“Guterres, a mover las nalgas”

– «BACHELET, MUEVE TUS NALGAS»: MIGUEL BOSÉ 23 feb. 2019

– “GUTERRES NO HA HECHO NADA POR VENEZUELA”: HRW

– JOSÉ MIGUEL VIVANCO‏  @JMVIVANCOHRW – “La dictadura venezolana no puede ocultar la emergencia humanitaria”.

 

HRW instó a Guterres a tomar partido

El director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo este viernes que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “debe tomar posición” en la crisis humanitaria de Venezuela y activar los mecanismos de ayuda para el país.

Vivanco, que participó en el panel inaugural de la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cartagena, Colombia, aseguró que esa recomendación se le hará a Guterres en un informe de HRW que será divulgado el próximo 4 de abril en Washington.

“La principal recomendación que estamos haciendo en este informe es que el secretario general de Naciones Unidas debe tomar partido en esta crisis”, afirmó Vivanco en el panel “Venezuela sin chavismo: nueva oportunidad para el hemisferio”.

Vivanco subrayó el compromiso de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, participante en el mismo panel, con la búsqueda de soluciones a la crisis humanitaria de Venezuela, pero afirmó que no ocurre lo mismo con Guterres.

“Lamentablemente no puedo decir exactamente lo mismo del secretario general de Naciones Unidas, que debe declarar de una vez por todas el caso de Venezuela como de emergencia humanitaria”, expresó.

Vivanco explicó que la ONU “tiene prácticas, políticas y principios que le permiten reaccionar en materia humanitaria, con o sin consentimiento del elemento político que causa la crisis”.

Director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco

Ocultar la realidad

“Durante el gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades venezolanas no solo demostraron que no tienen la capacidad para ponerle fin a la crisis; sino que la han exacerbado al negarla y censurar información sobre la magnitud y la urgencia de los graves problemas que enfrenta el país”, recalcó Broner.

“No importa cuánto lo intenten, las autoridades venezolanas no pueden ocultar la realidad en el terreno”, dijo Shannon Doocy; profesor asociado de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

“El sistema de salud de Venezuela está en un colapso total, que, combinado con la escasez generalizada de alimentos; está amontonando el sufrimiento y poniendo en riesgo a más venezolanos. Necesitamos el liderazgo de la ONU para ayudar a terminar con esta grave crisis y salvar vidas “, continuó Doocy.

Entre tanto, Human Rights Watch subrayó la dimensión del éxodo de venezolanos provocado por la crisis; que asciende a más de 3,4 millones de personas en los últimos años, y que ha comprometido severamente los sistemas de salud de los países receptores de migrantes en la región.

Así mismo, en el informe los investigadores advierten que las autoridades venezolanas tienen el derecho de rechazar las ofertas particulares de asistencia; pero insiste que esto solo aumenta la responsabilidad de los implicados en la búsqueda de alternativas para abordar las necesidades urgentes del país. Con información: ACN/ EN/ Efecto Cocuyo

LA EMERGENCIA EN VENEZUELA

Se requiere una respuesta a gran escala de la ONU para abordar la crisis de salud y alimentaria

Resumen

En enero de 2019, cientos de miles de venezolanos salieron a las calles en respuesta a un llamado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que pidió al pueblo de Venezuela que se movilizara en apoyo al restablecimiento del orden constitucional en el país. Durante una protesta multitudinaria que tuvo lugar el 23 de enero, Guaidó dijo que asumía el poder como presidente interino de Venezuela y que convocaría a elecciones libres y justas. Desde entonces, más de 50 gobiernos lo han reconocido como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, Nicolás Maduro todavía mantiene un férreo control de todas las instituciones venezolanas, salvo la Asamblea Nacional que tiene una mayoría opositora.

Con esta pugna de poder como trasfondo, una de las cuestiones subyacentes más preocupantes para el pueblo venezolano es la gravísima crisis humanitaria que está atravesando el país. En uno de los primeros discursos públicos que pronunció tras convertirse en presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero, Guaidó afirmó que Venezuela enfrentaba una emergencia humanitaria y pidió ayuda a la comunidad internacional para superarla.

