EL FUTURO,… Según Maduro

ILUSTRACIÓN: Matteo Bertelli

 

ESTAMOS A LAS PUERTAS (formalmente) de un tiempo de persecución política de la “disidencia”, pero disfrazada de lucha contra el delito.

NO QUEDA CLARO ÉSO DE “ODIO INCUBADO”  y mucho menos sobre cómo nos vamos a vacunar de él. Inmediatamente se piensa en el apartheid, en el campo de concentración y las cámaras de gas

LOS 8 “OBJETIVOS” TODOS CÍNICOS

 

EL FUTURO SEGÚN LA NUEVA CONSTITUYENTE

 

JUAN ANDRÉS QUINTERO s.j. / SIC.- Con la publicación del Decreto donde el presidente Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es posible tener, al fin, algunos elementos para intentar dilucidar hacia dónde parece que nos estamos encaminando.

En este sentido, haré unas breves consideraciones sobre los “objetivos programáticos” que están detallados en el Decreto, ya que estos evidencian las intenciones y propósitos finales del gobierno nacional.

Estas consideraciones serán hechas al margen del debate sobre la constitucionalidad o no del Decreto y los modos para nombrar a la ANC.

Se trata, pues, de un simple ejercicio especulativo que estará condicionado a los resultados finales de la Comisión Presidencial y de la ANC encargada de redactar la nueva Constitución que, por demás, llevará el peso de sustituir a aquella que fue considerada como “la mejor Constitución del mundo”.

El primer objetivo comienza apelando a la paz, pero no entraré a considerar directamente este punto que, como bien dice, es un derecho y un anhelo. Lo que sí llama la atención es aquello de reorganizar al Estado para que se recupere el principio constitucional de cooperación entre poderes públicos.

Así, la referencia más inmediata a este principio de colaboración (tergiversado) se dio cuando el TSJ, en complicidad con los otros Poderes Públicos, anuló las competencias de la nueva AN a través de diversas sentencias, negándose descaradamente a respetar la voluntad de 14 millones de venezolanos que eligieron a los diputados de manera directa, secreta y universal.

El gobierno entiende que “colaboración” es acatar sin miramientos la voluntad de Uno, cualquier disentimiento es contrario al funcionamiento de los Poderes.

Esto se confirma cuando señala que la reorganización busca definitivamente superar el actual clima de impunidad que vive el país.

Es decir, hay “impunidad” cuando no se respeta esa voluntad máxima que responde a la línea gubernamental y partidista.

Nos podemos imaginar que el gobierno pretende hacerse de nuevo con el control total y absoluto de los Poderes Públicos, y ello solo se puede lograr eliminando a la Asamblea Nacional tal cual la conocemos hoy y, de coletazo, hacer lo propio con algunos altos funcionarios dentro de la Fiscalía y el TSJ.

El segundo objetivo es de los más interesantes. Si el anterior mostraba visceralidad y venganza frente a los ámbitos de poder que se sienten perdidos y se quieren recuperar; aquí creo que se muestra al gobierno en su más cruda necesidad: la económica.

Se dice que el camino hacia la Venezuela Potencia (que luego de 18 años no termina de llegar), necesita concebir un nuevo modelo de economía, léase bien: post petrolera, mixta, productiva, entre otros apelativos, a partir de la creación de nuevos instrumentos que dinamicen el desarrollo de las fuerzas productivas. Véase que no dice expresamente post rentista, todo indica que se quiere conservar la dependencia a una renta (por ejemplo minera: Arco Minero del Orinoco), porque allí se obtiene dinero efectivo de manera inmediata, para ser utilizado de la misma forma que se ha hecho, a lo largo de todos estos años, con la renta petrolera.

Todo parece cuadrar: sin la actual Asamblea y con un nuevo cuerpo legislativo hecho a la medida de sus necesidades (o sin él), es seguro que el presidente podrá suscribir los contratos y convenios internacionales que guste, constituyendo así empresas mixtas con diversos países o corporaciones para lograr obtener una tajada de la inversión y disponer de oxígeno económico.

El objetivo cierra con un reconocimiento al fracaso en materia de abastecimiento cuando señala que se debe buscar crear, además, un nuevo modelo de distribución transparente que satisfaga las necesidades de abastecimiento de la población.

No se comprende muy bien. Si tomamos en cuenta que la distribución está totalmente controlada por el propio gobierno, recordemos que, además, hay militares encargados de áreas de distribución y productos específicos, ¿a qué se refieren con este nuevo modelo?, ¿están aceptando que han fallado?, ¿será que hasta ahora se han regido más por criterios “trasparentes” y quieren definitivamente ser más transparentes en su gestión?

El tercer (y el quinto) objetivo se pueden sintetizar como la concreción constitucional del Plan de la Patria, de tal manera que las misiones obtengan el rango constitucional (aunque nada garantice que no se quede como letra muerta); además, se agrega definitivamente el término “socialista”, una pretensión que viene desde el proyecto de reforma constitucional de Chávez en el 2007; y finalmente, se hace alusión expresa a que todo esto está inspirado en la herencia y voluntad del máximo líder de la revolución, que nos ha traído hasta aquí.

