Evo desata la persecución religiosa

ILUSTRACIÓN: Raúl Azuaje

 

CASTIGARÁ CON 7 A 12 AÑOS DE PRISIÓN por reclutar fieles para organizaciones religiosas o de culto, acusándolos de “trata de personas”.

IGLESIA: “EL NUEVO CÓDIGO ESTÁ “hecho a la medida de los intereses del poder”

 

 

 

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JOHANNA BATES – BERENICE GOMEZ V.Gran revuelo ha provocado la decisión del gobierno izquierdista presidido por el excocalero Evo Morales de castigar con prisión las actividades evangelizadoras en el país vecino.

Y es que en el nuevo Código Penal, con precisión en el artículo 88 sobre Trata de Personas, en su inciso 11, vincula el reclutamiento de fieles para participar en organizaciones religiosas o de culto como un delito.

“El delito como tal debe ser rigurosamente sancionado, pero no puede ser vinculado de manera directa con la actividad religiosa”, sostuvo Susana Inch, asesora jurídica de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

“Existe una fuerte preocupación a nivel de la Iglesia Católica y entiendo de todas las instancias religiosas, no tanto por lo que diga en letra específica la redacción en este caso particular del artículo 88 del Código del Sistema Penal en el inciso 11, sino por el conjunto del Código que está planteando ambigüedades que pueden prestarse a situaciones en las que se pueda afectar derechos fundamentales de las personas”, agregó.

El nuevo artículo 88 del nuevo Código Penal boliviano, referido a la trata de personas, manifiesta que será sancionada con prisión de 7 a 12 años y reparación económica la persona que capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas y detalla varios incisos en los que tipifica el delito según diversos “fines”, entre ellos, el “reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto”.

La abogada indicó que, si bien en el caso particular de la Iglesia Católica hay una salvedad que es el “derecho canónico” que está reconocido normativamente en el país vecino, en otras instancias religiosas es mucho mayor la vulnerabilidad ante este nuevo procedimiento.

“Porque en muchas de ellas la misión es fundamental, por lo cual sí va a existir migración, sí va  a haber personas que acepten ir a evangelizar a otros lugares como un compromiso misional. Esta acción puede ser asociada al delito de trata de personas”, sostuvo.

“Ciertamente un Estado debe tener control sobre el ejercicio de la organización (religiosa), pero el problema es la redacción. El conjunto del Código expone a que en algunos casos se puedan dar vulneraciones a derechos fundamentales. (…) Más allá de lo que se diga,  si se mantiene la norma, así como está, podría dar paso a casos de persecución injustificada”, concluyó la asesora.

 

RUBÉN ARIÑEZ La Razón Digital .-  A través de un comunicado de prensa, la Conferencia Episcopal Boliviana identificó más de una decena de artículos en la polémica norma que, afirman, “atenta contra derechos humanos y ciudadanos fundamentales”.

Como “ambiguo” y gestor de “inseguridad jurídica” calificó la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana de la Iglesia Católica al nuevo Código del Sistema Penal que, además, asegura está “hecho a la medida de los intereses del poder”.

A través de un comunicado de prensa, el conglomerado de clérigos identificó más de una decena de artículos en la polémica norma que, afirman, “atenta contra derechos humanos y ciudadanos fundamentales” y representan “un retroceso de los valores democráticos conquistados por la sociedad boliviana”.

“Esas imposiciones unilaterales amenazan la convivencia pacífica, por eso pedimos que en el espíritu de verdadera democracia participativa y en consideración de la gran importancia que reviste el Código del Sistema Penal, se tenga la sabiduría de abrogarlo y se inicie un debate amplio, franco y transparente con todos los sectores involucrados”, se lee en la nota.

A su juicio, esa iniciativa debe encararse “sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno”.

Entre los acápites cuestionados están el 137 y 205 rechazados por los transportistas y los médicos, respectivamente. Ambos artículos están en trámite de derogación por pedido expreso del presidente Evo Morales.

Algunos bloques del transporte mantienen sus protestas, mientras los galenos levantaron su huelga indefinida el lunes a 47 días de activada la medida de presión.

Además, la Iglesia cuestiona los artículos 209, 293 y 294 por considerar que “criminaliza el derecho a la protestas”. Los dos últimos acápites serán revisados por el Legislativo, también a pedido del mandatario.

A ellos se suman los puntos 21 y 106 que “pone entredicho la libertad de expresión y pensamiento”; el 245 y 246 que “introduce un control inaceptable de las redes sociales”; y, sobre todo, el 157 “que plantea la exclusión del delito del aborto en causales tan genéricas”.

La Conferencia Episcopal lamentó que se haya incorporado ese aspecto “en total desconocimiento de las miles de firmas entregadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional y de las numerosas manifestaciones a favor del derecho a la vida en distintas ciudades del país”.

También apunta al artículo 88, parágrafo primero, numeral 11 que se refiere al delito de trata relacionado con el reclutamiento de personas para organizaciones religiosas o de culto “cuya ambigüedad manifiesta atenta claramente contra la libertad religiosa”.

“La lista de artículos cuestionables podría ser mucho más larga, pero los ejemplos citados sirven para calificarlo como un código hecho a la medida de los intereses del poder y no de los del pueblo”, reseña el comunicado.

Las protestas que buscan la abrogación de la Ley 1005 promulgada el 15 de diciembre de 2017 persisten en varios frentes y regiones del país. Con ese fin, este martes se reforzó la huelga de un grupo de legisladores opositores. El Gobierno denunció que sus detractores solapan un afán de desestabilización.

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