Es imposible conocer todavía cuál es la verdadera magnitud de la crisis de salud y alimentaria en Venezuela. Esto se debe principalmente a que las autoridades venezolanas no han publicado datos sobre salud y nutrición, e incluso han tomado represalias contra quienes los difunden.

La combinación de la severa escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela con la propagación de enfermedades a través de sus fronteras representa una emergencia humanitaria compleja que exige una respuesta rotunda de la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Para evaluar el estado actual de la crisis humanitaria en Venezuela, y su impacto en los derechos humanos de la población venezolana y en los países limítrofes, Human Rights Watch se asoció con el Centro por la Salud Humanitaria (Center for Humanitarian Health) y el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos (Center for Public Health and Human Rights) de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. El presente informe se basa en entrevistas realizadas a más de 150 profesionales de la salud, ciudadanos venezolanos que necesitan atención médica y llegaron recientemente a Colombia y Brasil para obtenerla, representantes de organizaciones humanitarias internacionales y no gubernamentales, funcionarios de las Naciones Unidas (ONU) y funcionarios de los gobiernos brasileño y colombiano. Asimismo, el equipo de investigación analizó datos sobre la situación en Venezuela de fuentes oficiales, hospitales, organizaciones nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Conferencia de prensa de HRW sobre la crisis de la salud en Venezuela. FOTO: Michelle Sagué.

Concluimos que el sistema de salud está totalmente colapsado. Han aumentado la mortalidad materna e infantil; se propagaron enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria; e incrementaron enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis. Aunque el Gobierno dejó de publicar datos oficiales sobre nutrición en 2007, las investigaciones de organizaciones y universidades venezolanas documentan altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, y los datos disponibles muestran una alta proporción de niños y niñas ingresados en hospitales con desnutrición.

El éxodo masivo de venezolanos —más de 3,4 millones en los últimos años, según la ONU— está desbordando los sistemas de salud de los países receptores.

Si bien reconocer el problema y pedir ayuda es un primer paso crucial, se necesita del liderazgo de la Secretaría General de las Naciones Unidas para que pueda implementarse satisfactoriamente cualquier plan de asistencia humanitaria a gran escala en Venezuela. La combinación de escasez de medicamentos con escasez de comida, sumada a la propagación de enfermedades a través de las fronteras venezolanas, representa una emergencia humanitaria compleja que requiere una respuesta contundente de los actores humanitarios de la ONU[1].

La asistencia humanitaria internacional a Venezuela se incrementó en 2018, luego de un cambio en el discurso del Gobierno, que dejó de negar rotundamente la crisis humanitaria y empezó a reconocer la existencia de una crisis económica. No obstante, el Gobierno atribuyó la escasez a las sanciones impuestas por EE. UU., a pesar de que la crisis humanitaria precede las sanciones al sector petrolero, que son las que podrían, potencialmente, afectar la importación de comida y medicamentos. Diversos actores humanitarios de organizaciones internacionales y no gubernamentales han indicado reiteradamente que la asistencia a Venezuela no es suficiente para atender las necesidades urgentes de la población.

Para proteger el derecho a la salud y a la alimentación del pueblo venezolano, el Secretario General de la ONU, António Guterres, debería encabezar esfuerzos para definir un plan de respuesta humanitaria integral a la situación tanto dentro como fuera del país. El plan debería respetar los principios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad en la provisión de asistencia. A su vez, el plan debería incluir una evaluación independiente de la magnitud de la crisis, la priorización de la crisis por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y el acceso a la importación de los alimentos, medicamentos e insumos médicos que se necesitan. Asimismo, debe crearse e implementarse un plan concertado e integral para asistir a venezolanos desplazados fuera del país, que reconozca que estos desplazamientos suelen ser por períodos prolongados.

Crisis de salud

El sistema de salud de Venezuela ha estado en declive desde 2012, y las condiciones han tenido un deterioro drástico desde 2017. Un apagón de más de un día de duración que afectó a todo el país en marzo, y otros cortes recurrentes de electricidad ocurridos desde entonces, han menoscabado todavía más la posibilidad de los hospitales públicos de responder adecuadamente a las necesidades médicas de los venezolanos.

