar la consulta. El Ejecutivo usaría las firmas para crear lo que se llamó el primer gran apartheid político en Venezuela. La llamada “Lista Tascón”, por el apellido del diputado oficialista que a través de su página web dio a conocer toda la data de los firmantes, presuntamente entregada directamente por el CNE. La efectividad de este instrumento de segregación social y política se centró en no dar empleo, ni permitir la entrada a ningún ente estatal ni militar a los firmantes de la solicitud de consulta popular, muchos de los cuales, por efectos del paro, estaban sin trabajo. Entre enero y marzo de 2003 ocurrió la ola de despidos de PDVSA, cuya cifra alcanzó más de 20 mil empleados de la estatal petrolera, entre ejecutivos, gerentes, profesionales medios, y obreros altamente especializados, quienes fueron desincorporados de la nómina sin derecho a recibir el pago de prestaciones ni recuperar sus ahorros.

TESTIMONIO

“Pedimos a la Asamblea Nacional solicitar una junta interventora que empiece por preguntar por qué los despidos de casi el 30% de la nómina; nadie dice ni hace nada”.

Horacio Medina, gerente de PDVSA despedido y portavoz de los empleados.

Fuente: bbc.com/mundo

2004

Huelga de hambre contra la arbitrariedad

La Muerte de Franklin Brito – Fecha: 30/08/2010. Fuente: NTN24

El biólogo y productor agrícola (chavista) venezolano Franklin Brito inició una huelga de hambre en protesta contra el Instituto Nacional de Tierras (INTI) del gobierno de Hugo Chávez, que le expropió de modo arbitrario 290 hectáreas de su finca en Iguaraya, en el estado Bolívar. Ocurrió luego de una serie de litigios judiciales que el hombre, de 49 años de edad, perdió. También protestaba por los despidos “injustificados”, de él y de su esposa, del Ministerio de Educación. La huelga de hambre que inició en la Plaza Miranda, en el centro de Caracas, y se prolongó de forma intermitente por 6 años, porque no encontró el respaldo que buscaba en la justicia venezolana e interamericana. En 2010, falleció en el Hospital Militar de Caracas, donde fue recluido a la fuerza. Pesaba 35 kilos. Al año siguiente, Hugo Chávez dictó un decreto, en un acto de masas, para entregar a campesinos las tierras productivas que se encontraban sin cultivar y que pertenecían a latifundistas. “¡La guerra contra el latifundio es esencia de la revolución bolivariana!”, declaró. El 3 de junio de este mismo año, en cadena nacional de radio y televisión, fue lanzada directamente por el presidente Hugo Chávez la “Lista Maisanta”. La base de estos datos incluyó la información detallada de todos los ciudadanos que conformaban el Registro Electoral para marzo de 2004.

TESTIMONIOS

“No vieron que la causa de Franklin Brito era una lucha por los Derechos Humanos aquí en Venezuela, una lucha por el debido proceso, una lucha por el acceso a la justicia”.

Ángela Brito, hija.

Fuente: elcomercio.com

“¿Dónde está el juez que velaba por la salud de Brito?”.

Jueza María Lourdes Afiuni, desde prisión. (Fuente: abc.es)

2007

Fin de RCTV enciende Movimiento Estudiantil

Caracas, 29/05/2007. Foto: AFP / Pedro Rey

Desde el 28 de mayo, cientos de estudiantes Desde el 28 de mayo, cientos de estudiantes universitarios iniciaron encendidas protestas en las calles de Venezuela, para condenar el cese de transmisiones del canal RCTV, el 27 de mayo de 2007 a la medianoche, al no ser renovada la concesión de la televisora privada más antigua del país con más de 12 millones de televidentes en sus programas de mayor popularidad. La medida había sido anunciada por el presidente Hugo Chávez el 28 de diciembre de 2006, alegando el supuesto apoyo al golpe en su contra en 2002. Las protestas dieron lugar al Movimiento Estudiantil, un grueso y organizado grupo de jóvenes universitarios y dirigentes de las principales casas de estudios, el cual se caracterizaría por llevar las palmas de las manos pintadas de blanco, símbolo de protesta pacífica. “Manitos blancas” fue el mote que empleó el Gobierno despectivamente para intentar descalificar su impacto en la sociedad, ante los preparativos del Referéndum Consultivo al cambio de la Constitución, liderado por Chávez. A las marchas de estos jóvenes se unió el resto de la sociedad civil, en rechazo al atropello a la libertad de expresión y de la autonomía universitaria. También pedían la libertad de medio centenar de estudiantes detenidos y procesados por participar en manifestaciones que terminaron en forma violenta. Al Movimiento Estudiantil se le atribuyó, en buena medida, la única derrota electoral de Chávez sobre la reforma constitucional.