El cuarto objetivo trata de la ampliación de las competencias para el sistema de justicia, allí se vuelve a insistir en el tema de la impunidad y el trabajo por erradicarla, combatiendo específicamente aquellos delitos que se cometen contra las personas: homicidios, secuestro, extorsión, es decir, el día a día del venezolano. Y se agrega, además, otros delitos que van en la línea del nuevo Estado que se quiere imponer y asegurar, es decir, los delitos contra la Patria y la sociedad, entre los que se destacan: corrupción, contrabando, especulación, terrorismo, narcotráfico, promoción del odio social y la injerencia extranjera.

No creo que sea exagerado decir que estamos a las puertas (formalmente) de un tiempo de persecución política de la “disidencia”, pero disfrazada de lucha contra el delito. Por otra parte, no utilicé el término “oposición” sino “disidencia”, ya que, el primero, es aquel que puede hacer de contraparte y es indispensable en todo sistema democrático; mientras que, el segundo, se refiere a aquellos que “estorban”, que impiden alcanzar el orden hegemónico que el gobierno pretende consolidar.

Es decir, estamos frente a la lógica del amigo-enemigo, o lo que es igual, el criterio de inclusión-exclusión, de tal suerte que se pueda decir que: “los que quieran patria, vengan conmigo”, y los que no, les depara el ostracismo para adosarles la cuartilla de que son contrabandistas, terroristas y traidores. En caso que exista “oposición” ésta será manipulada, creada a la medida de las necesidades gubernamentales, una simple mampara que haga pensar que “aquí somos plurales, aquí respetamos a todos”. Ello, por supuesto, justificado y juridificado bajo un orden normativo que lo permita, por lo que si el Estado cumple con aquello que está en sus normas, se pueda decir con toda calma que “aquí hay Estado de Derecho”. Es un modo macabro de entender la política y el derecho.

El sexto objetivo nos recuerda que desde hace ya unos años se instaló el lenguaje de que somos un país a merced de las potencias extranjeras. Sobre esto se insiste y se convierte en un medio que justifica que el Estado deba ampliar sus poderes y protegernos de los malignos enemigos. Es el discurso de la soberanía y el enfrentamiento latente con el intervencionista extranjero, allí entran organismos internacionales, e incluso, propios venezolanos a los que se les imputa una conducta anti patriótica que justifica la persecución en su contra.

El séptimo objetivo es interesante por lo estremecedor. Se nos dice, por un lado, que se buscará reivindicar el carácter pluricultural de la Patria, muy certero por demás. Pero, por el otro lado, se afirma que esta reivindicación permitirá desarrollar los valores espirituales para reconocernos como venezolanos y venezolanas, eso sí, vacunándonos contra el odio social y racial incubado en una minoría de la sociedad.

No queda claro éso de “odio incubado”  y mucho menos sobre cómo nos vamos a vacunar de él. Inmediatamente se piensa en el apartheid, en el campo de concentración y las cámaras de gas, en torturas y asesinatos políticos, en fin, en la violencia y la muerte como medio para conseguir un fin.

Se insiste, y es alarmante, sobre todo si quien lo dice es alguien que se siente como una “mayoría” con poder, frente a otro que es “minoría”. Es como la relación zapato-hormiga, ya sabemos dónde termina el zapato y cómo queda la hormiga. En fin, este objetivo, que comienza con una loable imagen, termina de colorearse con aquello que expresó G. Orwell en su Rebelión en la Granja: Todos los animales somos iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.

Es irónico que, luego de toda esta retahíla de objetivos, aún quede algo en pie, y se opte por dedicárselo a la juventud, nuestra juventud, quienes son garantía de futuro. Con la promesa de incluirlos como un capítulo dentro de la nueva Constitución, se enuncian una serie de derechos que les serán reconocidos: uso libre de las tecnologías de información, trabajo digno y liberador, protección de las madres jóvenes, primera vivienda, reconocimiento a la diversidad de gustos, pensamientos estilos.

Pero de la ironía se llega al cinismo, ya que, es precisamente la juventud venezolana quien ha sufrido con creces la violencia y desatención de estos últimos años, pero que, además, bajo esa falacia del “hombre nuevo” se hizo minar los modelos sociales instalando otros donde la vida es relativa, donde vale más estar en una banda criminal, en un grupo paramilitar o portar un arma, que estudiar. Para muchos jóvenes el futuro se apaga muy rápido, mientras otros deciden dejarlo todo para ir a probar suerte entre otras fronteras. Y, para aquellos que se quedan, esperemos que se incluya explícitamente el derecho de regresar con vida a sus casas.

El último objetivo pretende proteger nuestra biodiversidad así como desarrollar una cultura ecológica, y en síntesis, preservar la vida en el planeta. Esto tal vez sea un intento por maquillar y matizar todo lo anterior, un ejercicio de distracción que nos haga pensar en la buena voluntad que subyace en el Decreto. Pero hay muchos elementos que nos hacen pensar lo contrario. Es decir, se quiere insistir en que la mejor forma de solventar la crisis que vivimos es con mayor poder a quien ya dispone de él, afianzando a su vez las divisiones y generando mayor conflicto y segregación. Estamos lejos de un discurso convocante e integrador. Para el gobierno se trata de un momento límite, es su lucha por el todo o nada.

 

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