En Venezuela están ocurriendo brotes de enfermedades que podrían prevenirse con vacunas y que ya habían sido erradicadas en el país. Estos brotes sugieren una grave disminución en la cobertura de la vacunación. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica al respecto:

  • Entre 2008 y 2015, solamente se registró un caso de sarampión (en 2012). Desde junio de 2017, se han informado más de 9.300 casos de sarampión, de los cuales se confirmaron más de 6.200.
  • No hubo en Venezuela ningún caso de difteria entre 2006 y 2015, pero desde julio de 2016 se han reportado más de 2.500 presuntos casos, incluidos más de 1.500 casos confirmados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la cantidad de casos confirmados de malaria en Venezuela ha aumentado en forma constante en los últimos años, de 36.000 en 2009 a más de 414.000 en 2017. Un documento oficial, elaborado en coautoría con el Ministerio de Salud de Venezuela, muestra que actualmente la malaria es endémica en el país. Expertos en salud atribuyen esto a la reducción en las actividades de control de mosquitos, la escasez de medicamentos para tratar la enfermedad y las actividades de minería ilegal, que favorecen la reproducción de los mosquitos al generar estanques de agua.

La cantidad de casos de tuberculosis informados en Venezuela aumentó de 6.000 en 2014 a 7.800 en 2016, y en informes preliminares se indica que hubo más de 13.000 en 2017. La tasa de incidencia de la tuberculosis ha aumentado en forma constante desde 2014, y en 2017 llegó a ser de 42 cada 100.000 personas, la más alta en Venezuela en 40 años.

Es difícil estimar las tendencias recientes en la prevalencia del VIH en Venezuela, dado que ha disminuido sustancialmente la cantidad de pruebas de detección que se realizan por la falta de insumos para realizar pruebas, y no se han publicado datos de seguimiento sobre nuevos diagnósticos de VIH desde 2016. Asimismo, no hay estadísticas sobre mortalidad vinculada con el VIH posteriores a 2015. No obstante, según los últimos datos disponibles, se ha producido un aumento claro de las nuevas infecciones por VIH y de las muertes relacionadas con el VIH.

Venezuela es el único país del mundo donde numerosas personas con VIH se han visto obligadas a suspender su tratamiento debido a la falta de disponibilidad de medicamentos antirretrovirales. Un informe de 2018 de la OPS estimó que casi nueve de cada diez venezolanos con VIH registrados por el Gobierno (69.308 de 79.467 personas, o el 87 %) no estaban recibiendo tratamiento antirretroviral, aunque se desconoce la cantidad total de personas que necesitan medicamentos antirretrovirales.

Las estadísticas oficiales más recientes del Ministerio de Salud de Venezuela indican que, en 2016, la mortalidad materna aumentó un 65 % y la mortalidad infantil creció un 30 % en apenas un año. Aunque la mortalidad infantil ha aumentado en toda la región, Venezuela es el único país de América del Sur que ha vuelto a tener tasas de mortalidad infantil tan altas como las de la década de 1990. La ministra de Salud que difundió esas estadísticas a principios de 2017 fue despedida pocos días después, y desde entonces el Ministerio de Salud no ha vuelto a divulgar datos epidemiológicos.

Crisis de nutrición

El hambre, la desnutrición y la escasez severa de alimentos son fenómenos extendidos en Venezuela. Muchos de las decenas de ciudadanos venezolanos que el equipo de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins entrevistó en la frontera manifestaron haber perdido peso y señalaron que comían una o dos veces por día en su país. Para algunos, una comida consistía únicamente en yuca o sardinas enlatadas.