TESTIMONIO

“Somos estudiantes, aquí nadie quiere dar un golpe de Estado (…) Tenemos las ‘manos blancas’ y las estamos levantando hacia la paz”.

Freddy Guevara, uno de los líderes del movimiento.

Fuente: bbc.com/mundo

2011

Huelgas de hambre en toda Venezuela

Villca Fernández, estudiante universitario en huelga de hambre. Caracas, 22/03/2011. Foto: AFP / Leo Ramírez

El 31 de enero, luego del triunfo de varios dirigentes estudiantiles en las elecciones parlamentarias y regionales de 2010, nueve jóvenes militantes de la Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), se acostaron en catres a las puertas de la sede de la OEA, en Las Mercedes, en el sureste de Caracas, y se negaban a comer por una causa: Democracia y respeto de los Derechos Humanos. Es la “Operación Libertad” que en febrero ya sumaba casi un centenar de adeptos, dijeron estar listos “para dar batalla hasta el final”. Solicitaron que el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, constatara en Venezuela la situación de los Derechos Humanos, y exigieron la libertad de 27 “presos políticos”, entre quienes había dos diputados opositores. La huelga de hambre, como expresión de protesta, se extendió en Caracas durante el primer semestre del año. Cuatro trabajadores de PDVSA, despedidos sin motivo, llevaban más de un mes sin comer frente a la sede de la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas, solicitando fueran reincorporados. También un numeroso grupo de estudiantes y trabajadores universitarios se acostaron en las afueras de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la Avenida Francisco de Miranda, para exigir el aumento del presupuesto para las universidades públicas. Mientras, el 15 de marzo representantes estudiantiles y autoridades universitarias, se movilizaron hasta el Parlamento para exigir más recursos y se negaron a paralizar la protesta. En el rectorado de la Universidad de Los Andes en Mérida, el Movimiento 13 de Marzo y otras organizaciones también se expresaron con la protesta del ayuno, para solicitar mejoras en las casas de estudio. Desde enero se registraron 31 huelgas distintas, señaló el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Las protestas no cesaron.

TESTIMONIOS

“Ya no hay otra manera de protestar… la libertad necesita este sacrificio”.

Julio César Rivas, organizador de la huelga de hambre y miembro de JAVU.

“Si me toca entregar la vida sobre un colchón, la entrego. No me da miedo morir. Me da miedo no hacer nada”.

Lorent Saleh, coordinador nacional de JAVU. (Fuente: bbc.com/mundo)

2013

“Operación Soberanía” y la crisis universitaria

Caracas, 04/03/2013. Foto: David Fernández /​ EPA

El 14 de febrero de 2013 organizaciones juveniles y universitarias organizaron el plan “Operación Soberanía” y anunciaron la alianza por las elecciones presidenciales libres, justas y equitativas previstas para el 14 de abril. Se reclamó la verdad detrás de la enfermedad y recuperación del presidente Hugo Chávez. Ocurrió dos meses después de que fuera reelecto en las elecciones de diciembre de 2012, y que viajara a La Habana tras difundirse que padecía cáncer. Además, pidió la renuncia del ministro de la Defensa, Diego Molero Bellavia, por “arrodillarse ante la dictadura comunista de los hermanos Castro”. El plan se inició con una huelga de hambre frente a la sede de la Embajada de Cuba, en Caracas, que ocasionó el regreso del presidente al país, y prosiguió con el encadenamiento en la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Chacao, que terminó con la toma de la Avenida Arturo Uslar Pietri, en el mismo municipio. A estas protestas se sumaron manifestaciones y ayunos por la crisis universitaria. A principios de año, profesores de varias universidades autónomas, agrupados en la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) presionaron al Gobierno para recibir un aumento de sueldos y beneficios, así como incrementos al presupuesto de las casas de estudio. En junio, la Fapuv convocó a un paro nacional, lo que impulsó movilizaciones de profesores y empleados universitarios hasta las sedes de organismos públicos, así como concentraciones y la obstrucción de vías en las principales ciudades del país. Luego de negociaciones sin claros resultados, la Fapuv decidió en septiembre levantar el paro docente, con la advertencia de reanudarlo más adelante si sus demandas no eran totalmente satisfechas.

