… grito de tortura…

UNIÓN EUROPEA PIDE UNA “INVESTIGACIÓN TRANSPARENTE” SOBRE EL “ATAQUE” A MADURO

ALFREDO ROMERO‏  #9AGOSTO: DETENCIÓN  DE @JUANREQUESENS LLENA DESDE EL INICIO TODOS LOS ELEMENTOS técnicos de “detención arbitraria”. Condenado públicamente por el gobierno sin juicio ni defensa. Inmunidad parlamentaria despojada sin cumplir con procedimiento de allanamiento constitucional….

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38 ONG EXIGIERON AL RÉGIMEN  GARANTIZAR DDHH DE JUAN REQUESENS

ILUSTRACIÓN: Raúl Azuaje

Organizaciones No Gubernamentales emitieron un comunicado conjunto para exigir a las instituciones del Estado garantizar la integridad física y el respeto de los Derechos Humanos del diputado Juan Requesens.

El escrito titulado: “Declaración por coacción es un grito de tortura”, fue suscrito por 38 ONG, entre ellas Provea, Foro Penal y Espacio Público, las cuales expresaron “profunda preocupación ante la detención arbitraria del parlamentario”.

“Los representantes de la sociedad civil y las organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos que suscribimos este comunicado público exigimos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial que garanticen los derechos humanos del diputado Juan Requesens, y que emprendan las investigaciones correspondientes para juzgar y sancionar a los responsables de su detención arbitraria y enjuiciamiento sumario”, destacó el documento.

Denunciaron las ONG que la detención de Requesens estuvo “al margen del Estado de Derecho y viola la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución”, pues “un diputado solo puede ser objeto de detención en caso de cometer un hecho ilícito en flagrancia, en cuyo caso se le debe trasladar a su residencia y no a una prisión”.

Cuestionaron la actuación del Tribunal Supremo de Juticia (TSJ) que se amparó en “delitos de naturaleza permanente”, para prescindir “del antejuicio de mérito y, de ese modo, de la protección que brinda la Constitución a las funciones contraloras que desempeñan los parlamentarios”.

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Para las organizaciones de la sociedad civil, se trata de “un un procedimiento sumario, también violatorio del debido proceso, la forma como el TSJ convalidó la detención arbitraria de Requesens y remitió el caso a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, que en pocas horas allanó su inmunidad parlamentaria”.

También refutaron como el ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, “divulgó un video que muestra al parlamentario admitiendo que facilitó un contacto a uno de los supuestos involucrados, en concordancia con la versión oficial que adelantó el propio presidente de la República. El ordenamiento jurídico penal es claro. El numeral 5 del artículo 49 de la Constitución establece que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma”, destacaron.

En consecuencia, las ONG alertaron que “la arbitrariedad de la detención, el procedimiento sumario mediante el cual se allanó su inmunidad parlamentaria y la incomunicación a la que ha estado sometido fundamentan las dudas sobre la supuesta confesión de Requesens. Cualquier acto contra la integridad física, psicológica o moral en condiciones de detención constituye indicio del delito de tortura, el cual pueden ser juzgados como un crimen internacional de lesa humanidad, en el contexto de los patrones de represión política en Venezuela durante los últimos años”.

Exigieron “el cese de la indebida intromisión del gobierno en la administración de justicia, de modo que el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro sea investigado con independencia y autonomía”.

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