Aunque el Gobierno venezolano no ha publicado datos nacionales sobre nutrición desde 2007, la información disponible sugiere que hay un alto nivel de desnutrición:

  • En 2018, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de la ONU indicó que, entre 2015 y 2017, el 11,7 % de la población venezolana —3,7 millones de personas— estaba subalimentada, comparado con menos del 5 % entre 2008 y 2013.
  • En febrero de 2019, un vocero de la OMS sostuvo –sobre la base de un informe conjunto elaborado por la FAO, la OPS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) – que “Venezuela había sufrido efectivamente un aumento en la cantidad de personas desnutridas”.
  • Una encuesta representativa a nivel nacional, realizada por tres prestigiosas universidades de Venezuela, concluyó que el 80 % de los hogares venezolanos están en situación de inseguridad alimentaria, lo que implica que no cuentan con una fuente segura de alimentos, y que casi dos tercios de las personas encuestadas habían perdido peso (un promedio de 11 kilos) durante 2017.
  • Cáritas Venezuela, una organización católica humanitaria que realiza un seguimiento del estado de la nutrición y brinda asistencia nutricional a niños y niñas en comunidades de bajos recursos en Caracas y varios estados, informó que la desnutrición aguda moderada (DAM) y la desnutrición aguda severa (DAS) entre niños y niñas de menos de cinco años aumentó del 10 % en febrero de 2017 al 17 % en marzo de 2018, un nivel indicativo de una crisis, según los estándares de la OMS. En informes posteriores, se determinó que en esos estados la tasa promedio había disminuido al 13,5 % en julio y al 9,6 % en septiembre. Sin embargo, en ese mismo período las tasas subieron del 11,6 % al 13,4 % en el estado Miranda, y del 6 % al 11,8 % en el estado Sucre.
  • Una encuesta realizada por Cáritas Venezuela en septiembre de 2018 detectó que el 21 % de las mujeres embarazadas en comunidades de bajos recursos presentaban desnutrición aguda moderada o severa.
  • Varios hospitales de todo el país están reportando aumentos en la cantidad de ingresos de niños y niñas que presentan desnutrición aguda moderada o severa, así como de muertes de niños y niñas con desnutrición aguda, de acuerdo con información proporcionada por profesionales de la salud venezolanos a Human Rights Watch y a la Universidad Johns Hopkins.

Impacto a través de las fronteras de Venezuela

El éxodo masivo de venezolanos, muchos de los cuales se fueron del país en busca de medicamentos, insumos médicos, y servicios de salud o sanitarios básicos, está desbordando la capacidad de estos servicios en los países receptores. Los datos con que cuentan las autoridades colombianas y brasileñas sobre pacientes venezolanos dan una idea del deterioro de las condiciones del sistema de salud en Venezuela, sobre las cuales las autoridades venezolanas no han informado adecuadamente.

En Colombia, el país que ha recibido a la mayor afluencia de venezolanos, la zona fronteriza de Norte de Santander ha experimentado un aumento brusco en la cantidad de casos informados de venezolanos que intentan obtener atención médica, de 182 en 2015 a 5.094 en 2018[3]. Los pacientes venezolanos buscan atención para enfermedades agudas, crónicas e infecciosas, así como acceso a atención de la salud reproductiva, prenatal y materna.

Conforme a un informe preparado por el Gobierno de Colombia en 2018, se esperaba que más de 8.000 mujeres venezolanas embarazadas que habían llegado a Colombia dieran a luz allí. La mayoría de ellas no había tenido acceso a ningún tipo de atención prenatal en Venezuela. Según manifestaron profesionales de la salud en Colombia, el deterioro en la salud materna e infantil reflejaba la falta de acceso a la atención en Venezuela. En 2018, 45 mujeres venezolanas presentaron graves enfermedades asociadas con el embarazo o el parto y siete murieron en el lado colombiano de la frontera. En Colombia, el bajo peso al nacer y la mortalidad perinatal y neonatal de bebés venezolanos han aumentado drásticamente, y en 2018 hubo 211 muertes de recién nacidos.

Los funcionarios de salud colombianos también han tenido que abordar cada vez más casos de DAS entre niños y niñas venezolanos de menos de cinco años, y la cantidad de casos pasó de cero en 2015 a dos en 2016, 13 en 2017 y 360 en 2018. En 2017, los funcionarios de la salud también registraron las primeras muertes de pacientes venezolanos debido a desnutrición (3 casos). En 2018, once venezolanos murieron por desnutrición aguda.

Brasil tuvo los primeros casos de sarampión a principios de 2018, luego de que no hubiera casos confirmados desde 2015. A enero de 2019, se han confirmado más de 10.000 casos. La cepa del virus del sarampión (D8) en Brasil es idéntica a la que provoca el brote en Venezuela. La mayoría de los casos (el 61 %) en el estado de Roraima, el principal punto de ingreso a Brasil desde Venezuela, se han registrado en venezolanos.