2014

“Masacre del Día de la Juventud”

Caracas, 12/02/2014. Foto: AFP / Leo Ramírez

El 12 de febrero de 2014, una concentración de jóvenes en las puertas de la Fiscalía, en el centro de Caracas, convocada por los opositores Leopoldo López y María Corina Machado en protesta pacífica contra Nicolás Maduro, se convirtió en violenta por el ataque de grupos armados afectos al régimen, denominados colectivos, que rodearon la institución. A la manifestación calificada de “golpista” por Nicolás Maduro, se le llamó la “Masacre del Día de la Juventud”. Volaron piedras, molotov, y cuerpos de seguridad del Estado dispararon bombas lacrimógenas y balas a los manifestantes que corrían por las calles aledañas a la institución. Se registraron tres muertos y más de 800 heridos, algunos con descargas eléctricas y arrollados, según un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Televisoras fueron bloqueadas. La jornada, replicada en 16 estados, fue precedida por marchas; vigilias; cadenas humanas; rezos colectivos; “pancartazos”; músicos en la calle; hasta el cierre de calles denominadas “guarimbas”, a lo largo de todo el mes. Las manifestaciones se originaron el 4 de febrero, cuando estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en la ciudad fronteriza de San Cristóbal, protestaron contra la inseguridad y el presunto abuso sexual a una compañera. La detención de seis estudiantes generó nuevas protestas estudiantiles que aumentaron la cifra de universitarios heridos y detenidos. Las protestas prosiguieron en los meses de marzo y abril de 2014 en Caracas y en las principales ciudades del país, lo que fue considerado la peor ola de manifestaciones en una década. Luego de la violenta represión a las protestas que dejaron 41 muertos, cientos de heridos y detenidos en todo el país, los grupos de estudiantes se replegaron en carpas ubicadas en distintos sectores de la ciudad, cubiertas con la bandera venezolana y mensajes pidiendo la renuncia de Maduro. El 4 de mayo en la madrugada, la Guardia Nacional Bolivariana irrumpió y desmanteló los campamentos. Detuvieron a 243 jóvenes y cargaron con sus pertenencias. Los muchachos alegaron “brutalidad policial”.

TESTIMONIO

“Arriba hay un Dios que todo lo ve”.

Janeth Frías, madre de Bassil Da Costa, joven fallecido durante las protestas de 2014.

Fuente: elcooperante.com

2015

Un fallo enciende manifestaciones

Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López. Caracas, 11/09/2015. Foto: AFP / Federico Parra

El 15 de septiembre de 2015 se inició una jornada de protestas ciudadanas en 22 ciudades de Venezuela y otras 19 en el mundo, contra la sentencia que condenó a Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular y preso en la cárcel militar de Ramo Verde, a 13 años y 9 meses de prisión. Luego de año y medio encarcelado y de 71 audiencias, la jueza Susana Barreiros le consideró instigador de las violentas manifestaciones contra Nicolás Maduro, ocurridas en febrero de 2014, en las cuales fueron asesinadas 43 personas, la mayoría por cuerpos policiales y grupos paramilitares, y dejaron cientos de heridos en todo el país. En diciembre de este año se realizaron las elecciones parlamentarias que ganó la oposición por primera vez en 15 años, con amplia e histórica ventaja, y consiguió con 112 escaños -del total de 167- la mayoría calificada en la Asamblea Nacional.

TESTIMONIO

«Nosotros no tenemos miedo, queremos luchar para la libertad de Venezuela”.

Nancy Suárez, 58 años, participante en manifestación de rechazo a la condena contra Leopoldo López.

Fuente: lta.reuters.com

2016

La indetenible “Toma de Caracas»

Caracas, 01/09/2016. Foto: AFP / STR

El 1° de septiembre de 2016, los venezolanos volvieron a las calles en una marcha multitudinaria denominada la “Toma de Caracas”, que fue organizada por la oposición para exigir la realización del Referendo Revocatorio contra Nicolás Maduro, para este mismo año. La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) el cronograma electoral 2016 para recoger el 20% de las firmas necesarias de electores para activar el Referendo Revocatorio, y también las elecciones regionales. Las movilizaciones autodenominadas “La Cumbre del Pueblo”, recorrieron el país en contra la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se realizó en la isla de Margarita, estado insular de Nueva Esparta. La consideraron una “mofa” a la crisis. Los seguidores del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), marcharon por una céntrica avenida de Caracas en respaldo al régimen.

TESTIMONIO

“La salida es la calle. El Gobierno maneja al CNE a su antojo, por eso retrasan el revocatorio”.

Victoria Avendaño, manifestante de la oposición.