También la malaria ha aumentado en Roraima; la cantidad de casos entre venezolanos aumentó de 1.260 en 2015 a 2.470 en 2016 y 4.402 en 2018. Desde entonces, han seguido aumentando. Diversos médicos nos manifestaron que los venezolanos tenían más probabilidades de llegar al hospital sumamente enfermos y que a menudo era difícil tratarlos debido a su estado de desnutrición.

Los funcionarios de salud brasileños también están observando cada vez más casos de tuberculosis y VIH. Entre enero y diciembre de 2018, las autoridades de salud en Roraima habían identificado a 60 ciudadanos venezolanos con tuberculosis. Esta cifra fue mayor a la cantidad total de casos de tuberculosis entre venezolanos durante los cinco años anteriores (2013 a 2017), cuando se informó un total de 32 casos detectados en venezolanos en Roraima.

En la Clínica Especializada Coronel Mota, el principal centro de atención ambulatoria de pacientes con VIH en Roraima, en agosto de 2018 había 171 pacientes venezolanos que recibían terapia antirretroviral contra el VIH. De ellos, casi el 70 % (117) habían llegado a la clínica en busca de atención en 2018. Médicos de la clínica indicaron al equipo de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins que los venezolanos con VIH que acudían para ser atendidos a menudo estaban desnutridos y presentaban un estado avanzado de infecciones oportunistas con riesgo para la vida, debido a la falta de medicamentos antirretrovirales en Venezuela.

La responsabilidad del Gobierno de Maduro

A pesar de las evidencias abrumadoras de que Venezuela atraviesa una crisis humanitaria, en sus declaraciones públicas el Gobierno de Maduro sigue minimizando lo que ocurre, continúa censurando información sobre la crisis y ha hecho demasiado poco para paliar la situación.

FOTO: La Verdad

Durante la gestión de Maduro, las autoridades venezolanas han ocultado la crisis al interrumpir la publicación de datos oficiales sobre salud, que antes se difundían periódicamente. También han perseguido y tomado represalias contra quienes recopilan datos o hablan sobre la escasez de comida y medicamentos. Estas acciones, sumadas a que el Gobierno no reconoce la verdadera magnitud del problema, han hecho que sea imposible efectuar un diagnóstico completo de la crisis. Ese diagnóstico es crucial para definir una respuesta humanitaria eficaz.

La falta de publicación de datos sobre salud pública por parte del Gobierno venezolano y sus acciones para reprimir a quienes hablan sobre el estado de la salud en el país, en un contexto en el que se agudiza el deterioro de los establecimientos de salud venezolanos, representan una violación de la obligación de Venezuela de respetar, proteger y efectivizar el derecho a la salud garantizado en la Constitución venezolana y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El PIDESC, que fue ratificado por Venezuela, garantiza el derecho de toda persona “al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, así como el derecho a un “nivel de vida” adecuado, que incluye la “alimentación…adecuada”.

Aunque en 2018 empezó a ingresar en el país más ayuda internacional, las entrevistas con funcionarios de organizaciones humanitarias internacionales y no gubernamentales que tienen presencia en Venezuela dejan en evidencia que, sin ninguna duda, esa asistencia no es suficiente para atender las necesidades urgentes de la población. A su vez, el Gobierno no sólo no ha reconocido la magnitud de las necesidades en el país y no ha pedido el nivel de asistencia que amerita la crisis, sino que además, en muchos casos, ha impuesto obstáculos a las actividades de las organizaciones humanitarias internacionales.