Fuente: elpais.com

2017

Seis meses de sangrientas protestas

Caracas, 10/05/2017. Foto: AFP / Juan Barreto

Desde el 1° de abril de 2017, miles de ciudadanos colmaron las calles un centenar de veces en Venezuela, en rechazo al intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el poder central, de arrebatar las atribuciones y prerrogativas de la Asamblea Nacional, a través de las sentencias 155 y 156, publicadas el 28 y 29 de marzo, que ocasionaron una crisis política. Los fallos declararon la “inconstitucionalidad” de la Asamblea Nacional, luego que esta determinó la “ilegitimidad” de Nicolás Maduro. En medio de condenas nacionales e internacionales, el TSJ emitió “sendas sentencias aclaratorias” para modificar las sentencias 155 y 156 (que le devolvían teóricamente las competencias a la Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora). El 19 de abril se realizó la sexta jornada de marchas de oposición y chavismo, en menos de tres semanas, y se llevó a cabo en Caracas la movilización opositora catalogada como “la mayor expresión de protesta que este gobierno haya sentido desde que está en el poder”. A esta la precedió la “Macha del silencio”. En junio, el régimen amenazó con pena de 5 a 10 años a quienes organizaran y participaran en marchas o protestas, al decretar la prohibición de “reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que pueda perturbar o afectar el normal desarrollo de elecciones”, para instaurar la Asamblea Constituyente. Sin embargo, las manifestaciones persistieron hasta agosto, a pesar de la feroz represión policial y militar, en la capital venezolana y las principales ciudades del país. La arremetida estatal con armas de fuego, disparos certeros, golpizas y torturas dejaron 163 fallecidos, la mayoría jóvenes estudiantes, y miles de heridos y detenidos. Solo hasta julio de 2017 se cuantificaron 56 protestas diarias en el país en contra de Maduro, señaló el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

TESTIMONIO

“La lucha de pocos vale por el futuro de muchos”.

Neomar Lander, joven asesinado en protestas de 2017.

2018

Gremios de la salud toman la calle

Caracas, 25/07/2018. Foto: AFP / Federico Parra

El 15 de junio de 2018, luego de numerosas protestas de calle, el personal de enfermería se declaró en paro progresivo en 25 hospitales de Caracas, en reclamo por salarios insuficientes para comprar comida y medicamentos, así como de la aguda falta de insumos para trabajar que superaba el 80%, según estimaciones del gremio. El llamado a la paralización se acató en otros 22 centros de asistencia públicos en los 23 estados del país. Solo atendían emergencias. Enfermeras advirtieron que “si el Gobierno no atiende el justo llamado que hace el gremio pondrán los cargos a la orden”. El 25 de junio inició la paralización indefinida, ante la desatención del régimen. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por tres universidades venezolanas (Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar), señaló que la inseguridad alimentaria llegó al 80%, y que personas entrevistadas han perdido un promedio de 11 kilos en el último año. Al paro se unen profesores universitarios y médicos, que forman el Comité contra el hambre y por la vida. El régimen desató la represión contra los gremios. Médicos son encarcelados por protestar.

TESTIMONIOS

“Tenemos hospitales en estados con cierres técnicos, como el Hospital Central de San Cristóbal, donde 42% de la plantilla se ha ido y no hay insumos”.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital.

Fuente: lanacionweb.com

“El salario de hambre también afecta al médico, al obrero, al administrativo, al paciente, al camillero. Y por eso en toda la red hospitalaria, en más de 200 centros de salud, se está alzando la voz de protesta”.

Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud.

Fuente: cronica.uno

Castigo de vivir sin agua

En 2018 en la capital se hace más visible el reclamo por la falta de agua, padecimiento que ya tiene varios años en el interior del país. Decenas de caraqueños de diversos sectores del centro de la capital, fueron la punta de lanza de las protestas de calle por la falta en el suministro regular de agua. Denunciaron que más de 400 edificios se encuentran sin servicio en toda Caracas. Es el primer reclamo masivo contra las fallas de Hidrocapital, la hidrológica de la Región Capital y responsable del suministro.

TESTIMONIO

“Ante la falta de agua en la Candelaria varios de mis vecinos han sacado tobos a la calle para aprovechar la fuerte lluvia”.

Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de la Parroquia La Candelaria.

Fuente: elnacional.com

2019

Del interinato y la “Operación Libertad”

Caracas, 23/01/2019. Foto: AFP / Federico Parra

El 23 de enero, las protestas y movilizaciones se intensificaron en el país, convulsionado desde la juramentación de Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2019, para el período presidencial 2019-2025, tras unas elecciones catalogadas por la oposición como inconstitucionales. Ese día, antecedido por la sublevación de un grupo de militares en un comando de la Guardia Nacional, en Caracas, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se proclamó ante miles de manifestantes en una plaza de la ciudad capital, como Presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, al ser desconocido el segundo mandato de Maduro, y propuso impulsar un gobierno de transición que convocaría nuevas elecciones. El diputado opositor obtuvo aceptación y reconocimiento inicial de 16 países, de organizaciones internacionales y ex presidentes democráticos del mundo, en medio de respaldos ciudadanos. Las protestas contra Maduro, ese mes, dejaron 51 muertos -la mayoría por la acción de las fuerzas de seguridad del Estado- y 850 detenidos -650 el 23 de enero-, de los cuales 77 eran menores de edad, señalaron comunicados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Sin embargo, las manifestaciones alcanzaron su punto álgido cuatro meses más tarde. El 30 de abril, en medio de la inestabilidad del servicio eléctrico nacional, luego de dos mega apagones que dejaron sin servicio eléctrico a todo el país, el 7 y el 25 de marzo, Guaidó lideró la “Operación Libertad”, un movimiento insurreccional concebido para el cese de Maduro en el poder, ocasionó la liberación del máximo dirigente de su partido Voluntad Popular, Leopoldo López, preso en su casa, y el levantamiento de un pequeño grupo de militares, acompañado de civiles. La acción en el Distribuidor Altamira, frente a la Base Aérea de La Carlota, en el este de Caracas, dejó dos muertos, un centenar de heridos y 119 detenidos, según registros de varias ONG.