Las autoridades venezolanas del Gobierno de Maduro son las principales responsables por la falta de una respuesta internacional coordinada a la crisis en Venezuela. Al no reconocer la verdadera magnitud de la crisis ni invitar a organismos clave de la ONU a que evalúen la situación en forma independiente y coordinen una respuesta eficaz, las autoridades de Venezuela han contribuido al sufrimiento del pueblo venezolano. En vez de amenazar y hostigar a los venezolanos que están preocupados por la situación y hablan sobre los problemas en el país, las autoridades deberían hacer todo lo posible para recopilar y difundir datos sobre la crisis de salud y alimentaria. Si bien las autoridades venezolanas tienen derecho a rechazar ofrecimientos particulares de asistencia, tomar esa decisión incrementa su obligación de definir alternativas para abordar de manera efectiva las necesidades urgentes del pueblo. Las autoridades venezolanas durante la presidencia de Nicolás Maduro no han cumplido con su obligación.

Recomendaciones

La ONU debería abordar de manera prioritaria el rápido deterioro de la situación humanitaria en Venezuela. Las máximas autoridades de las Naciones Unidas y todos los órganos relevantes de la ONU deberían realizar gestiones diplomáticas proactivas con el fin de presionar a las autoridades venezolanas para que permitan que los organismos de la ONU dirijan e implementen una respuesta humanitaria a gran escala que asegure que la población venezolana reciba la asistencia humanitaria necesaria para atender sus necesidades urgentes.

El secretario general de la ONU António Guterres debería:

  • Reconocer de forma pública que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja y priorizar la adopción, por parte de los órganos y las agencias de la ONU dedicados a la asistencia humanitaria, de medidas para abordar la crisis, incluidas las que se recomiendan en este informe;
  • Expresar claramente a las autoridades de Venezuela que tienen la responsabilidad de asegurar que la ONU pueda implementar una respuesta humanitaria acorde con la gravedad de la crisis; y
  • Designar al Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU (UN Emergency Relief Coordinator), que es además la máxima autoridad de la OCHA y el responsable de coordinar las acciones humanitarias en respuesta a emergencias, para que negocie con las autoridades venezolanas competentes con los siguientes objetivos:
  • Otorgar al personal de la ONU y de organizaciones no gubernamentales (ONG) el pleno acceso a datos oficiales epidemiológicos y sobre enfermedades, seguridad alimentaria y nutrición, para que puedan llevar a cabo una evaluación independiente e integral sobre las necesidades humanitarias que determine el verdadero alcance de la crisis, así como permitirles que realicen sus propias evaluaciones independientes;
  • Asegurar que se implemente en Venezuela una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU;
  • Asegurar que el Equipo de la ONU en el país tenga el mandato expreso de atender la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, y que esté plenamente preparado para esa tarea;
  • Asegurar que la respuesta humanitaria de la ONU en Venezuela cuente con suficientes recursos y personal para abordar la crisis;
  • Eliminar los obstáculos a la posibilidad de implementar una operación humanitaria a gran escala, incluida la gestión de los permisos legales para que el personal humanitario pueda permanecer en el país y para que las organizaciones importen comida, medicamentos e insumos médicos;
  • Instar a que la OCHA, Unicef, el PMA, el ACNUR y la OMS, así como otros órganos de la ONU y ONGs, incrementen su presencia en el país para facilitar la coordinación y la implementación de una respuesta a gran escala; y
  • Asegurar que, en consonancia con los principios sobre Los Derechos Humanos Primero (Human Rights Up Front), todo el personal de la ONU en Venezuela y fuera del país se cerciore de que los derechos humanos de los venezolanos sean el principal factor a tener en cuenta al tomar decisiones sobre cómo abordar la crisis humanitaria.

  El Comité Permanente entre Organismos (Inter-Agency Standing Committee) debería:

  • Implementar el proceso para decidir la activación del sistema de escalamiento humanitario (System-Wide Scale Up Activation), a fin de abordar la crisis humanitaria en Venezuela; y
  • Asegurar que sus miembros contribuyan a implementar la activación de dicho sistema en Venezuela.

  El Consejo de Seguridad de la ONU debería:

  • Reunirse en forma periódica para abordar la crisis humanitaria en Venezuela y su impacto más allá de las fronteras del país;
  • Solicitar informes periódicos al Secretario General y al Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU con respecto a la crisis humanitaria y la respuesta a esta; y
  • Solicitar y analizar todos los informes, las resoluciones y otros documentos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos.
  • En su próximo informe sobre la situación en Venezuela, que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en julio

Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos debería:

  • Documentar las violaciones a los derechos a la salud y la alimentación en Venezuela;
  • Exhortar a las autoridades a divulgar datos epidemiológicos y sobre enfermedades, seguridad alimentaria y nutrición que permitan a las agencias humanitarias de la ONU realizar una evaluación exhaustiva de necesidades humanitarias en Venezuela; y
  • Recomendar que el Consejo de Derechos Humanos establezca una Comisión Internacional de Investigación que no sólo examine los abusos cometidos por autoridades venezolanas en el marco de la represión, sino además las violaciones de los derechos a la salud y la alimentación.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería:

  • Seguir realizando un atento seguimiento de la situación humanitaria en Venezuela y abordarla durante sus próximos períodos de sesiones; y
  • Adoptar una resolución por la cual se cree una Comisión Internacional de Investigación que indague sobre las violaciones de los derechos a la salud y la alimentación, además de la arremetida contra opositores que tiene lugar desde 2014, en seguimiento al próximo informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debería:

  • Colaborar con la ONU en la implementación de una respuesta a gran escala, liderada por la ONU, para abordar la emergencia humanitaria de Venezuela; y
  • Asegurar que Venezuela informe todos los datos pertinentes, tal como está obligado a hacerlo conforme al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y a los acuerdos con la OPS/OMS y otros organismos de la ONU.

Los miembros del Grupo de Lima, Estados Unidos y los gobiernos europeos deberían:

  • Organizar un encuentro de alto nivel, e invitar a representantes de organizaciones humanitarias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil venezolanas claves que trabajen en el país, con el objeto de definir un plan de asistencia humanitaria que pueda incrementar la ayuda enviada a Venezuela en el corto plazo, entre otras cosas, brindando mayor respaldo a las organizaciones de la sociedad civil que ya operan en el país;
  • Canalizar asistencia humanitaria hacia Venezuela a través de la ONU, y garantizar que sea acorde con los principios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad en la provisión de asistencia;
  • Seguir imponiendo y asegurar la implementación de sanciones específicas dirigidas contra funcionarios venezolanos claves implicados en violaciones de derechos humanos y asegurar que las demás sanciones contra Venezuela incluyan excepciones que permitan la importación de comida, medicamentos e insumos médicos; y
  • Asegurar que se apliquen meticulosamente las sanciones dirigidas contra venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos.

Las autoridades venezolanas deberían:

  • Divulgar todos los datos epidemiológicos disponibles, a fin de que la OCHA pueda coordinar una evaluación independiente y exhaustiva de la magnitud efectiva de la crisis; y
  • Permitir el pleno acceso al país por parte de organismos humanitarios de la ONU y ONG, a fin de que puedan implementar una respuesta humanitaria a gran escala para paliar la crisis.

Los gobiernos de Colombia y Brasil deberían:

  • Seguir adoptando medidas para asegurarse de que los venezolanos en sus territorios accedan a servicios de salud adecuados, de conformidad con la obligación internacional de proteger el derecho a la salud de los migrantes y los refugiados;
  • Seguir dando seguimiento a los datos de vigilancia y monitoreo para identificar necesidades de salud prioritarias entre migrantes y refugiados venezolanos, y colaborar con las autoridades de salud pública nacionales y locales, así como con la OPS, para responder a los aumentos de enfermedades infecciosas y la situación de la salud materna y neonatal;
  • Mantener la voluntad política y facilitar el acceso a permisos de tránsito, tarjetas de cruce fronterizo y/o el estatus de residente temporario, según corresponda;
  • Invertir en servicios de salud para acompañar los drásticos aumentos en el uso de servicios de atención médica;
  • Seguir promoviendo la integración con el fin de mejorar la situación habitacional y las oportunidades económicas para los venezolanos en el extranjero y reducir al mínimo el resentimiento entre las poblaciones locales en zonas remotas y con servicios insuficientes en la frontera venezolana; y
  • Seguir trabajando con agencias humanitarias de la ONU, otros gobiernos latinoamericanos y la comunidad internacional para crear, financiar y poner en práctica un plan concertado e integral que asista a los ciudadanos venezolanos desplazados que están fuera del país, y que reconozca que este desplazamiento suele ser por períodos prolongados.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*