TESTIMONIO

“¡Que nadie se quede en su casa! La dictadura nos quiere apaciguados. No pudieron con la electricidad, ni con el agua y ni con la economía”.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional e interino, en la red social Twitter.

Se elevan los reclamos por servicios públicos

El 21 de marzo de 2019, una veintena de protestas de vecinos del centro de Caracas cerraron calles, armaron barricadas y corearon consignas contra Nicolás Maduro, en cercanías del palacio presidencial de Miraflores, que custodian decenas de agentes y tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿El motivo? Los cortes recurrentes de electricidad y la consecuente falta de agua. Exhibieron tobos vacíos para denunciar que el agua no llegaba a sus hogares desde hacía más de una semana. Con la consigna “no quiero cisterna, sino agua de chorro”, el centenar de manifestantes cerró el acceso a la emblemática Parroquia 23 de Enero, zona residencial de “colectivos” ubicada detrás de la sede de la casa donde reposan los restos del fallecido Chávez. Desde el 1° de abril se desató una ola de manifestaciones. Miles de ciudadanos en varias ciudades del país salieron a protestar en las calles, mientras el sonido de las cacerolas acompasaba el cierre de vías. Las fallas en el sistema eléctrico nacional ocasionaron reiterados apagones que impedían surtir de agua a la mayoría del país.

TESTIMONIO

“La gente salió a protestar y entonces llegó la Policía. Empezaron a entrar en las casas de todo el mundo, tumbando las puertas”.

Habitante del Barrio José Félix Ribas de Caracas, allanado.

Fuente: bbc.com

2020

La “tormenta perfecta” y el Covid-19

Un año donde la realidad es querer volver a lo cotidiano. Caracas, 15/07/2020. Foto: AFP / Federico Parra

A comienzos de enero de 2020, la falta de suministro de energía eléctrica y de agua se agudizó y las protestas superaron el récord de 1.777 de 2019, es decir, ocurre un promedio de cinco diarias en Caracas y las principales ciudades del país. Entre estas están los estados Zulia, Mérida y Táchira, donde se agravó la crisis eléctrica. En marzo, en medio de la aparición del coronavirus Covid-19 y el decreto del Estado de Alarma, las manifestaciones se multiplicaron por la sequía. El día 10, miles de personas, convocadas por la oposición, marcharon hacia el Palacio Legislativo, pero fuerzas policiales frenaron la movilización y ocurrieron enfrentamientos. Varios diputados fueron golpeados y otros detenidos. En mayo 2020, la explosión de un tablero en la estación de bombeo Taguacita dejó sin servicio de agua a gran parte de Caracas y elevó la falta del servicio a niveles críticos. A esta calamidad se sumó la escasez de bombonas de gas que meses atrás ya estaba afectando a los estados andinos, principalmente al Táchira, donde habitantes trancaron las vías con sus cilindros de gas vacíos en reclamo por la falta del servicio que alcanzaba los 6 meses y cuyo suministro depende de la estatal PDVSA. Tampoco se distribuye en Mérida. Durante este mes y principios de junio, la abrupta y explicable escasez de gasolina golpea también a los vapuleados venezolanos por la crisis general de servicios públicos, y la deficiencia del transporte público. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, apostados en las estaciones de servicio, la cobran en dólares a la mayoría de los conductores, luego de que estos hacen largas colas hasta de día y medio o más para esperar surtir combustible. La precariedad reduce el desenvolvimiento cotidiano de los venezolanos, ya sometidos a la cuarentena. El irrespeto a los Derechos Humanos por los deficientes servicios de agua potable, electricidad, internet, gas, combustible y transporte público, así como el elevado precio de los alimentos, constituyen una suerte de “tormenta perfecta” y se convierten en el principal motivo de protestas, al desplazar a los derechos laborales, señaló el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). La ONG reportó un promedio de 21 protestas diarias, en este mes. Por si fuera poco, el 19 de mayo la multinacional estadounidense AT&T cerró operaciones de la televisión por cable DirecTV Latinoamérica en Venezuela, al tener que suspender cierta programación oficial ante las sanciones, lo cual indignó a sus millones de suscriptores. La empresa con más de 20 años en el país que dominaba el 45% de la televisión por cable nacional, despidió a más de 600 empleados. Mientras, el 25 de mayo ocurrieron 9 manifestaciones en menos de 24 horas, en reclamo por la falta de agua. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 4.414 protestas durante el primer semestre de 2020, es decir desde enero a junio hubo un promedio de 25 acciones de calle diarias. Más de la mitad de las protestas fue para exigir el derecho a tener servicios básicos eficientes. Por esta causa se reportó un promedio de 14 acciones diarias, para un total de 2.505 en seis meses por este concepto. Las fallas del servicio eléctrico ocuparon el primer lugar de los reclamos, seguidas por las fallas de gas y agua, esta última indispensable para mantener las normas de higiene para prevenir el Covid-19. Las necesidades del venezolano al exigir tener acceso a los servicios básicos, han demostrado competir frente a lo que significa el coronavirus. Las carencias están retando a una pandemia que para muchos vino a empeorar la delicada situación de Emergencia Humanitaria Compleja que vine el país. Los próximos meses de este 2020, que en principio sería marcado por la contienda electoral, será una nueva prueba de resistencia por el rescate de la democracia para unos; mientras las necesidades de la población serán la prioridad de sobrevivencia para la mayoría, en una Venezuela que lleva dos décadas de protestas casi ininterrumpidas reclamando sus derechos sociales, económicos y políticos.

 

Comentarios de los Especialistas

ROBERTO BRICEÑO-LEÓN

Sociólogo, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV):

Un régimen autoritario desoye las demandas de la población

“No es cierto que el venezolano no reclama sus derechos. Quizás no lo hace con violencia en conjunto, porque Venezuela no ha sido así. El petróleo y los ingresos por ese concepto permitieron, por décadas, negociar las aspiraciones de las personas con cesiones dadas a todos los grupos sociales. Durante años una demanda de ingresos del sector obrero podía ser otorgada y arreglada en una mesa en la cual también estaban presentes el Estado y los patronos, lo que permitía que pudieran incrementarse los beneficios de los patronos y de los obreros de una manera sostenida en el tiempo. Este mecanismo que se llamó la tripartita o lo que pudiera convertirse en un modo de responder a la paz social; fue un modelo en el cual las protestas eran atendidas, instrumentalizadas por los partidos pero obtenían una respuesta del Estado que tuvo durante varias décadas la capacidad de ofrecerla. Esa posibilidad desapareció en los años ‘80 y más en los ‘90, debido a un conjunto de problemas de la economía venezolana y de producción de riqueza, y en esas condiciones en las que era difícil cumplir se generaron muchas protestas, mucho descontento, un sentimiento de frustración que llegó, bien instrumentalizado y aprovechado, hasta el triunfo de Hugo Chávez”.

“Para entender la diferencia de las protestas, es clave observar el sector social en el cual se originan. Las protestas de los ganaderos y de la Educación significaron la entrada en la escena política de un sector social: La clase media que empezó a manifestar por los derechos políticos, lo hizo durante muchos años; mientras, el sector de menores ingresos, el pobre, no protestaba por esos derechos. En los años 2003-2004, en los que Venezuela obtuvo nuevos ingresos, el Gobierno se encargó continuamente de repartir satisfacción y aún más dinero en exceso hacia esos sectores, y empezó por esa vía a satisfacer los reclamos de orden económico y social. Pero nunca le dio respuesta a la protesta de los derechos políticos. Con Chávez, la protesta por estos derechos con una clase media que logró sustentarse por mucho tiempo, toma la calle, mientras otra clase media se detiene por la abundancia de recursos entre 2008 hasta 2010 -recordemos lo que fue Cadivi, los cupos de viajeros y los recursos en el mundo de las importaciones-, lo que hizo que la protesta de orden social se viera disminuida. Sin embargo, la protesta política se mantuvo”.

“En cualquier aspecto de la vida social, en la dimensión que se tome, comparando 1999 con 2019, estamos mucho peor. Con las condiciones que teníamos en 1998, en pobreza, en servicios, en libertad, en derechos, en cualquiera, estábamos mejor y eso pudiera ser un cambio a pelo entre cualquiera de esas dimensiones entre 1997 y 1998 que fueron años muy difíciles para el país, y la actualidad. Y esto lo digo habiendo sido un crítico fuerte de la situación social, de seguridad, de alimentación, de libertades, de los años anteriores 1997 y 1998”.

Lo que logren las protestas depende del régimen político. Está demostrado que un régimen democrático escucha a la población, es sensible a sus demandas, y por lo tanto está dispuesto a hacer cambios, a reestructurar, a retroceder e inclusive, a renunciar al poder para satisfacer la demanda y escuchar las voces de la población. Un régimen autoritario, en cambio, no hace eso ni le importa al final la legitimidad que le pueden otorgar la simpatía de la población, simplemente se mantienen por otros medios y fuerzas. Por eso durante estos años hemos visto lo que ocurrió en el país. ¿Cómo durante el paro petrolero fueron desoídas sencillamente las demandas importantes de la población o lo que fueron las marchas de esos años y que llegaron a tener más de un millón de personas en las calles? Pero estas no fueron escuchadas. En la medida en que se fue acentuando el autoritarismo y el Gobierno se convirtió más en un régimen sostenido por la fuerza y por el poder, la población no tiene ninguna posibilidad de cambiar fuertemente la acción del Gobierno. No creo que las protestas logren mayor cosa de un régimen que simplemente -y lo hemos visto en estos años- utiliza la fuerza y no le importará matar, que el país y su economía se destruyan, que la gente pase hambre, que muera en los hospitales sin tener medicamentos, sin agua, sin electricidad, y sin gas para cocinar. Eso es radicalmente distinto al comportamiento de la democracia”.

MARINO ALVARADO

Defensor de derechos humanos y coordinador de investigación y difusión de Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea):

A partir de 2005 se inició un proceso creciente de criminalización de la protesta en Venezuela”

“La protesta es una manifestación colectiva que refleja la indignación frente a un problema o la aspiración frente a un derecho que lleva a las personas a manifestarse de forma variada. Forma parte del derecho a la libertad de expresión. El pueblo venezolano durante muchas décadas ha desarrollado protestas y en cantidad significativa, pero ha habido algunas diferencias: Antes no había organizaciones no gubernamentales que llevaran la contabilidad de las protestas y las hicieran visibles, como Provea, Espacio Público, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), y otras en los estados; ahora tienes una dimensión nacional de las olas de protestas. Pero antes, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las protestas fueron muchísimas, por muchísimos problemas que aún persisten, como el salario no digno, el alto costo de la vida, escasez de agua, déficit de transporte público… Tal vez los elementos nuevos son la electricidad y gas doméstico, que no existían antes porque las crisis en esos dos aspectos no eran marcadas. Ahora, las protestas no solo se contabilizan a escala nacional, como el trabajo de monitoreo de Margarita López Maya y ONG de Derechos Humanos, sino que también hay un seguimiento riguroso de las protestas en el país que permiten tener una mirada nacional por los derechos”.

“Si vamos a los gobiernos autodenominados bolivarianos, entre finales de 2004 y todo el final del 2005 comenzamos a denunciar el proceso de la criminalización de la protesta. No te sabría decir a partir de cuál protesta en concreto, pero logramos detectar ese proceso con el monitoreo anual, a través de un informe que ya no sacamos, y que durante muchos años nos permitió llevar la contabilidad nacional de protestas y conocer que las personas comenzaban a ser presentadas en tribunales por el Ministerio Público a cargo de Isaías Rodríguez; las personas eran llevadas a régimen de presentación. Hago la salvedad de los gobiernos bolivarianos, porque antes de estos hubo presos políticos por protestar, presos políticos que además fueron sometidos a justicia militar. Una buena parte de los beneficios del Movimiento Estudiantil, como transporte escolar, seguro universitario, y otros como el pasaje estudiantil, fueron logros de una gran protesta que se llamó el Decálogo Estudiantil. Algunas de estas, que se desarrollaron durante largos años, terminaron algunos con presos políticos juzgados en tribunales militares en varias partes del país. Luego, este antecedente de someter a la justicia militar a un civil, los gobiernos bolivarianos, particularmente el de Maduro, lo perfeccionaron encarcelando, con tribunales civiles y militares, a un número importante de personas por protestar, pero además imponiendo patrones represivos que en la IV República no existieron, como imponerle un abogado público a personas detenidas e impedir que conversen con sus abogados sin que estos hayan podido revisar los expedientes”.

“Lo que sí puedo decir es que hay tres ciclos de protestas muy fuertes en los últimos años, y también continuas, como la del 2014 que dejó 43 personas fallecidas; la de 2017 con 146 fallecidas en el contexto de protesta; y la de 2019, con saldo de 54 personas. También está la de 2007 por el cierre de RCTV, donde hubo los primeros encarcelados por protestar. Y antes, en 2002, cuando se exigió la renuncia de Chávez y terminó con varios muertos y detenidos”.

“Creo que la protesta sí da resultados y se puede constatar cuando uno monitorea protestas de la comunidad por agua, que tienen un resultado, y por otro lado protestas más globales, de más largo alcance, como por una ley o por buscar la derogación de una determinada norma. Creo que una particularidad en el caso venezolano es la combinación de la lucha de calle con las sanciones jurídicas, es decir, con acciones judiciales. Son las dos grandes luchas por derechos. Son dos factores que buscan el mismo objetivo”.

MARISOL RAMÍREZ VARGAS

Psicóloga, presidenta de la ONG Psicólogos sin Fronteras-Venezuela

Se ha ido construyendo un clima emocional que hace del malestar social un hecho cotidiano”

“La correlación histórica de protestas en 20 años demuestra que el venezolano ha sentido y expresado su rechazo a todo el deterioro de calidad de vida que ha escalado posiciones que nunca imaginamos. Y se ha querido hacer ver al venezolano como el único responsable, por su supuesta pasividad, de lo que pasa en este país. Esa realidad maníaca ha sido manejada por distintos sectores relacionados con todo el tema de políticas de Estado, y tanto en el Estado como en la oposición se ha manejado malamente esa imagen de la pasividad. Con esto no estoy diciendo que en él no habiten otros factores como la comodidad o el facilismo, o la necesidad del mesianismo, que son otras características que han favorecido esta realidad durante tanto tiempo, pero el venezolano no ha sido pasivo; lo que ha habido son características de su personalidad que han servido para que se construya una realidad que lamentablemente ha perjudicado el movimiento social y ciudadano. Si el movimiento social no tiene un liderazgo sano, va a mermar y caer en un vacío social”.

“Las protestas han estado acompañadas de un proceso represivo que ha ido escalando maneras más inhumanas, y toda esta violación de Derechos Humanos, de la cual hemos sido testigos en estos 20 años, ha surtido un efecto muy importante en la psico-emocionalidad del venezolano, que es la disminución y limitación de sus propias actitudes. Toda esta oleada de violaciones de Derechos Humanos, en todas sus expresiones, tenían un objetivo claro: Minar, limitar y disminuir la capacidad de expresión del venezolano. Y aquí empezamos a ver un fenómeno particular que tiene que ver con la emocionalidad: Si tengo un malestar y lo expreso, lo que recibo son críticas o maltratos, puedo seguir insistiendo, pero llega un momento en que prefiero callar, o reprimirme, o evitar todos los efectos negativos que está ocasionando la expresión natural de un derecho y de una emoción humana que acompaña la vida cotidiana”.

“Todas estas condiciones que atentaban contra el bienestar social que tiene que ver con las necesidades básicas y el acceso a los servicios básicos, al irse reconociendo que hay depauperación de la vida social, hicieron crecer evidentemente la necesidad de protestar contra esto, pero fue acompañada de la realidad represiva y manejo maníaco de esta. Esto empezó a generar caos emocional, confusiones como ‘¿protesto para qué?’, ‘no se me escucha’, ‘no se resuelve nada’, ‘no pasa nada’, ‘ponen presa a la gente, no importa si es mujer o niño o adulto mayor’. El punto es claro: No te expreses, no protestes, confórmate, ese es el mensaje. Y eso, al lado de las medidas populistas que hemos visto en este tiempo, van generando una creciente sensación de debilitamiento de la persona como individuo y como ser social. Se ha ido construyendo poco a poco un clima emocional en el que prevalece el quedarme con el malestar, hacer de este malestar un hecho cotidiano. Esto, sin duda, ha ido diezmando la salud mental del venezolano”.

Y hoy por hoy, podemos decir en estos tiempos de Covid-19, que han aumentado de modo importante no solo los trastornos del ánimo, los trastornos depresivos, sino también la idea suicida. La gente entiende que la vida no tiene sentido, qué más puede hacer, considerando además que hay cantidad de personas que se fueron del país con el alma quebrada y regresan con el alma doblemente quebrada, y encima es objeto de estigmatización social. Lamentablemente lo que vemos es que no hay elementos reales que signifiquen la restauración de la salud mental. La vida en el país está muy deteriorada y esto ha sido consecuencia de estas situaciones irregulares, del cúmulo de participación ciudadana no conducida, no liderada, no sanamente usada para lo que significa la vida democrática. Es evidente que la salud mental del venezolano está muy quebrada y en este momento estamos en los albores de una nueva etapa: La falta de gasolina y el paliativo rodeado de tanto interés politiquero, junto con el proceso de confinamiento, generará nuevas expresiones de deterioro mental y de caos ciudadano”.

EDITOR: Alejandro Hernández – PRODUCCIÓN CREATIVA: Fernando Rivero – REDACCIÓN: Olgalinda Pimentel R. ; Alicia González Documentación – Dimas Ibarra – DESARROLLO WEB: Luis Esteves

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